Miguel Guerrero ofrece detalles sobre el atentado de Trujillo contra Rómulo Betancourt
El reconocido periodista e intelectual Miguel Guerrero ofreció el pasado miércoles en los salones de la Academia Dominicana de la Historia la conferencia “El atentado contra Rómulo Betancourt: la última aventura fallida de una diplomacia al servicio de la tiranía de Trujillo”.
En la misma Guerrero abordó ampliamente las relaciones diplomáticas que mantuvo el régimen con los países del hemisferio a raíz del atentado perpetrado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960. Según el conferencista, “en ningún otro momento de nuestra historia, el país estuvo tan cerca de una conflagración bélica devastadora, y nunca antes, la República había estado tan amenazada de un ataque del exterior”. En esa situación la elite intelectual de entonces estuvo siempre a las ordenes del dictador para tratar de justificar en el plano de la diplomacia hemisférica aquel vergonzoso incidente que convirtió a la República Dominicana en un paria de la comunidad internacional.
El atentado en contra de Betancourt recibió el repudió de la comunidad internacional, antes de ser objeto de intensos debates a lo interno de la Organización de Estados Americanos, OEA. Trujillo fracasó en el plano diplomático, pese a sus astutas maniobras diplomáticas desplegadas, no logró evadir la condena. Sin embargo, ese deplorable hecho puso de relieve, tal vez como en ningún otro momento de los treinta años anteriores, la habilidad de su servicio exterior y la entrega total de los intelectuales del régimen a una causa de antemano perdida.
El Gobierno venezolano demandó la adopción de medidas que garantizaran la defensa de su soberanía y el “mantenimiento de la paz y seguridad del Continente”. La acusación de Venezuela contra el Gobierno dominicano ante la OEA, presenció el primer choque de lo que sería una de las más descarnadas batallas diplomáticas de su historia.
La Academia Dominicana de la Historia mantiene un programa continuo de actividades. El próximo miércoles 20 será la puesta en circulación del libro Los documentos oficiales norteamericanos sobre el derrocamiento de Juan Bosch, de la autoría del historiador Bernardo Vega.
A continuación el texto íntegro de la conferencia:
Presidente Rómulo Betencourt
El atentado contra Rómulo Betancourt: la última aventura fallida de una diplomacia al servicio de la tiranía de Trujillo.
(Conferencia pronunciada en la Academia Dominicana de la Historia, miércoles 13 de septiembre de 2017)
Por Miguel Guerrero
En ningún otro momento de la larga tiranía de Rafael Trujillo, la inteligencia nacional, al servicio de su diplomacia, le fue tan servil como en aquellos difíciles días que siguieron al atentado con el que intentó dar muerte al presidente democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960. Y en ningún otro momento de nuestra historia, el país estuvo tan cerca de una conflagración bélica devastadora, y nunca antes, la República había estado tan amenazada de un ataque del exterior. En esa situación extrema, causada por la acción demencial de un hombre incapaz de dominar sus salvajes instintos, la elite intelectual de entonces estuvo siempre a sus órdenes para tratar de justificar en el plano de la diplomacia hemisférica aquel vergonzoso incidente que convirtió a la República Dominicana en un paria de la comunidad internacional.
Mediante la detonación de una bomba accionada a control remoto, el automóvil de Betancourt fue destruido, resultando este gravemente herido. El atentado provocó una reacción unánime de repudio en todo el continente y Venezuela acusó en la OEA a Trujillo de practicar el terrorismo internacional. La conferencia ministerial reunida en San José de Costa Rica, impuso severas sanciones económicas al régimen, obligando a todos los países miembros del organismo a romper sus nexos diplomáticos, comerciales y consulares con la tiranía.
A pesar del fracaso de Trujillo en el plano diplomático para evadir dicha condena, ese deplorable expediente puso de resalto, tal vez como en ningún otro momento de los treinta años anteriores, la habilidad de su servicio exterior y la entrega total de los intelectuales del régimen a una causa de antemano perdida. Un episodio que quedó para siempre en los anales de la diplomacia hemisférica como un anatema para el país.
