La Revolución Francesa

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La Revolución Francesa (1789-1799) ha sido tradicionalmente considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa: la Edad Contemporánea. Por este motivo puede aceptarse que, aunque cronológicamente el siglo XIX comenzase en 1801, históricamente se inició en 1789. Ciertamente, el estallido de la Revolución Francesa señala una línea divisoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos: en el Antiguo Régimen, anterior a la Revolución Francesa, el absolutismo monárquico regía una sociedad feudal; en el Nuevo Régimen surgido tras la misma, en cambio, reconocemos muchos de los rasgos que caracterizan la organización política y social del mundo contemporáneo.

La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) ha quedado 
como el suceso icónico de la Revolución Francesa

En el terreno político, la Revolución Francesa acabó con el sistema de monarquías absolutas que había prevalecido durante siglos en muchos países europeos. Dicho sistema político se basaba en el principio de que todos los poderes (el de promulgar las leyes -legislativo-, el de aplicarlas -ejecutivo-, y el de determinar si las leyes habían sido o no cumplidas -judicial-) residían en el rey. El monarca era fuente de todo poder por derecho divino; tal derecho era la base jurídica y filosófica de su soberanía.

La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes, de tal manera que el legislativo correspondería a una Asamblea o Parlamento; el poder ejecutivo seguiría residiendo en el rey y sus ministros, o en un gobierno en las repúblicas; y el judicial recaería en los tribunales de justicia, como poder técnico e independiente. En definitiva, la monarquía dejaría de existir o de ser absoluta para convertirse en un sistema político en que los distintos poderes servirían de contrapesos y se controlarían mutuamente. Se entendía, además, que la soberanía no procedía sino del pueblo, el cual delegaba el ejercicio del poder en gobernantes libremente elegidos en procesos electorales periódicos.

En el plano social, las consecuencias de la Revolución Francesa serían igualmente trascendentes. El Antiguo Régimen se había caracterizado por consolidar un tipo de organización social rígido y de carácter marcadamente estamental, en la que se habían consagrado dos grupos o estamentos inamovibles: el clero y la nobleza. Estos estamentos gozaban de una jurisdicción especial que les eximía de pagar impuestos, entre otros privilegios. El tercer estamento lo integraban los campesinos, que estaban obligados a sostener los gastos del Estado con el pago de tributos.

Pero no solamente campesinos, artesanos o siervos componían el tercer estamento; una nueva clase social dinámica y próspera, enriquecida mediante los negocios, el comercio y la industria, también pertenecía jurídicamente a aquel «tercer estado» carente de privilegios: la burguesía. Esta clase emergente aspiraba a que su ascenso y su poderío económico se reflejase en el ordenamiento político. De hecho, la Revolución Francesa y su más inmediato precedente, la independencia de los Estados Unidos, constituyen los primeros ejemplos de lo que los historiadores han llamado «revoluciones burguesas». En ambas, el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia anquilosada determinó una configuración social en concordancia con la mentalidad y los valores burgueses.

El carácter débil e indeciso de Luis XVI favoreció a los revolucionarios

De este modo, la Revolución Francesa creó una nueva sociedad cuya principal característica sería la eliminación de los privilegios y la proclamación de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, este ideal de igualdad se quedaría en el plano de lo teórico, ya que la nueva sociedad establecería un nuevo tipo de jerarquización entre los ciudadanos marcada no por el origen o la sangre, como antes, sino por la posesión de riquezas. Se pasó así de una sociedad estamental cerrada (se era noble por ser hijo de nobles, sin importar méritos o riquezas) a una sociedad abierta pero clasista (la nuestra), en que el dinero y los bienes materiales determinan la clase social. El resultado de la Revolución Francesa, en suma, sería la universalización del ideario burgués y la ascensión al poder de la misma burguesía, que sería la principal beneficiaria de los cambios.

La Revolución afectó a otros países además de Francia. Los gobernantes y la aristocracia de los países vecinos se convirtieron en sus mayores enemigos, y diversas monarquías europeas formaron coaliciones antifrancesas que tenían como objetivo acabar con el proceso revolucionario y restaurar el absolutismo. Pero la Revolución encontró apoyo en los campesinos, en los trabajadores de las ciudades y en las clases medias, y sus ideas penetraron en los estamentos no privilegiados de los restantes países europeos, que, en procesos revolucionarios o reformistas, acabarían por adoptar muchos de sus principios a lo largo del siglo XIX, quedando sus sociedades y sus gobiernos configurados de forma similar. En este sentido, la Revolución Francesa fue un acontecimiento de alcance universal.

