Reunificación familiar

Publicado el: 15 agosto, 2017

Por: Bernardo Vega

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Cada año unos 50,000 dominicanos son “pedidos” y logran visas de residencia norteamericanas, el “green card”, pues el cónyuge, el padre, el abuelo o el tío, bajo la premisa de reunificación familiar, los solicitan. Eventualmente pueden obtener la ciudadanía norteamericana. Pero si el gobierno de Trump tiene éxito, la cantidad de dominicanos que logren ser “pedidos” se reducirá extraordinariamente.

Ya antes de las elecciones se veía venir el asunto. El entonces senador y hoy procurador general, Jeff Sessions, en pleno Senado había declarado que un funcionario del consulado norteamericano en Santo Domingo le había contado que el 98% de las visas de residencia que otorgan son para “reunificación familiar”, no contando esas personas con los niveles de edad, preparación, o empleos prometidos que garanticen que representarán un aporte a la sociedad norteamericana.

Dos senadores han sometido el proyecto de ley “Raise” (por sus siglas), que la semana antes pasada contó con el apoyo del presidente Trump, por medio del cual las visas de residencia, o “green cards”, se reducirán a la mitad, al trocarse el concepto de “unificación familiar” por un sistema de puntajes, ya existente en Canadá y Australia, que toma en consideración el conocimiento de inglés, el nivel de educación, una posible oferta de empleo, la edad y cualificación profesional del solicitante, entre otros criterios.

Se calcula que ese sistema de puntajes y la muy fuerte reducción de visas para la unificación familiar reducirían la migración legal a Estados Unidos en un 50%, casi todos casos de reunificación familiar.

Si ese proyecto se convierte en ley no solo reduciría la unificación familiar, con daños emocionales y morales irreparables, sino que bajaría la emigración legal dominicana a Estados Unidos, con la consecuente presión sobre nuestro nivel de desempleo y un menor volumen de remesas. Los dominicanos tendrían que pensar en migrar a Canadá o Europa.

¿Se convertirá en ley el proyecto? Existe oposición, pero tal vez no lo suficiente. Se alega que al reducirse la cantidad de nuevos migrantes legales, habrá escasez de mano de obra barata para laborar en restaurantes, hoteles y otros servicios. Esa escasez se vería también afectada por un menor volumen de migración ilegal, como ya está ocurriendo con la mexicana, a pesar de que todavía no se ha construido el bendito muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

Tom Pérez, presidente del comité nacional demócrata, de origen dominicano, por cierto, nieto de un exilado anti trujillista, ha declarado: “En vez de agarrar criminales, Trump quiere desbaratar comunidades y castigar a familiares de migrantes que están haciendo contribuciones valiosas a nuestra economía. Eso no es lo que Estados Unidos representa”.

La Estatua de la Libertad contiene la famosa frase: “Denme a sus masas cansadas y hacinadas, ansiosas por respirar con libertad”. Trump y su gente no creen en esa filosofía, la cual ha sido la piedra angular de la política migratoria norteamericana desde su independencia.

Los autores del proyecto dicen que contendrá unos párrafos transitorios para que los que ya son ciudadanos americanos, o tiene su “tarjeta verde”, puedan pedir al cónyuge o a hijos menores de edad, pero ese derecho no lo tendrían los que obtengan su visado después de pasada la ley.

Trump también amenaza con no renovar el TPS (Temporary Protective Status), o estatus temporal de protección, que vence en enero, bajo el cual unos 45,000 haitianos residentes ilegales no han sido deportados porque el terremoto y el huracán que azotaron a Haití han creado condiciones que no justifican su deportación.

Si son deportados, muchos tratarán de cruzar la frontera hacia República Dominicana. Por suerte, muchos ya están cruzando la frontera con Canadá, solicitando asilo, el cual es concedido. Por lo menos un gran gimnasio de una escuela en la zona fronteriza canadiense sirve de refugio temporal a esos haitianos. Para colmo, oficiales federales de migración se están colocando en los pasillos de los juzgados para detener a indocumentados que tienen algo pendiente con la justicia, para que, sin siquiera ser juzgados, sean deportados y el fisco se economice los gastos de su internamiento por varios años en una cárcel.