Fraude en el Providencial: Más de 800 millones en activos inexistentes

Por Servicios de Acento.com.do. 12 de septiembre de 2016 - 6:00 am -  Deja tus comentarios

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En posteriores resoluciones de la Junta Monetaria se detallan todos los pasos que hicieron posible transformar el hoyo financiero de RD$800 millones del Banco Providencial en una nueva entidad que operará como banco múltiple

¿La cruzada contra los banqueros Hernández Bona?

Los dueños del Banco Providencial, imputados por captaciones ilegales de depósitos a través de una inmobiliaria de su propiedad, han declarado ser inocentes de este cargo.  Alegan que es otro ardid para ocultar el doble despojo contra ellos perpetrado por autoridades supervisoras y monetarias en contubernio con inversionistas extranjeros.  Han sido expropiados de su entidad bancaria y su patrimonio familiar. 

Los propietarios dijeron a las autoridades que el banco estaba funcionando de manera ejemplar, que pasaba por una turbulencia pasajera con un fuselaje resistente.  El Banco Providencial era la piedra angular de su emporio financiero comercial, que incluía compañías de envío de remesas, guardianes, transporte de valores, inmobiliarias y alianzas estratégicas para el cambio de divisas en todo el territorio nacional.  A través de estas empresas se daban  múltiples servicios financieros de calidad a su clientela local e internacional, y recibían dividendos con los que fueron aumentando poco a poco su patrimonio familiar, hoy saqueado por quienes en su momento rendirán cuentas a la justicia.

Todo lo contrario a esta historia de un éxito financiero privado que provocó la gula expropiatoria de autoridades y capital foráneo, se desprende de las resoluciones de la Junta Monetaria.  La iliquidez y solvencia de la entidad financiera y sus empresas vinculadas se determina o evidencia por diversas vías:

a) La inspección realizada por un equipo especial de la Superintendencia de Bancos, dirigida por un veedor y técnicos con plenos poderes operar dentro de las instalaciones del banco;

b) Los indicios de problemas relatados en la segunda auditoría externa que tuvo que contratar el Banco Providencial, al ser rechazada por la entidad supervisora por deficiente la del año 2014.

c) La frecuencia de las multas por deficiencia de encaje legal desde diciembre 2015, ilógicas en una entidad que en los balances diarios reportados a las autoridades, los “analíticos”, indicaba tener efectivo en su bóveda por montos superiores al faltante;

d) La propia confesión de los miembros de la familia Hernández Bona a las autoridades de que habían alterado los estados financieros; que la liquidez reportada no existía, ni en el banco ni en vinculadas; y que este vicio lo mantenían oculto para evitar sanciones o intervención de las autoridades y mantener interés de potenciales compradores extranjeros.

e) La auditoría externa que los potenciales compradores del banco habían realizado durante el proceso de debida diligencia.  Esta fue requerida por las autoridades para confirmar su estimación de un hoyo financiero por unos RD$800 millones y luego de que la familia Hernández Bona  confesara sus delitos financieros  y mala fe para invitar a negociaciones de venta sin revelar vicios ocultos,  tal vez con la esperanza de poder ser ellos ahora, cinco siglos después, los que vendieran espejitos criollos por oro importado.

¿En bóveda o caleta?

El primer misterio que las autoridades buscan resolver cuando toman control de las operaciones del banco, es el destino del dinero.  No se encontraron RD$314 millones que sus estados contables indicaban estaban en su bóveda, en las cajas de sus agencias de cambio o a la espera de recibirlos de su propia empresa de remesas.   

Antes, los condescendientes y comprensivos auditores externos contratados por el Banco Providencial para revisar los años 2014 y 2015, habían advertido que los estados financieros indicaban liquidez en caja por RD$51 millones, pero que no pudieron hacer un arqueo en la bóveda para contarlos.  Es decir, se pararon frente a la bóveda y se la imaginaron llena de dinero,  en billetes de diversas denominaciones, como se ve en las películas de asaltos a bancos.  Tampoco se trasladaron para una verificación in situ a los agentes de cambio que dieron juramento de contar con RD$147 millones en efectivo del Banco Providencial.  Es que los auditores son autónomos en su discernimiento para otorgar fe pública. 