Causas de la Revolución Francesa

Antes de entrar en el análisis del proceso revolucionario francés hay que señalar las causas que lo desencadenaron, dando por sentado la dificultad que supone establecer un orden de importancia en las mismas. Debe destacarse, en primer lugar, que el impacto de la filosofía ilustrada en el proceso revolucionario es una realidad incuestionable. Las ideas que difundió la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert (1751-1772), y las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu, Rousseau y Voltaire dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta y pusieron en manos del elemento burgués el ensamblaje teórico con el que justificar la destrucción del Antiguo Régimen. El barón de Montesquieu desarrolló la teoría de la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748); Voltaire censuró el poder y fanatismo de la Iglesia y defendió la tolerancia y la libertad de cultos; Jean-Jacques Rousseau planteó en El contrato social (1762) el principio de la soberanía popular, que el pueblo ejerce a través de representantes libremente elegidos.

Durante el siglo XVIII, Francia vivió una serie de desajustes sociales propios de unas estructuras anquilosadas incapaces de adaptarse a la dinámica de los tiempos. El desarrollo de la economía, con importantes avances en sectores como la industria y el comercio, había favorecido el protagonismo de la burguesía, cuyo creciente poder económico no se veía correspondido con la función que le era asignada en la sociedad del Antiguo Régimen. A la eclosión de la burguesía como nueva realidad social cada vez más reacia a tolerar las prerrogativas y prebendas de los estamentos superiores, había que añadir la insoportable situación del campesinado francés, sujeto a un sistema de explotación señorial que, lejos de suavizarse a lo largo del siglo XVIII, tendía a hacerse aún más oneroso.

En la década de 1780, una sucesión de malas cosechas y graves crisis agrícolas desencadenaron la casi paralización de los restantes sectores económicos, íntimamente dependientes del sector primario. La prolongada depresión se dejó sentir con notable intensidad en el campo y en la ciudad, sucediéndose, en los años que precedieron a la Revolución, una serie de motines y levantamientos populares provocados por la carestía y la escasez de los productos de primera necesidad.

La crisis financiera como desencadenante inmediato

Si las causas mencionadas contribuyeron a preparar el clima para el estallido de la Revolución Francesa, el factor que lo precipitó fue la crisis política surgida cuando Luis XVI intentó hacer frente a la caótica situación financiera por la que pasaba el erario público. El déficit crónico de la monarquía se había convertido en el problema más acuciante para los últimos gobiernos del despotismo ilustrado. Los gastos provocados por el apoyo a la independencia de las colonias británicas en América y por los dispendios de la corte de Versalles hacían inaplazable la toma de medidas urgentes en unos momentos en los que el Estado carecía de crédito ante los banqueros y ya no podía recurrir al clásico expediente de incrementar la presión fiscal a los que siempre la habían soportado.

En estas circunstancias, los responsables de finanzas de los gabinetes de Luis XVI, Robert Jacques Turgot (1774-1776) y Jacques Necker (1778-1781), sugirieron al monarca algunas medidas encaminadas a equilibrar el presupuesto, aunque no lograron su objetivo al ser destituidos de sus cargos por la presión de los sectores más conservadores de la nobleza y del clero. Jacques Necker llegó a publicar en 1781 un presupuesto de la nación (Compte rendu au roi) que supuso su inmediato cese: por primera vez la opinión pública conoció las elevadas partidas destinadas a sufragar los gastos de la corte. Tal ejercicio de transparencia le reportó un gran prestigio entre el pueblo y la burguesía.

En 1783, Charles Alexandre de Calonne, nuevo ministro de finanzas, intentó poner en práctica un plan de reforma fiscal basado en las ideas de sus antecesores, que, en síntesis, suponía la desaparición de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. La frontal oposición de los poderosos provocó su caída en abril de 1787; le sustituyó Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse y uno de los más acérrimos enemigos de las reformas.

Sesión inaugural de los Estados Generales (5 de mayo de 1789)

El nuevo ministro, una vez comprobado el colapso financiero que amenazaba al Estado, recurrió de nuevo al proyecto de Calonne, retocado en algunos puntos. En esta ocasión, los «privilegiados», que se habían erigido en representantes de los intereses de la nación, negaron al monarca toda capacidad legal para cambiar el sistema fiscal francés y solicitaron la convocatoria de los Estados Generales, argumentando (conforme a la tesis del duque Luis Felipe II de Orleans) que eran la única institución histórica que tenía poder para ello.

Como cuerpo legislativo que actuaba en representación de cada una de las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el pueblo (el «Tercer Estado»), los Estados Generales habían tenido un importante papel en la Francia de los siglos XIV y XV. Sin embargo, la deriva centralista y absolutista protagonizada desde entonces por las monarquías europeas había por lo general reducido este tipo de instituciones a órganos consultivos o decorativos; era el caso de los Estados Generales, de los que puede incluso afirmarse que yacían en el olvido: su última reunión había tenido lugar en 1614.

