El plan saudí Visión 2030: ¿será esta la buena?
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El príncipe saudí Mohamed bin Salman, quien se encarga de implementar el plan Visión 2030, en una cumbre en Riad. Fayed Nureldine/AFP/Getty Images
La reforma económica del reino para acabar con la dependencia del petróleo, entre otros objetivos, podría implicar no solo un enfoque tecnocrático sino también la necesidad de abordar cambios políticos.
Arabia Saudí presentó en el pasado abril un programa de reforma económica, basado en la diversificación, la privatización y la inversión, para hacer frente a los bajos precios del crudo de los últimos años. Ya en enero, en Davos, Khalid al Falih, entonces ministro de Sanidad y que hoy ocupa la cartera de Energía, presagiaba que el petróleo por debajo de 30 dólares el barril ayudaría a estimular la reforma y restructuración de la economía hacia un Gobierno más pequeño y efectivo y un sector privado más destacado.
El nuevo plan, Saudi Vision 2030, y el más detallado Plan de Transformación Nacional que lo acompaña (publicado en junio), comprenden ambiciosos objetivos nos solo económicos sino también en términos de gobernanza, con una aparente apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, bajo un enfoque tecnocrático de gestión de proyectos. Lo que no está tan claro es por qué esta vez funcionará cuando anteriores planes de desarrollo y esfuerzos por diversificar han fracasado.
Económicamente se pretende hacer del sector privado el motor de crecimiento y así reducir la dependencia en el gasto estatal. Para ello se propone un programa neoliberal de privatización de varios sectores económicos con el objetivo de incrementar los ingresos no procedentes del crudo. El plan incluye objetivos específicos como incrementar el sector privado del 45% a 60% del PIB, conseguir que las exportaciones no petrolíferas representen un 50% del PIB en 2030 y que la producción del gasto militar sea más del 50% local en 2030. Además se procederá a la venta del 5% de Aramco (la empresa estatal de petróleo y gas) en 2018 y la recaudación será destinada al Fondo de Inversión Privado con la idea de transformarlo en un fondo de inversión soberano que se estima tendrá un valor de 2 billones de dólares. El imperativo es diversificar y reducir el papel estatal, tanto en términos de inversión como de gasto público y de provisión de empleo. El problema es que la economía, incluyendo el sector privado, depende estructuralmente del Estado. De hecho, algunas empresas que viven de contratos con el Estado, ya han sufrido el impacto de la deceleración en la asignación de proyectos y pagos, y están atrasando el pago de salarios.
La reforma del mercado laboral, y la creación de empleo en el sector privado, serán factores clave a la hora de implementar la Visión 2030. Los objetivos marcados incluyen reducir el desempleo del 11,6% al 7% en 2030 y crear 450.000 puestos en el ámbito privado en 2020, incluyendo para mujeres, a través de la expansión de sectores no petrolíferos como el minero, la sanidad o el turismo. Al mismo tiempo, reconociendo la insostenibilidad del inflado sector público con el que tradicionalmente se ha subvencionado los ingresos de la población nacional, se pretende reducir la administración en un 20%. Como señala Steffen Hertog, se trata de una reducción de empleo público sin precedentes en un momento en que el mercado laboral del sector privado está sufriendo las consecuencias de los bajos precios del petróleo. La intención es reducir el importe de salarios públicos, que hoy en día acapara el 45% del gasto gubernamental a un 40% del gasto publico (internacionalmente ese porcentaje está alrededor del 15%).
Para ello el reino tendrá que reformar las leyes y costumbres que han creado un mercado laboral tan distorsionado. La facilidad de acceder a trabajos bien remunerados en el sector público ha disuadido durante décadas a los jóvenes de buscar trabajo en el ámbito privado, donde la jornada laboral es mucho más larga y las prestaciones menores. Como consecuencia, los expatriados (que representan la tercera parte de la población saudí de 30 millones) ocupan un 85% de los puestos del sector privado. En 2011 el Gobierno comenzó unas reformas laborales para incrementar la contratación por parte del sector privado de trabajadores saudíes (en parte para impedir el tipo de insatisfacción que desembocó en levantamientos en otros países árabes). El programa nitaqat establecía cuotas mínimas de trabajadores locales y penalizaciones e incentivos para su contratación. El número de saudíes empleados por el sector privado incrementó de 681.481 en 2009 a 1,5 millones a finales de 2013. El índice de saudización por tanto aumentó de un 9,9% a un 15,2% durante ese periodo. En 2015 se aprobaron enmiendas a la ley laboral que limitaban las horas de trabajo (para aproximarlas a las del sector público) y hacían algunas modificaciones al sistema nitaqat, incluyendo a las cuotas de contratación local (por ejemplo de un 7% en la construcción, 50% en seguros y 90% en banca).
La saudizacion o nacionalización del mercado laboral forma parte de la retórica del Gobierno desde hace 20 años, pero el problema no se solventará simplemente con la imposición de cuotas. Además estos programas suponen un elevado coste tanto para el Estado como para las empresas privadas. A través del Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos, el Gobierno gasta millones de riales subvencionando la contratación de empleados saudíes y los cursos de formación que requieren. Por su parte, las empresas perciben las cuotas como un impuesto sobre sus operaciones y se quejan de la dificultad de encontrar nacionales con las cualificaciones necesarias y de retenerlos una vez contratados. La realidad es que los saudíes se han acostumbrado a las condiciones mas laxas del sector público y lo que se requiere es un cambio de orden cultural, además de reformas educativas, una mejor gestión de recursos humanos y la normalización de los inflados salarios públicos.
En última instancia la viabilidad de la reforma económica estará ligada a su viabilidad política y es posible que el régimen esté sobreestimando el poder de maniobra que tiene para hacer cambios económicos sin acompañarlos con transformaciones políticas. Aunque es verdad que algunos recortes en subsidios han sido mejor recibidos de lo que se esperaba, llamamientos nacionalistas serán insuficientes si se producen recortes en prestaciones clave, como el empleo en el sector público. Una cuestión importante por tanto será como se compensa a los que pierdan su empleo en el ámbito público. El miedo a la inestabilidad regional puede que haya facilitado la aceptación de algunas políticas pero hay límites a las medidas que se pueden implementar sin que conlleven llamamientos por parte de la población a una mayor participación política. Además, la visión del príncipe Mohamed bin Salman de una burocracia más pequeña y meritocrática y un mayor papel para el sector privado afectará los intereses económicos de la familia real y la elite mercantil, y probablemente acarree resistencia. De igual manera el énfasis del plan sobre el desarrollo del capital humano y los necesarios cambios educativos que ello implica afectarán a la clase religiosa que tradicionalmente se ha ocupado de este sector, y que quizá se resista a cambios en el corte religioso de la educación o a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral.
Mohamed bin Salman parece creer que puede utilizar un enfoque tecnocrático para reformar la economía y al mismo tiempo esquivar las fastidiosas implicaciones políticas. También parece convencido de poder propagar una imagen de transparencia y rendición de cuentas mientras que concentra en su figura todo el poder y gobierna por decreto. Pero no siempre se puede tener todo.
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