¿Se ha avanzado en la lucha contra la esclavitud en Asia?
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Trabajadores tailandeses de la industria pesquera, sometida a escrutinio por la UE bajo sospechas de tener a los trabajadores con condiciones de esclavitud en Tailandia, Asia. (Paula Bronstein/ Getty Images )
El continente asiático es el que tiene un mayor número de esclavos y miles de personas son víctimas de redes de trata de personas. En 2015, varios países de Asia prometieron tomar medidas. Pero ¿qué han hecho?
La esclavitud moderna tiene mucho de asiático. La región más poblada del mundo es también la que tiene un mayor número de esclavos y las redes de trata de personas apenas encuentran obstáculos en la mayor parte de los países del continente. Los escándalos sobre esclavos en fábricas y barcos se suceden y muchos de los países de la región son bien conocidos por su florecientes burdeles llenos de mujeres a menudo víctimas de tráfico.
Asia, sin embargo, lleva tiempo prometiendo acciones concretas contra la trata de personas. Las promesas se han renovado con especial fuerza durante el último año, después de que se descubrieran en el sur de Tailandia varias fosas comunes con los cuerpos de una treintena de inmigrantes traficados. El hallazgo puso en evidencia las florecientes redes de trata de personas que recorren buena parte del continente – desde el sur de Asia atravesando el Sureste Asiático –, y los gobiernos de los países implicados – fundamentalmente Tailandia, Malasia, Indonesia, Birmania y Bangladesh- recibieron un aluvión de críticas.
Los esfuerzos realizados desde entonces han sembrado, sin embargo, el escepticismo y los datos no llaman al optimismo. Así, según el Global Slavery Index, recientemente publicado, el número de esclavos en la región pasó de los 23,6 millones de personas en 2014 a 30,4 millones en 2016. “El incremento es probable que se deba a una mejora en las métricas, no necesariamente a que haya incrementado el número de personas en condiciones de esclavitud”, dice Matthew Friedman, experto en trata de personas y director ejecutivo del Mekong Club. “Pero lo cierto es que tampoco estamos marcando la diferencia para acabar con el problema”, continúa.
Tailandia, centro de la controversia sobre la trata durante los últimos años, ha sido el Gobierno que ha anunciado un mayor número de reformas. Más allá de su imagen internacional, están en juego sus exportaciones a Europa y Estados Unidos después de que Bruselas impusiera a la industria pesquera del país asiático una tarjeta amarilla – previa a la tarjeta roja que supone una prohibición de las importaciones a Europa – y que Estados Unidos degradara hace dos años la calificación de Tailandia en su informe anual sobre tráfico de personas a la categoría más baja, reservada a países que no hacen esfuerzos para luchar contra la trata. “La mayor parte de las mejoras en Tailandia se refieren a políticas o aspectos legales”, dice Phil Robertson, director para Asia de Human Rights Watch. El mismo Gobierno tailandés, controlado desde mayo de 2014 por una Junta Militar, recalca que se ha creado un nuevo tribunal para acelerar los casos sobre trata, que se han aprobado nuevas leyes para controlar mejor los barcos pesqueros y que se ha comenzado a llevar ante la justicia a los oficiales relacionados con las redes. “Esto no lo hacemos porque haya una tarjeta amarilla u otras amenazas de países. Lo hacemos porque realmente queremos resolver el problema”, asegura Angkana Homhual, del Departamento de Lucha contra la Trata.
Las nuevas medidas han convencido, sin embargo, a Estados Unidos, que acaba de publicar su nuevo informe sobre tráfico de personas, mejorando la puntuación de Tailandia. Robertson afirma, sin embargo, que a pesar del cambio en el marco legislativo, la realidad sobre el terreno apenas ha mejorado. “El problema fundamental es el fracaso en la implementación efectiva de leyes y políticas y en el control de la policía y otros oficiales corruptos que son cómplices del tráfico de personas. […] Hasta que la policía no cambie, el problema va a persistir”, asegura el analista. Friedman coincide en que los gobiernos son demasiado tímidos en sus políticas. “Cuando pasó el tsunami [del Oceáno Índico en 2004] el Gobierno tailandés actuó de forma muy efectiva en un corto periodo de tiempo”, asegura Friedman. “No quiero decir que Tailandia no ha hecho nada, pero sólo se han dado pequeños pasos y se necesitan pasos grandes”.