Los Estados Generales (1788-1789)

Enfrentado a una situación insostenible, Luis XVI aceptó al fin (5 de julio de 1788) la reunión de los Estados Generales para primeros de mayo de 1789 y la dimisión de Loménie de Brienne; Jacques Necker, puesto otra vez al frente del ministerio de finanzas, se convertía en el nuevo hombre fuerte de la situación. Aparentemente, con la convocatoria de los Estados Generales, la llamada «revuelta de los privilegiados» se había anotado una victoria; en realidad, era el principio de una nueva etapa caracterizada por el exclusivo protagonismo de la burguesía. Si los poderosos pretendían aprovechar los Estados Generales para perpetuar sus privilegios, los burgueses perseguían acabar con ellos; de ahí que sus primeros objetivos fueran conseguir para el Tercer Estado una representación similar en cifras a la nobleza y clero juntos, y que se votase por cabeza y no por estamentos.

El decreto que organizaba los comicios (27 de diciembre de 1788) estableció el modo en que cada estamento elegiría a sus representantes en los Estados Generales, pero sin hacer referencia a la importante cuestión del voto, verdadero caballo de batalla de los dirigentes de la burguesía. La libertad que, en la práctica, concedía la normativa electoral favoreció a los distintos aspirantes a liderar el Tercer Estado, que pudieron difundir sin cortapisas sus ideas y proyectos políticos, asumidos por un importante sector de la sociedad francesa, como quedó reflejado en los cuadernos de quejas (cahiers de doléances) enviados al rey por instituciones y grupos ciudadanos.

Una vez efectuadas las votaciones, el 5 de mayo de 1789 tuvo lugar la apertura de los Estados Generales con un discurso de Luis XVI, donde dejaba entrever la exclusiva misión de solucionar el problema financiero que se asignaba a la institución, sin aludir en ningún momento a las peticiones de los portavoces del estamento popular. El Tercer Estado pidió que las votaciones se llevasen a cabo individualmente y no por estamento, ya que en caso contrario el voto conjunto de la nobleza y el clero prevalecería siempre sobre el de los plebeyos. La propuesta difícilmente podía prosperar: si se votaba individualmente, el Tercer Estado, que disponía de mayoría de representantes, pasaría a controlar los Estados Generales.

El juramento del Juego de Pelota, de Jacques-Louis David

Tras varias semanas de discusiones estériles, el Tercer Estado acordó abandonar tanto su denominación como su condición de organismo representativo de tan sólo un estamento, y, sobre la base de sus miembros, se constituyó en Asamblea Nacional, autoproclamándose auténtica representación de la nación e invitando a los demás estamentos a unirse a sus deliberaciones (17 de junio). El rey respondió privándoles del salón donde se reunían; bajo el liderazgo de Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, y del abate Emmanuel Joseph Sieyès, la Asamblea Nacional se trasladó a un edificio público utilizado como frontón para el juego de pelota, y, en medio del entusiasmo general, pronunció el 20 de junio el célebre Juramento del Juego de Pelota: no separarse hasta que hubiesen dotado a Francia de una Constitución. Numerosos representantes del bajo clero y otros nobles liberales se unieron a la Asamblea. Luis XVI hubo de ceder: el 27 de junio reconoció la Asamblea Nacional y ordenó al clero y a la nobleza que se incorporaran a la misma, lo que suponía una aceptación de hecho, por parte del rey, del principio de soberanía nacional.

La revuelta popular (1789)

En tanto que abierto desafío a la autoridad monárquica y triunfo de la soberanía nacional sobre el absolutismo, debe considerarse la constitución de la Asamblea Nacional (y no la toma de la Bastilla) como el primero de los sucesos revolucionarios; es preciso reconocer, sin embargo, que difícilmente se hubiera llegado más lejos de no haber contado la Asamblea con el apoyo popular. Tras el forzado reconocimiento por parte del rey, en efecto, la aristocracia cortesana empujó de inmediato a Luis XVI a actuar contra la Asamblea Nacional, acuartelando tropas en Versalles (20.000 soldados) por si era preciso utilizar la fuerza contra la Asamblea y destituyendo otra vez a Jacques Necker, verdadero ídolo de la burguesía.

En París crecía la agitación por semejantes noticias: el 12 de julio, conocida la sustitución de Necker e intuyéndose que la Asamblea iba a ser disuelta por las armas, las masas populares se amotinaron, sumiendo la ciudad en el caos y la anarquía. Bajo la dirección del joven periodista Camille Desmoulins, muchos manifestantes tomaron armas del arsenal de los Inválidos y se dirigieron a la prisión de la Bastilla, símbolo de la opresión despótica.