Aun antes de apoderarse formalmente a la OEA de la acusación venezolana, la sede del organismo regional presenció el primer choque de lo que sería una de las más descarnadas batallas diplomáticas de su historia.
Los miembros del Consejo fueron convocados el 29 de junio por su presidente, el embajador Vicente Sánchez Gavito, para dejar constancia de la consternación que el atentado había producido en todo el Continente y expresar su complacencia por los informes de que el Presidente Betancourt se recuperaba satisfactoriamente.
El homenaje provocó el primer altercado directo entre los representantes de Venezuela y República Dominicana después de los hechos del 24 de junio. Al dar las gracias al presidente del Consejo por sus palabras de simpatía, el delegado venezolano dijo que sólo podía aceptar la solidaridad de 19 miembros del Consejo. Hacía una excepción con el delegado dominicano. La razón era que si ese país (le cito) “lamenta algo, es que la intentona de asesinato no tuviese éxito”.
El embajador Virgilio Díaz Ordóñez se levantó inmediatamente de su asiento para protestar por la referencia directa de su colega, replicando que se trataba de “una falsa acusación más en el torrente de falsas acusaciones contra el gobierno de la República Dominicana”. La sesión casi degenera en un tumulto.
Parecía inminente ya que el tema llegaría a la OEA precedido de fuertes encontronazos retóricos, puesto que en Ciudad Trujillo, el canciller Porfirio Herrera Báez acusaba a su igual venezolano, Luis Arcaya, de ser uno de los principales promotores de las tensiones existentes en el Caribe por sus “gratuitos ataques” y su presunto empeño de crear “un clima de violencia y de subversión” en la nación antillana.
Herrera Báez llamaba la atención respecto a declaraciones formuladas por Arcaya en una conferencia de prensa celebrada en Caracas en la cual “no tuvo ningún recato” en declarar la existencia de un estado de guerra entre los dos países. Ese tipo de declaración, se quejaba el Canciller dominicano, propiciaba un clima de beligerancia entre las partes.
En una clara advertencia al organismo regional que se preparaba para conocer de las acusaciones venezolanas contra el gobierno de su país, el diplomático dominicano dijo que esa actitud (y le cito) “debe tomarse muy en cuenta” por parte de quienes se interesen en restablecer un verdadero clima de convivencia. Responsabilidad ésta, insistió, que recae principalmente en los organismos “a quienes corresponde examinar con imparcialidad y con genuino espíritu de justicia el origen de las tensiones existentes en la zona desde que Rómulo Betancourt asumió el poder en Venezuela”.
Mientras tenían lugar estas escaramuzas, los aprestos de una verdadera guerra diplomática hacían inminente el choque. Para el cuatro de julio, diez días después de ocurrido el fallido intento de asesinato de Betancourt, Venezuela estaba lista para asumir la iniciativa, dando el primer gran paso dentro de su estrategia para aislar de la comunidad internacional al régimen trujillista.
Los eventos empezaron ese día con una nota del embajador Falcón Briceño al presidente del Consejo. La nota solicitaba una convocatoria inmediata y con carácter de urgencia del Órgano de Consulta, de acuerdo con el Artículo 6° del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para considerar los actos “de intervención y agresión” del Gobierno dominicano contra el Gobierno venezolano que, según decía, “culminaron en el atentado contra la vida del Jefe del Estado Venezolano el 24 de junio último”.
Dictador Rafael L. Trujillo Molina
En virtud de esta solicitud, Venezuela demandaba la adopción de medidas que garantizaran la defensa de su soberanía y el “mantenimiento de la paz y seguridad del Continente”. En su exposición, Falcón Briceño puntualizaba que los actos imputados al régimen dominicano contra su país “constituyen un desafío al sistema interamericano y una negación de los principios fundamentales del derecho público”.
La declaración señalaba que sólo “el comedimiento” del Gobierno de Venezuela y de su pueblo, su adhesión a las normas e instituciones jurídicas y su vocación decidida por el imperio del derecho en las relaciones internacionales, “son los factores que han detenido, ante los actos de intervención y de agresión del Gobierno de la República Dominicana, una reacción que, aun cuando de legítima defensa, habría causado víctimas y daños irreparables a la solidaridad americana”.