La sede principal ofreció la oportunidad de recibir de inmediato la confirmación de la versión familiar de que una empresa relacionada, su remesadora, tenía depósitos en tránsito propiedad del Providencial por RD$116 millones.  Fue suficiente moverse de la oficina del Hernández Bona, que aseguraba esa suma es un activo del Providencial, a la del otro Hernández Bona, que confirma ese mismo monto  es un pasivo de Herbon Envíos.  El mismo proceso se hizo para la confirmación con ellos el monto de las cuenta por cobrar, un autofiao familiar cercano a RD$500 millones, que los auditores externos simplemente explican luce de tipo recurrente, sin dar el paso más al que de seguro debe obligar  normas de auditoría.

¿Dónde estaba el dinero? De acuerdo a la Tercera Resolución los dueños del Banco Providencial admitieron que no existía. También que no valía nada la cuenta por cobrar por casi RD$500 millones a Herbon Envíos.  En resumen, aproximadamente RD$800 millones de activos inexistentes podían estar abultando los estados del Banco Providencial.

Los Hernández Bona admitieron a las autoridades la falsedad de la contabilidad, que habían perdido todo ese dinero en operaciones de divisas y que las pérdidas las ocultaron en los balances “para no perjudicar el proceso de venta de la misma.”   No estaban en una caleta, en cuentas numeradas de paraíso fiscal, simplemente se perdieron por gajes del oficio, el riesgo e incertidumbre que tiene que enfrentar todo emprendedor de éxito.  ¡La historia financiera me absolverá! Se estaba ante una situación reversible con el apoyo de quienes traerían capital fresco.  Estos, al final del día, iban agradecer que al inicio se le mantuvieran ocultos los detalles de este problema efímero de solvencia y liquidez, que les hubiese tal vez impedido valorar a plenitud la bonanza de la transacción.

El intento de estafa a inversionistas

El inicio de esos contactos con inversionistas que ya estaban en el proceso de constitución de un banco múltiple, ocurre el 15 de marzo 2016 cuando se comunica a la Superintendencia de Bancos un acuerdo de intención para el traspaso de acciones. El mismo día que Aquiles Hernández Bona, Presidente del Banco Providencial, remite esa carta al Superintendente, recibe otra del Gerente del Banco Central informando de una multa por deficiencia de encaje.   El Banco de Ahorro y Crédito líder del sector en la categoría de disponibilidades, cerró en diciembre 2014 y 2015 con desencajes, como muestra el  informe de auditoría externa.  Esta grave situación ellos no tuvieron que verificarla presentándose al Banco Central a chequear entradas y salidas, para detectar algún error. Simplemente es remota esa posibilidad en una cuenta que los movimientos se hacen en tiempo real.  En febrero, los estados de la Superintendencia de Bancos, reflejan que cerró con desencaje y es probable existan más sanciones por este concepto  durante las dos semanas previas a la fecha de esas cartas. 

Los Hernández Oleaga y Hernández Bona

Deficiencias recurrentes de encaje es alerta por excelencia de la crisis de liquidez de una entidad. No hay que valerse de correveidiles o un auditor forense para detectarla.  El Banco Providencial  estaba en la mira de las autoridades supervisoras desde el 2014, como se explicó en el primer artículo de esta serie, y ahora presentaba problemas para cumplir con el mínimo requerido para el encaje legal.  Las autoridades se vieron precisadas a determinar la magnitud real del problema al manifestarse desencajes no explicados por retiros significativos de depósitos, y así lo hacen al armar el balance general al 31 de marzo 2016.

Para esa fecha, la Tercera Resolución presenta un balance con un financiamiento interbancario del Banco de Reservas por RD$25 millones, obtenido para completar el requerido de encaje legal. Un veedor de la Superintendencia de Bancos fue nombrado para verificar todas las operaciones y realizar levantamientos de información y procesos para explicar y cuantificar esta fuga de activos y liquidez. El acuerdo de intención con los accionistas iba a continuar con la condición de poner un depósito en firme para sostener las operaciones, computable a un precio futuro de concretarse el acuerdo de venta o reembolsable. Estos aceptan, invierten US$750 mil y, al mismo tiempo, contratan una compañía de auditores para que los acompañe en la debida diligencia, mientras los inspectores de la Superintendencia de Bancos hacían sus propias investigaciones. Todos trabajando por su cuenta y de forma independiente, en la misma escena del crimen financiero y en presencia de los administradores sospechosos, a quienes se les pedía información sobre las operaciones se iban auditando.   