El 14 de julio, que se convirtió desde entonces en la fiesta nacional francesa, la Bastilla fue tomada por los revolucionarios. El acontecimiento tuvo un efecto extraordinario. Se crearon comités por todas partes, las mansiones nobiliarias fueron asaltadas, se destruyeron documentos y se dejaron de pagar los derechos señoriales. En la capital se formó una municipalidad revolucionaria, se creó una Guardia Nacional (a cuyo mando se puso al Marqués de La Fayette) y se adoptó una escarapela con los colores rojo y azul de París, a los que se añadió el blanco real.

La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789)

La rebelión popular de París tuvo inmediata repercusión en los núcleos de población de toda Francia. En pocas jornadas, la burguesía conquistaba el poder municipal, estableciendo comunas revolucionarias en lugar de las antiguas oligarquías locales, y encuadrando a las clases medias en milicias cívicas encargadas de velar por el orden público. Luis XVI aceptaba, mientras tanto, los hechos consumados retirando las tropas, restituyendo en su cargo a Necker (16 de julio) y recibiendo con todos los honores la nueva enseña nacional: la escarapela tricolor de la municipalidad de París, origen de la actual bandera francesa.

Cuando la revuelta urbana comenzaba a remitir, la ola revolucionaria sacudió con notable intensidad el mundo rural. Era «el Gran Miedo» (la Grande Peur), un fenómeno de paroxismo colectivo surgido al socaire de noticias confusas sobre partidas de bandidos que, en convivencia con los poderosos, recorrían los campos sembrando la destrucción y la muerte. En todos los lugares aparecieron grupos de campesinos armados que, ante la falsedad de las noticias, dirigieron sus iras contra los castillos y registros notariales, donde se suponían depositados los documentos acreditativos de los derechos feudales que históricamente habían pesado sobre sus espaldas.

La Asamblea Nacional (1789-1791)

La Asamblea Nacional se había convertido en Asamblea Nacional Constituyente con la misión de redactar una Constitución y dar a Francia una nueva forma de gobierno. La rebelión del campesinado tuvo un profundo impacto en la Asamblea Constituyente, cuyos miembros, ante el temor de una situación que pudiera hacer fracasar sus proyectos, acordaron -en la noche del 4 al 5 de agosto de 1789- la abolición de todo vestigio de régimen feudal: se decretó la supresión de los derechos feudales y se declaró ilegal el sistema de impuestos existente. En teoría, las ancestrales reivindicaciones campesinas quedaban satisfechas; a partir de entonces quedaba por construir un nuevo régimen que garantizara los principios del nuevo orden burgués.

Siguiendo el ejemplo americano, el 26 de agosto de 1789 los miembros de la Asamblea Constituyente aprobaron una relación de derechos del ciudadano que había de servir de preámbulo a la constitución. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (con una visión más universalista que su homónima americana) establecía los principios de libertad, igualdad, inviolabilidad de la propiedad y resistencia a la opresión, que iban a constituir la base de toda la legislación revolucionaria. El rey no la aceptó hasta el mes de octubre; después, se trasladó a París y se alojó en el Palacio de las Tullerías. La Asamblea se trasladó también a la capital y se dispuso a continuar allí su labor.

La burguesía moderada era el grupo que contaba con mayor representación en la Asamblea; considerando la configuración de la cámara, sostenían posturas centristas: eran partidarios de una monarquía constitucional con poderes limitados que pusiese remedio a los males sociales. A la derecha se encontraban los aristócratas, partido que aglutinaba los elementos más conservadores, defensores del absolutismo. En la izquierda se situaban los republicanos, entre los que figuraba Maximilien de Robespierre. Al margen de la pluralidad ideológica surgida en la cámara y fuera de ella (clubes de opinión y tertulias políticas: fuldenses, jacobinos, cistercienses, franciscanos), los principales dirigentes del proceso revolucionario acordaron llevar a la práctica una experiencia política de carácter monárquico y parlamentario, fruto de un compromiso entre la corona y la revolución.

La conducta frívola y licenciosa de la reina María Antonieta contribuyó 
al descrédito de la monarquía (retrato de Gautier d'Agoty)

La Constitución de 1791 sancionaba la división de poderes, concediendo al rey las funciones del ejecutivo, y a un parlamento -elegido cada dos años- amplias atribuciones legislativas. La filosofía burguesa que inspiraba el texto legal aparecía, sin embargo, reflejada en el establecimiento de dos categorías de ciudadanos: activos (los que poseían derechos civiles y políticos -capacidad de voto- por ser contribuyentes) y pasivos (los que sólo tenían derechos civiles). Con ello quedaban excluidas del derecho a voto las clases bajas, hecho que condujo prontamente a su radicalización y a la exigencia del sufragio universal.