Venezuela reiteraba así lo que la nota calificaba de “su firme convicción” de que los procedimientos consagrados en los instrumentos interamericanos, “si se les aplica adecuadamente y con firmeza, son capaces de evitar tales actos de intervención y de agresión y, en consecuencia, de asegurar el mantenimiento de la paz en América”. A tales efectos, solicitaba, a la mayor brevedad posible, convocar a sesión extraordinaria, al Consejo de la organización.
Dos días después, el 6 de julio, en el curso de una sesión extraordinaria, el Consejo recibió del embajador Falcón Briceño informes sobre los hechos básicos de su denuncia. Los planteamientos venezolanos originaron, como era de esperarse, un prolongado y encendido debate.
El representante de Honduras, Celso Dávila, en su condición de presidente interino del Consejo, dio apertura a la sesión calificando el asunto de “suma gravedad”, que amerita estudiarse y resolverse en todos sus aspectos, dadas las proyecciones que los hechos denunciados por Venezuela pudieran tener “para la conservación del sistema” en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores como Órgano de Consulta.
Este discurso inaugural no podía ser más incómodo para la delegación dominicana. “Si se prueba que ha habido cualquier participación de un gobierno extranjero en el atentado contra la vida del Presidente de Venezuela, debe imponerse forzosamente una actuación de toda la OEA para que no vuelva a repetirse un delito de esta magnitud”, plantea el delegado hondureño. En su opinión, hechos tan graves como los que ocupaban la atención del organismo constituían una amenaza muy seria para los postulados en que se funda el Sistema Interamericano.
Honduras insistía que no era Venezuela el único país afectado con este caso, sino todo el Hemisferio. Por lo tanto no se podía guardar silencio y urgía de inmediato la investigación más acuciosa “para que un crimen internacional de esa magnitud no vaya a prosperar”. Se necesitaba, pues, en opinión del presidente interino del Consejo, “una investigación imparcial, serena y cuidadosa, para que puedan deducirse las responsabilidades”.
Los sentimientos generales de los miembros del Consejo estaban resumidos, de hecho, como pudo observarse más adelante, en este discurso de apertura. Muy pronto se percibió de cuán poca simpatía gozaba la posición de Trujillo. El embajador colombiano Carlos Díaz de Santamaría resaltaba los vínculos de amistad entre su país y la República Dominicana que siempre habían sido “entrañables”, “intensos” y “vigorosos”, para caer en la conclusión de que el comportamiento internacional del régimen trujillista había afectado esa relación. “Las sombras de los últimos tiempos han sido simplemente con un Gobierno que parece no respetar sus relaciones con los demás países y que no tiene respeto por la dignidad humana”, señaló el representante colombiano.
El embajador Escudero, del Ecuador, respaldó a Venezuela y se extendió en consideraciones sobre “ciertas expresiones enconadas y venenosas” del embajador Díaz Ordóñez. A esta exposición siguieron las de Bolivia, Perú y otros países abiertamente contrarias a Trujillo.
Díaz Ordóñez intervino en varias oportunidades protagonizando enconados enfrentamientos con los delegados de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Su primera intervención de hora y media provocó protestas de sus colegas que le acusaron de descender al plano personal. Tras contra acusar a Venezuela de intervenir en los asuntos internos de su país, Díaz Ordóñez se quejó de que el Consejo de la OEA jamás actuara sobre una denuncia dominicana a raíz de expediciones armadas contra su territorio en 1959. Y amenazó advirtiendo que ese pedido que se había retirado hacía un año, ahora podría ser renovado.
El debate alcanzó su grado máximo de calor, cuando el diplomático dominicano, al responder a la larga lista de acusaciones venezolanas, dijo que los cargos contra el régimen de su país eran merecedores “de ser incluido en un libro de historietas fantásticas para niños; niños anormales”.
La posición de Estados Unidos era que la situación creada demandaba una acción inmediata de la OEA. Ello resultaba esencial para eliminar las tensiones y restaurar las condiciones para una convivencia pacífica entre los estados miembros del organismo regional.