Otros países de la región también son seguidos con lupa. Malasia, vecino de Tailandia, recibió una mejora en la valoración en el Informe sobre Tráfico de Personas el año pasado y dejó la posición más baja para adquirir una de “país en observación”. La clasificación del Departamento de Trabajo estadounidense fue, sin embargo, interpretada por muchos como una decisión política para permitir que Malasia no entorpeciera las negociaciones del Tratado Transpacífico, que serían más lentas si alguno de los miembros era considerado como país con trata de personas. Indonesia, otro de los hervideros de la trata, ha liberado a miles de víctimas de las redes después de que una investigación de la agencia Associated Press marcara a las islas de Ambon y Benjina como centros del tráfico de personas en la industria pesquera. Pero en ambos países han seguido apareciendo víctimas y nutridas redes de trata de personas durante los últimos meses.
Birmania y Papua Nueva Guinea son, por su parte, las nuevas ovejas negras de la región y ambos han sido degradados a la peor posición en la valoración realizada por Estados Unidos – un puesto que ocupan con otros 25 países – por su falta de compromiso en la lucha contra la trata.
Los rohingyas, en el centro de la crisis
En los barcos que vagaron durante días a la deriva el año pasado, los pasajeros procedían, en su mayoría, de una región muy concreta: la franja que separa Birmania y Bangladesh. Muchos eran inmigrantes bangladesíes que buscaban un mejor futuro, aunque un buen grueso pertenecían a la etnia rohingyas, una minoría que reside mayoritariamente en Birmania occidental y cuya ciudadanía fue retirada en los 80. Desde entonces, son considerados por el Gobierno como inmigrantes bangladesíes ilegales y son ahora una etnia apátrida, cuyos movimientos están restringidos y que se enfrenta periódicamente a episodios de violencia por parte de la mayoría budista.
Los rohingyas, en el centro de la crisis
En los barcos que vagaron durante días a la deriva el año pasado, los pasajeros procedían, en su mayoría, de una región muy concreta: la franja que separa Birmania y Bangladesh. Muchos eran inmigrantes bangladesíes que buscaban un mejor futuro, aunque un buen grueso pertenecían a la etnia rohingyas, una minoría que reside mayoritariamente en Birmania occidental y cuya ciudadanía fue retirada en los 80. Desde entonces, son considerados por el Gobierno como inmigrantes bangladesíes ilegales y son ahora una etnia apátrida, cuyos movimientos están restringidos y que se enfrenta periódicamente a episodios de violencia por parte de la mayoría budista.
Con la crisis del año pasado, los países asiáticos se enfrentaron así no sólo a una emergencia humanitaria, sino también política, por el estatus que los gobiernos de acogida debían conceder a los rohingyas. Birmania se ha cerrado en banda y ha pedido no sólo que se les considere como inmigrantes económicos y no como demandantes de asilo, sino que se evite utilizar el mismo término rohingya. Por otra parte, ninguno de los países de destino, Tailandia, Malasia o Indonesia, han firmado la Convención del Refugiado que reconoce los derechos de los demandantes de asilo, por lo que a menudo se ven expuestos a arrestos aunque Naciones Unidas los reconozca como demandantes de asilo o como refugiados. “No todo [el debate] es sobre trata de personas. Uno de los problemas fundamentales es que no se permite pedir asilo político”, asegura Chris Lewa, fundadora del Proyecto Arakan, una de las organizaciones que más tiempo lleva trabajando con los rohingyas. Según Lewa, las condiciones de miseria y opresión que llevaron a los rohingyas a lanzarse en botes al Oceáno Índico siguen existiendo y que el estado Arakan, donde se concentran, es una olla a presión a la que se le ha bloqueado la válvula. “Ahora ya no salen barcos porque hay un mayor control y no es posible. Pero las condiciones para los rohingyas no han mejorado. Ahora mismo están atrapados”, continúa Lewa.
La lucha contra la trata no era, sin embargo, una tarea nueva para Asia. En 2002 se lanzó el llamado Proceso de Bali, un foro de discusión política creado para luchar contra el tráfico de personas, la trata y otros crímenes transnacionales relacionados. En él participan 45 países, la mayoría asiáticos, y varias agencias de Naciones Unidas. Pero la crisis del año pasado puso en evidencia que el foro ha sido poco efectivo y los principales países afectados tardaron semanas en actuar. “Como vimos en mayo de 2015, el Proceso de Bali fue incapaz de dar respuesta a los movimientos migratorios irregulares en el Mar de Andamán y la Bahía de Bengala,” dijo a la prensa la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia el pasado mes de marzo.
Ignorar las causas primarias del tráfico de personas, como la pobreza, la opresión, los conflictos o la represión política, y no atajar el problema de raíz puede tener, sin embargo, consecuencias nefastas para la región, afirma Matthew Friedman del Mekong Club “El tráfico de personas es como una ola lenta”, asegura el experto en referencia al tsunami de 2004. “No tiene tantas víctimas en el corto plazo, pero a largo plazo es igual de destructivo”.
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