Aparte de la obra constituyente, la Asamblea desplegó también una ingente tarea legislativa. En primer lugar, se diseñó una descentralización y racionalización administrativa, por la que Francia quedaba dividida en 83 departamentos, en los que coincidían las diversas jurisdicciones administrativas con consejos de gobierno y autoridades locales elegidas por los habitantes de cada circunscripción. Otro hecho importante fue la reordenación de la administración de justicia, al establecer, según la nueva división territorial, distintas instituciones judiciales (juzgados de paz, tribunales civiles y tribunales de lo criminal), a cuyos cargos se accedía por elección.

Para institucionalizar la igualdad civil y la libertad económica, la actuación de los legisladores se dirigió a abolir toda clase de trabas que imposibilitaran el acceso de cualquier ciudadano a cargos civiles y militares; se eliminaron asimismo los impedimentos al comercio interior (supresión de aduanas y peajes), a la industria (abolición de gremios y prohibición de asociaciones obreras), a la agricultura (cercamiento), y, lo que era más importante, se reguló la igualdad de todos los ciudadanos ante los impuestos. De este modo la burguesía lograba establecer, junto al liberalismo político, las bases del liberalismo económico, eliminando las limitaciones que obstaculizaban su expansión económica.

Las acuciantes necesidades financieras del Estado, agravadas por la propia revolución, contribuyeron a que la Asamblea Nacional Constituyente determinara la nacionalización del patrimonio eclesiástico para enjugar con su venta el déficit público. Minadas sus posibilidades de subsistencia, la Iglesia católica pasó a depender del Estado, el cual, a través de la Constitución Civil del Clero (12 de julio de 1790), impuso una reorganización drástica de sus tradicionales estructuras y normas de funcionamiento interno, adaptándolas a la nueva filosofía revolucionaria (reducción de los 134 obispados existentes a 83, uno por departamento; provisión de cargos religiosos -párrocos, vicarios, obispos y arzobispos- por elección, como cualquier empleo público).

Los grandes cambios impulsados por la Asamblea Legislativa encontraron la férrea oposición de los privilegiados, muchos de los cuales emigraron a los países limítrofes esperando una acción inmediata de las monarquías absolutas europeas, que ya comenzaban a dar muestras de inquietud. La actitud del Papa Pío VI al condenar la Constitución Civil del Clero -y, con ella, a la revolución- abrió un cisma en la Iglesia y en la sociedad francesas que tendría graves e inmediatas consecuencias.

Arresto de la familia real en Varennes (21 de junio de 1791)

Impulsado tal vez por sus escrúpulos al haber sancionado la controvertida legislación religiosa, Luis XVI acabó de convencerse de que el radicalismo de la Revolución sólo podía detenerse con la intervención de las potencias absolutistas. El monarca ya había negociado en secreto con soberanos extranjeros mientras fingía aceptar las reformas, y esperando convencerlos emprendió con su familia la huida del país. La fuga del monarca, sin embargo, fue abortada al ser reconocido y detenido en Varennes por el maestro de postas Drouet, el 21 de junio de 1791.

La noticia de la huida fallida del rey incitó a la emigración masiva de aristócratas y clérigos. Simultáneamente, la agitación campesina volvió a recrudecerse y una oleada de sentimiento antimonárquico comenzó a extenderse por toda Francia. En París, los clubes y periódicos radicales exigían que fuera la nación, y no la Asamblea Constituyente, la que decidiera la suerte del monarca. La declaración de inocencia adoptada por la Asamblea y el consiguiente restablecimiento de Luis XVI en el trono consumó la ruptura entre la burguesía moderada y los republicanos.

El 17 de julio de 1791, la Guardia Nacional disparó en el Campo de Marte contra una manifestación antimonárquica produciendo varias decenas de muertos. La represión se extendió a los principales dirigentes de las revueltas, entre los que figuraban Georges-Jacques Danton y Jean-Paul Marat. El club de los franciscanos fue clausurado. La Revolución se cobraba sus primeras víctimas, mientras en Pillnitz (Sajonia) Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo II de Prusia hacían pública una declaración, el 27 de agosto de 1791, en la que proclamaban su deseo de "poner al rey de Francia en estado de consolidar las bases de un gobierno monárquico", una declaración considerada, no sin razón por los patriotas, como una clara amenaza de intervención.

La monarquía constitucional: La Asamblea Legislativa (1791-1792)

Los dirigentes de la Asamblea Constituyente creían, sin embargo, que la situación política se había normalizado a principios de otoño de 1791, y que, cumplida su misión, debía procederse a la disolución de la cámara y a la convocatoria de elecciones legislativas de acuerdo con la Constitución, que había sido aprobada en su texto definitivo el 3 de septiembre de 1791. Sometida a la extrema presión de las convulsiones internas y de la amenaza exterior, la recién instaurada monarquía constitucional no llegaría a cumplir un año.