Antes de que se procediera a la votación, Venezuela propuso la designación por el Consejo de un grupo investigador que visitara Caracas para comprobar por su propia cuenta las pruebas en que basaba su acusación. Por supuesto, esperaba que el Gobierno dominicano accediera a permitir también inspecciones en su territorio, a lo que el embajador de Trujillo nunca respondió.
Tras determinarse que algunos delegados se verían imposibilitados de votar porque debían recabar instrucciones, como eran los casos de Brasil y Cuba, el embajador Falcón Briceño propuso entonces la convocatoria de una nueva reunión en un plazo de 48 horas, lo cual fue aprobado.
El Consejo volvió a reunirse el viernes 8 de julio y aprobó, luego de extensos debates, una resolución convocando al Órgano de Consulta. Actuando provisoriamente como Órgano de Consulta, el Consejo autorizó a su presidente a nombrar una Comisión encargada de investigar “los hechos denunciados y sus antecedentes” y con la obligación de rendir un informe de los resultados de su trabajo. El grupo quedó compuesto por los embajadores Erasmo de la Guardia, de Panamá; Emilio Donato del Carril, de Argentina; Henry Clinton Reed, de Estados Unidos; Vicente Sánchez Gavito, de México y Carlos Clulow, de Uruguay.
Trujillo y parte de su séquito
La Comisión se instaló formalmente al día siguiente, designándose a De la Guardia, como presidente de la misma. Miguel Aranguren y Modesto Lucero, del personal de la Unión Panamericana, fueron designados Secretario y Pro-Secretario, respectivamente. Acto seguido, se estableció el procedimiento de trabajo, invitándose a los representantes de Venezuela y República Dominicana a comparecer ante ella. Al mismo tiempo, solicitó de la Comisión Interamericana de Paz “la información que, en concepto de esta última, pudiera serle útil en el cumplimiento de su mandato”.
Tres días después, la Comisión reanudó su labor reuniéndose con el embajador Falcón Briceño, quien amplió la información que su país, por intermedio suyo, había proporcionado en la sesión del 6 de julio al Consejo. Asimismo entregó documentos relativos a los hechos en que fundaba la denuncia señalando que Venezuela limitaba su acusación a “actos de intervención y agresión” cometidos recientemente.
La posición venezolana precisaba que con ello se refería: 1) al incidente de los volantes denunciado ante la Comisión Interamericana de Paz el 25 de noviembre de 1959; 2) a la ayuda suministrada por el Gobierno de la República Dominicana al ex general venezolano Jesús María Castro León para organizar el movimiento rebelde de mediados de abril de 1960, y 3) al atentado contra la vida del Presidente Betancourt, perpetrado el 24 de junio.
Al día siguiente, 13 de julio, la Comisión recibió al embajador dominicano Díaz Ordóñez, quien reiteró los conceptos por él emitidos en la sesión del Consejo del día 6, en el sentido de que la acusación del Gobierno de Venezuela carecía de fundamento. Tras comprometerse a aportarle los documentos que ésta solicitare para el desempeño de la labor que le había conferido el Consejo, el diplomático solicitó que se le mostrara la documentación presentada por Venezuela para sustentar su acusación contra el régimen de Trujillo.
En resumen, la documentación incluía, por parte de Venezuela, un legajo con las declaraciones rendidas por algunos de los implicados en el atentado y un informe del Ministro de Justicia, doctor Andrés Aguilar, consistente en una versión compendiada de las autoridades policiales acerca de la forma en que se habían desarrollado los hechos.
Rómulo Betancourt luego del atentado
Accediendo a la petición de Díaz Ordóñez, la Comisión acordó, dos días más tarde, el 15 de julio, hacerle entrega del citado informe. En la nota de remisión reclamaba del representante dominicano “informes sobre los hechos que, en el documento de referencia, se afirma ocurrieron en el territorio de su país”.
El 27 de julio, el representante dominicano dirigió una nota a la Comisión, entre cuyos anexos incluyó un memorándum en el cual se contradice la versión de las autoridades venezolanas. Contenía informaciones adicionales encaminadas a demostrar que algunos de los hechos presentados en contra del Gobierno de su país “no pudieron haber ocurrido”.