Hallazgos del veedor y confesión de culpa

Es la Superintendencia de Bancos que determina la magnitud inicial de los ajustes por RD$756.7 millones que había que hacer al Balance General.  Es entonces cuando  enfrenta a la administración para dar explicaciones sobre la desaparición de la liquidez y la cuenta incobrable con empresa vinculada. Sus argumentos no convencen, terminan admitiendo su responsabilidad en falsear contabilidad para embaucar autoridades y potenciales compradores, al tiempo que revelan contar con propiedades por valor de US$3.2 millones para resolver parte del problema y pasar a ser parte de la solución. 

Las autoridades les dicen que el hoyo financiero es cinco veces ese valor, se insiste en que revelen el destino de los fondos disipados, pero alegan que no tenían nada más, que estaban entregando en gesto de buena voluntad y desprendimiento humilde todo su patrimonio.  Es a esto que están llamando ahora un despojo, convencidos de que ésta contribución voluntaria permitiría los tomaran en cuenta en la conformación de una nueva entidad, como accionistas, administradores o miembros del consejo. Pero se sienten tratados como moros en tiempos de cruzadas.

Al ver las autoridades que con los exiguos aportes de la familia Hernández Bona no era posible pagar a los depositantes y a los bancos con acreencias sobre el Providencial, se deciden por activar el Programa Excepcional de Prevención de Riesgo Sistémico. Con éste podían tener liquidez inmediata de fondos ya constituidos por el mismo sector bancario para usar en esas situaciones de riesgo, más la que se podía conseguir de participantes interesados en adquirir la pequeña cartera de crédito y los inmuebles donde opera el  banco, asumir los pasivos por depósitos y financiamientos  e invertir el patrimonio requerido para mantener en marcha la entidad.

En posteriores resoluciones de la Junta Monetaria se detallan todos los pasos que hicieron posible transformar el hoyo financiero de RD$800 millones del Banco Providencial en una nueva entidad que operará como banco múltiple, en un proceso transparente y con  aporte sustancial de recursos por accionistas privados.

Hernández Bona vs Autoridades supervisoras

Hoy las autoridades supervisoras-monetarias y los inversionistas están siendo acusados por los Hernández Bona de haberse apandillado para destruir su Banco Providencial, entidad sólida y respetuosa de las normas, que era piedra angular de florecientes y diversos servicios financieros que ofrecían por compañías que sí estaban vinculadas o relacionadas, pero eficientes y respetuosas de las normativas. 

Alegan que la actual acusación que ellos reciben por captar depósitos vía una inmobiliaria es falsa y las medidas de prevención aplicadas contra ellos, abusivas. Por la inmobiliaria captaban fondos de inversionistas que estaban conscientes de los riesgos inherentes a este tipo de instrumento. También que éstos eran debidamente informados  de la no existencia de vínculos entre la inmobiliaria y el Banco Providencial, para que no se confundieran si se encontraban las firmas de las mismas personas en los cheques de beneficios a sus clientes.

Los cheques por intereses financieros se correspondían a depósitos o certificados en el Banco Providencial, a tasas fijas por plazo pactado y pagos mensuales;  los cheques por beneficios de inversión obedecían a los rendimientos  variables, sin monto o fecha fija para ser pagados. También sabían que el capital era a riesgo, sin garantía de restitución,  porque iban a estar correlacionados a los proyectos inmobiliarios de PropiHerbon o el futuro siempre incierto de toda compañía. 

La familia Hernández Bona ven su acusación y prisión preventiva como como parte de la cruzada binacional autoritaria y salvaje, local y foránea, emprendida contra ellos. Los inversionistas de riesgo de PropiHerbon han sido inducidos a presentar las demandas en que la Fiscalía basa su acusación de captación ilegal de fondos.  Esto es parte de una estrategia para distraer la atención sobre la acusación formal a las autoridades de violar sus propias normas para intervenir entidades. También de asociarse con capitalistas extranjeros para robarles su banco y patrimonio familiar. Esto lo van a probar en tribunales que van a fallar en su favor, restituir su patrimonio y la reputación injustamente mancillada por imputaciones falsas.