Una vez efectuadas las elecciones, el 1 de octubre inauguraba sus sesiones la Asamblea Legislativa, compuesta por 745 diputados pertenecientes en su totalidad a los distintos sectores de la burguesía francesa. Las tendencias ideológicas que tomaban asiento en la nueva cámara pueden agruparse en tres bloques. La derecha estaba ahora integrada por unos 260 diputados que apoyaban la monarquía constitucional; los antiguos aristócratas, valedores del absolutismo, habían desaparecido.

En la izquierda se situaban los jacobinos, así llamados porque muchos de ellos procedían de un club que se había instalado en el antiguo convento de los jacobinos, en la rue Saint-Honoré de la capital francesa. No pasaban de 150 diputados y entre ellos destacaban los representantes de la región de la Gironda, que por este motivo eran llamados girondinos; todos ellos eran republicanos y se oponían claramente al régimen monárquico. La izquierda también contaba con representantes que, frente al sistema censitario establecido en la Constitución, defendían el sufragio universal y gozaban de gran influencia sobre las clases bajas, privadas del derecho a voto. En el centro, unos 350 diputados inclinaban sus apoyos indistintamente hacia la izquierda o a la derecha según las circunstancias o los intereses del momento; formaban tal grupo personas identificadas con la revolución, pero sin definirse de forma tajante en cuanto a la forma de Estado.

La nueva etapa supuso un paso adelante en el proceso de radicalización revolucionaria que vivía Francia desde 1787. La crisis económica, que había hecho prohibitivo el precio de muchos productos básicos para la subsistencia, así como la desacertada política de los anteriores ministerios en esta cuestión, pusieron de nuevo a las capas populares a punto de estallar en cualquier momento. Ante la presión y las continuas críticas de la izquierda, la burguesía conservadora, que controlaba el poder, decretó la deportación del llamado clero refractario (contrario al juramento de la Constitución Civil del Clero) y la incautación de sus bienes junto a los de los aristócratas emigrados.

Pero esas medidas no sirvieron para tranquilizar a los grupos exaltados que pugnaban abiertamente por la instauración de la República; la izquierda más radical acusaba al rey de traicionar la revolución y de mantener compromisos secretos con sus enemigos (los emigrados y los monarcas extranjeros). La influencia de los aristócratas que habían huido de la Francia revolucionaria se había dejado sentir en la ya citada declaración de Pillnitz (agosto de 1791) de Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo II de Prusia, en la que se manifestaba que la causa de Luis XVI era común para todas las monarquías.

La grave conflictividad interna y la actitud amenazante de las potencias extranjeras hicieron creer a las autoridades de la Asamblea que la revolución sólo podría salvarse adelantándose a declarar la guerra a los enemigos exteriores. La burguesía conservadora esperaba una victoria de la que saldría reforzado el sistema monárquico. Al mismo Luis XVI le convenía la idea; incluso en caso de derrota, la intervención extranjera restablecería el absolutismo. Frente a los partidarios de emplear la fuerza, la izquierda jacobina, conocedora de la debilidad militar de Francia por las defecciones de sus mandos, auguraba y temía una derrota que pondría fin a la revolución.

El 20 de abril de 1792, Luis XVI, a instancias de la mayoría de la Asamblea Legislativa, declaraba la guerra a Austria en medio de un clima de euforia popular, truncado a poco de iniciarse las hostilidades. El ejército, sin dirección y falto de preparación, se hundía en todos los frentes, provocando con ello un agravamiento de la crisis interna y el fortalecimiento de las actitudes antimonárquicas. A finales de junio los jacobinos, bajo el liderazgo de Robespierre, redoblaron sus acusaciones de traición contra Luis XVI y exigieron la disolución de la Asamblea Legislativa y la elección -por sufragio universal- de una Convención Nacional que instaurase la República.

El asalto al Palacio Real de las Tullerías (óleo de Jean Duplessis-Bertaux)

La conquista de Verdún y el desafortunado manifiesto (25 de julio de 1792) del duque de Brunswick, general en jefe del ejército prusiano, amenazando con arrasar París si la familia real sufría alguna vejación, sirvió para que se precipitaran los acontecimientos. La ira popular se desbordó el 10 de agosto de 1792, fecha en que las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, residencia de los monarcas, y asesinaron a la guardia del rey, que logró ponerse a salvo. Luis XVI fue depuesto y encarcelado en la prisión del Temple por haberse hallado en palacio documentos que le comprometían. La revuelta instaló asimismo en el ayuntamiento parisino una Comuna revolucionaria bajo el control de la izquierda jacobina. Desbordada por los acontecimientos y bajo la presión de la Comuna, la Asamblea Legislativa se vio forzada a convocar elecciones por sufragio universal (masculino).