El grupo de cinco miembros acordó entonces, tras el estudio de las documentaciones presentadas por las partes, trasladarse a Caracas, para realizar allí una investigación sobre el terreno. Partió de Washington el sábado 16 de julio y arribó a Maiquetía a las 4:30 del día siguiente. Los embajadores de Argentina y Uruguay designaron para reemplazarlos en este viaje a los representantes suplentes de sus respectivos países ante el Consejo, Dardo Cúneo y Pablo Guffanti, respectivamente, quedándose los titulares en Washington adelantando las investigaciones en los Estados Unidos. También formaron parte de la delegación, el secretario y pro-secretario de la Comisión, así como Robert J. Redington, miembro de la delegación norteamericana ante el Consejo.
Durante su permanencia en Caracas, la Comisión dijo haber recibido “la más amplia colaboración” de las autoridades, las que pusieron a su disposición, para ser interrogados sin la presencia de funcionario alguno, a los detenidos en la Cárcel Modelo, bajo la inculpación de haber tomado parte en el atentado. Estas personas eran Juvenal Zavala, Manuel Vicente Yáñez Bustamante, José Morales Hernández, Eduardo Morales Luengo, Luis Cabrera Sifontes y Juan Manuel Sanoja, quienes admitieron haber estado en la República Dominicana en relación con la trama que culminara con el intento de asesinato del Presidente Betancourt.
En un informe al Consejo, la Comisión diría después que “como resultado de esos interrogatorios, se ha formado el juicio de que las declaraciones ante las autoridades venezolanas, de las personas (mencionadas) fueron rendidas libremente, sin coacción de ninguna especie”.
Sanoja se negó a declarar ante la comisión sobre los hechos básicos, tal como se había negado a hacerlo ante las autoridades venezolanas. Por su parte, Morales Hernández se concretó a ratificar las declaraciones que había hecho a las autoridades. Sobre los interrogatorios a los cuatro restantes, informó haber obtenido datos complementarios, “numerosos indicios de que, esos individuos, al referirse a los hechos que constituyen el objeto de la investigación, se han producido, en términos generales, con verdad”.
Existían, naturalmente, discrepancias en los testimonios pero la Comisión consideraba que éstas apenas alcanzaban cuestiones incidentales “y no suscitan duda acerca de la veracidad de los testimonios sobre los hechos fundamentales”.
Un punto a favor de Venezuela residía en el impacto que había producido entre los comisionados, el dispositivo utilizado para hacer funcionar los explosivos a control remoto. Las autoridades mostraron al grupo este dispositivo electrónico, además de los expedientes del caso, entre los que figuraban las declaraciones de varias personas confirmando los datos proporcionados a la comisión por Zavala, Yáñez Bustamante, Morales Luengo y Cabrera Sifontes, en relación con los dos vuelos del avión de la compañía RANSA entre Maiquetía y San Isidro, los días 17 y 18 de junio.
(Véase el primer capítulo de mi obra “La ira del tirano”, titulado “Los dos viajes del Cabrito, en el que se describe la manera en que los conspiradores llegaron a Ciudad Trujillo y organizaron el atentado con la colaboración de las autoridades dominicanas e incluso con la presencia del propio Trujillo en una de esas reuniones. El dispositivo y el explosivo usado en el atentado contra Betancourt fueron facilitados por los agentes de Trujillo)
Finalmente, la comisión realizó un recorrido de inspección donde había tenido lugar el atentado.
Estando aún en Caracas, el presidente del Consejo, embajador Sánchez Gavito, recibió un telegrama de fecha 18 de julio del Canciller dominicano Herrera Báez. El ministro solicitaba del organismo determinar si era cierto, como se informara en diferentes medios internacionales de prensa, que autoridades venezolanas, incluyendo al propio Presidente Betancourt, habían formulado amenazas implícitas y veladas contra la República Dominicana. Herrera Báez pedía también a Sánchez Gavito poner en conocimiento de los demás investigadores los términos de su mensaje.