A principios de septiembre surgieron los primeros brotes de terror indiscriminado, que se cobrarían unas mil trescientas víctimas sólo en París: monárquicos, clérigos y todo tipo de presuntos traidores fueron sumariamente juzgados y ejecutados en las llamadas «matanzas de septiembre». El 20 de septiembre, la Asamblea Legislativa se disolvía para dar paso a la nueva cámara surgida de las elecciones, la Convención Nacional, de carácter constituyente. Ese mismo día el ejército revolucionario francés, al mando del general Dumouriez, hacía batirse en retirada en las colinas de Valmy a las tropas prusianas del duque de Brunswick. París y la revolución se habían salvado. En palabras de Goethe, testigo de excepción en la batalla, "ese día comenzaba una nueva era en la historia del Mundo".

La República: la Convención girondina (1792-1793)

El proceso revolucionario alcanzaba con la Convención su más elevada cota de radicalismo. Barridos los monárquicos constitucionales en los comicios, celebrados esta vez por sufragio universal masculino, los grupos políticos visibles en la Convención Nacional quedaron de nuevo reducidos a tres. Los 160 diputados girondinos, de extracción alto burguesa, promovían una república descentralizada y conservadora. En la «montaña», sector de izquierda y extrema izquierda, se integraban 140 diputados «montañeses», pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía, identificados con una república democrática y un programa de gobierno de contenido social (Robespierre, Danton, Marat). Entre ambas tendencias se ubicaba la «llanura» o el «pantano», contingente de centro (350-400 escaños) que, aparte de su fe republicana, no ofrecía posiciones ideológicas definidas.

La primera decisión de la Convención Nacional fue abolir la monarquía y proclamar la República (22 de septiembre). Los comienzos del régimen republicano, dominado al principio por los girondinos, no pudieron ser más difíciles. El enjuiciamiento y condena a muerte de Luis XVI, que fue guillotinado públicamente en la plaza de la Revolución el 21 enero de 1793, agudizó aún más la crisis. Las fuerzas realistas y el clero refractario provocaron en varios departamentos revueltas antirrepublicanas, impulsando por ejemplo la rebelión del campesinado de la Vendée, que se había opuesto a las levas forzosas dictadas por la Convención para hacer frente a la amenaza exterior; el ejemplo cundió en otros departamentos.

Las potencias absolutistas europeas, espoleadas por la muerte del monarca, cerraron filas en una gran alianza antifrancesa: la Primera Coalición, formada por Austria, Prusia, España, Inglaterra, Holanda, Portugal y la mayor parte de los estados italianos y alemanes. La Coalición frenó el avance de las tropas de la Convención después de la traición del general Dumouriez, que se pasó a las filas de los austriacos tras su derrota en Neerwinden (marzo de 1793). La guerra civil en que habían degenerado las rebeliones internas y la amenaza de una inminente invasión extranjera crearon una situación insostenible que desató la lucha por el poder.

La Convención jacobina: Robespierre y el Terror (1793-1794)

En el verano de 1793, con el apoyo de las masas parisinas (los sans-culottes), los diputados montañeses expulsaron del gobierno a la derecha girondina, tras acusar de traición y ejecutar a sus principales dirigentes (junio-julio de 1793). El nuevo gobierno quedó progresivamente encarnado en la figura de Robespierre y en la acción expeditiva e implacable de unas instituciones a las que los jacobinos otorgaron poderes de excepción (el Comité de Salvación Pública, verdadero poder ejecutivo pronto dominado por Robespierre, el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario).

Robespierre neutralizó las amenazas contrarrevolucionarias al precio de una sangrienta represión

Desde ellas se pusieron en práctica una serie de medidas, cuyos resultados no se hicieron esperar. En agosto de 1793 se decretaba la leva en masa, con lo que todos los recursos materiales y humanos de la nación se ponían al servicio de la guerra revolucionaria; el ejército francés acabaría contando con más de un millón de hombres. En septiembre de 1793, la «ley del máximum general» fijaba un control riguroso de precios y salarios, dictando durísimas sanciones para los infractores; previamente una ley había establecido la pena de muerte para los acaparadores. Este fuerte intervencionismo económico permitió alimentar la población y abastecer el ejército, pero suscitó el rechazo de la burguesía moderada, defensora de la libertad económica.

La Convención aprobó también una serie de normas sobre procedimientos judiciales extraordinarios y tribunales revolucionarios como la Ley de Sospechosos, cuya aplicación correspondió al Comité de Seguridad General, con el objeto de eliminar toda disidencia contrarrevolucionaria y depurar las estructuras del Estado. Como resultado de ello, alrededor de diecisiete mil ciudadanos fueron procesados y ejecutados durante el año escaso en que los jacobinos detentaron el poder, razón por la que este periodo pasaría a ser llamado «el Terror», y a tener en la guillotina su representación icónica. La más ilustre de las víctimas fue la reina María Antonieta, guillotinada el 16 de octubre. Sin embargo, nobles y clérigos eran la menor parte; la mayoría fueron campesinos y trabajadores que se rebelaron contra el reclutamiento o intentaron eludirlo o desertar.

Para cumplir todo lo dispuesto en París, se sometió a un centralismo absoluto la actividad política, económica y social de las provincias, otorgándose poderes ilimitados a los agentes («Enviados en misión») de la Convención Nacional. En pocos meses, la dictadura de Robespierre logró conjurar el peligro contrarrevolucionario: aplastó las rebeliones de monárquicos y girondinos en el interior y derrotó a los ejércitos de la Primera Coalición.

María Antonieta en el Tribunal Revolucionario

Superada la crisis, el frente jacobino comenzó a fraccionarse. El sector radical exigía la abolición de la gran propiedad y la aplicación de la política de terror a los ricos y poderosos. En el lado opuesto, cada vez eran más numerosas las voces que clamaban por una normalización de la vida pública que hiciera efectiva la Constitución democrática elaborada y aprobada en junio de 1793, que no había llegado a entrar en vigor. A partir de marzo de 1794, Robespierre acusó de traicionar a la revolución a los dirigentes de ambas tendencias (Jacques Hébert, Camille Desmoulins, Georges-Jacques Danton, que terminaron en el patíbulo), sin darse cuenta de que estaba preparando con ello el camino hacia el final de su dictadura.

La reacción de Termidor y el fin de la Convención (1794-1795)

El 27 de julio de 1794, la «llanura» de la Convención Nacional y los jacobinos moderados retiraron su apoyo al hombre que se creía depositario de la virtud revolucionaria. Abandonado a su suerte, Robespierre y veinte de sus partidarios morían al día siguiente en la guillotina sin juicio previo, víctimas de los procedimientos judiciales de excepción que tanto habían defendido. El 9 de Termidor (27 de julio en la terminología del calendario aprobado por la Convención) ponía fin a la fase más radicalista de la Revolución Francesa y daba inicio a una reacción conservadora en la que el terror sólo iba a cambiar de dirección, cebándose en quienes lo habían practicado.

Durante el período transcurrido entre julio de 1794 y octubre de 1795, la burguesía conservadora de la Convención Nacional iba a ser la verdadera dueña de la situación política; desde su nueva posición dominante, restableció la libertad de precios y, cuando la carestía empeoró de nuevo la situación de las clases populares, no tuvo escrúpulos en formar frente común con el ejército para reprimir toda intentona subversiva. Sus objetivos inmediatos eran continuar la guerra en el exterior y liquidar la obra revolucionaria elaborando un nuevo texto constitucional que sustituyera, por sus excesos democráticos, al aprobado en junio de 1793.

El Directorio (1795-1799)

La nueva Constitución, sancionada mediante un plebiscito en septiembre de 1795, fijaba una tajante división de poderes que intentaba evitar por todos los medios la reproducción de una dictadura personal como la que había protagonizado Robespierre. El poder ejecutivo quedó en manos de un nuevo organismo, el Directorio, formado por cinco «directores», renovados a razón de uno cada año por los miembros del legislativo. Dos cámaras elegidas por sufragio censitario indirecto, el Consejo de los Quinientos y el Consejo de Ancianos, detentaban el poder legislativo; el poder judicial correspondía a los tribunales electos, a los que se investía de gran solemnidad e independencia.

El nuevo ordenamiento, por otra parte, ponía fin a la participación democrática popular del periodo anterior al eliminar el sufragio universal, y salvaguardaba los intereses de la burguesía adinerada volviendo al principio de capacidad económica como condición previa al ejercicio de los derechos políticos. El Directorio comenzó su andadura en octubre de 1795, manteniendo una línea continuista respecto al último año de vida de la Convención y priorizando la estabilidad y el orden internos para consolidar una república conservadora erigida en la primera potencia de Europa.

Los grandes objetivos del régimen tropezaron, sin embargo, con graves dificultades internas que condicionaron de forma determinante sus cinco años de vida. La crisis económica desatada a raíz de la supresión del control de los salarios y los precios abrió un proceso inflacionista (depreciación de los "asignados": papel moneda emitido para la compra de bienes nacionales), que repercutió negativamente en las clases populares y en las arcas de la República, cada vez más dependientes de los botines de guerra.