Estado en que quedó el Cadillac presidencial de Venezuela
El embajador De La Guardia, respondió el 5 de agosto la comunicación del Canciller dominicano. Le expresaba, en comunicación remitida a través del embajador Díaz Ordóñez, que después de haber estudiado “detenidamente” su planteamiento, se pudo llegar a la conclusión que se trataba de un asunto fuera de su competencia ya que ésta había quedado definida en el texto de la resolución del Consejo del 8 de julio que la creó, en el sentido de “investigar los hechos denunciados y sus antecedentes” y someter, con posterioridad, un informe al propio Consejo.
La comunicación de Herrera Báez constituía un clásico ejemplo de las argucias trujillistas en el campo internacional. Su texto ayuda a comprender, en cierto modo, la estrategia de diversión que se había ya forjado el dictador para hacer frente a la acusación venezolana y que el propio Canciller contribuyera a crear con su propuesta de contra acusar a su acusador.
El texto de ese memorable cablegrama es el siguiente(cito): “Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para solicitarle llevar al conocimiento de la Comisión investigadora del Órgano de Consulta en el recurso interpuesto por el Gobierno de Venezuela ante el honorable Consejo de la OEA en fecha 6 de julio en curso, la solicitud que por este medio le somete el Gobierno dominicano en el sentido de que en relación con las investigaciones que realiza relativas a dicho recurso, se sirva tomar las siguientes iniciativas: Primero determinar si es cierto que con fecha 6 de julio del corriente en el mensaje dirigido a los 139 subtenientes de la promoción “General Pedro León Torres” que egresó ese día de la Escuela Militar de la República de Venezuela, mensaje que, según noticia publicada por El Universal de Caracas del 7 del corriente mes bajo el título de “Si la OEA no sanciona a Trujillo Venezuela lo hará unilateralmente”, fue leído en el patio de honor de la Escuela Militar por el ministro de Relaciones Interiores doctor Luis Augusto Dubuc, durante un acto de entrega de sables a los nuevos oficiales, se expresa entre otras consideraciones lo siguiente: “Esa dictadura será sancionada por sus agresiones a Venezuela; o la sancionan colectivamente los organismos internacionales o la sanciona unilateralmente Venezuela”.
La comunicación agrega:
“Considera igualmente el Gobierno dominicano que procede que la Comisión investigadora determine si es cierto que con fecha 16 de julio el Presidente de la República de Venezuela señor Rómulo Betancourt, en un programa de televisión en el que participó en ese día hizo declaraciones cuyo texto tal como aparece transcrito en despacho de la agencia de noticias internacionales Prensa Unida Internacional (UPI) de fecha 16 de julio en curso dice así: “La República Dominicana está directamente implicada en la intentona de asesinato del 24 de junio. En este respecto debo decir palabras claras. Si la organización no adopta medidas que signifiquen la erradicación de una dictadura del Caribe, Venezuela por su sentido de dignidad nacional aplicará sanciones unilaterales para el caso”. Segundo: que en caso de que llegara a confirmar que tales declaraciones fueron en efecto hechas, incluya en su informe el resultado de su comprobación a este respecto y se pronuncie además sobre si conforme al artículo 2 párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas que copiado a letra dice así: “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas” y el artículo primero del Tratado Interamericano de Asistencia recíproca de 1947 que dice así: ‘Las altas partes contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado’ es lícito que un gobierno habiendo amparado una jurisdicción internacional en una controversia con otro gobierno amenace con adoptar medidas de fuerza contra otro Estado en caso de que la decisión de esa jurisdicción internacional no concuerde necesariamente con las pretensiones de ese gobierno” (Termina la cita).
Rómulo Betancourt
La Comisión regresó a Washington el 20 de julio. Siete días más tarde, fue informada mediante una nota del embajador Díaz Ordóñez de la decisión del Gobierno dominicano de facilitar el desarrollo de su labor en territorio de ese país. “…nos adelantamos a ofrecerle las seguridades de que será bien recibida (si decidía visitar Ciudad Trujillo) y de que encontrará la mejor cooperación para sus propósitos de parte de las autoridades dominicanas”.
La comunicación anexaba un legajo de cinco documentos con los cuales el Gobierno dominicano pretendía destruir los argumentos de la acusación venezolana.
En vista de tal actitud, “y por si el Gobierno dominicano deseara entregarle información adicional a la que ya había suministrado”, la Comisión resolvió nombrar una subcomisión, lo que de hecho implicaba un menor interés que el prestado a los planteamientos de la parte acusadora, presidida por el embajador De La Guardia e integrada por los embajadores Cúneo y Reed, para trasladarse inmediatamente a la República Dominicana acompañada del secretario Aranguren.
El grupo de trabajo llegó a la capital dominicana el 30 de julio. Luego resumiría su actuación allí diciendo que esa misma tarde se entrevistó con el Canciller “a quien manifestó su disposición de recibir cualquier información nueva o adicional”.
El viaje estuvo lleno de inconvenientes. El primero a consecuencia del retraso en el trayecto Washington-Nueva York, a causa de una fuerte turbulencia que por poco les hace perder la conexión a Ciudad Trujillo. Los miembros de la Comisión sufrieron luego las molestias ocasionadas por la pérdida de sus equipajes, que el avión de la Pan American había dejado en el aeropuerto de Nueva York, lo que no les permitió cambiarse de ropas hasta el día siguiente.
En el informe rendido posteriormente, la Comisión expuso que el Canciller Herrera Báez “después de ofrecer la más amplia colaboración, hizo una exposición sobre varios aspectos de las relaciones entre su país y Venezuela, en lo concerniente al asunto sometido a la Comisión”. Asimismo, aludió a un artículo publicado en un periódico de Caracas, según el cual las declaraciones de los inculpados ante las autoridades venezolanas habían sido obtenidas “mediante métodos psicológicos que dan mejores resultados que la tortura física”. Herrera Báez dijo a los representantes de la OEA que la citada publicación sugería la aplicación a los detenidos del sistema conocido como “lavado de cerebro”.
Al mediodía del 31 de julio, la subcomisión regresó a su sede en Washington. La fase investigativa llegaba a su final. Ahora sólo faltaba el veredicto. De él dependía la suerte del régimen que estrangulaba económica y políticamente a los dominicanos por más de treinta años.
Tras una semana de evaluación de los hechos, según los elementos de juicio reunidos en sus viajes a Caracas y Ciudad Trujillo y el análisis de las documentaciones presentadas por las partes, la Comisión investigadora designada por el Consejo de la OEA actuando como Órgano de Consulta, estaba lista para presentar sus conclusiones.
En resumen, el grupo había podido establecer que los acontecimientos que habían dado lugar a los cargos contra el Gobierno dominicano evolucionaron a partir del 8 de mayo. Ese día, Juan Manuel Sanoja, salía de Venezuela con rumbo a la República Dominicana, vía Haití.
Debido a sus relaciones familiares en la República Dominicana, donde viviera alrededor de catorce años, Sanoja seguía teniendo intereses materiales en ese país. Allí residían, además, varios de sus hijos. En los últimos años, había hecho desde Venezuela numerosos viajes a esa nación, según podía desprenderse de las anotaciones en su pasaporte venezolano. Pero en cuanto al viaje del 8 de mayo, la Comisión presumía que Sanoja había contado con la ayuda de las autoridades dominicanas “ya que está establecido que, procedente de Haití, entró a territorio dominicano sin que aparezcan en su pasaporte venezolano la visa o anotaciones correspondientes”.
Sanoja viajó de Ciudad Trujillo a Madrid, provisto de pasaporte dominicano expedido el 12 de mayo, escasamente cuatro días después de su llegada a la primera. De acuerdo con el informe presentado al Consejo “sus pasajes fueron proporcionados por autoridades dominicanas y el objeto del viaje fue llevar a la República Dominicana a Eduardo Morales Luengo, exiliado ex capitán de Navío de la Marina venezolana. Su llegada a Madrid tuvo lugar el 17 de mayo, poniéndose en contacto inmediato con el objetivo de su visita, a quien informó de los preparativos de un golpe militar contra Betancourt. Sanoja dijo a Morales Luengo que su presencia era requerida para encabezar ese golpe y que por tanto debía trasladarse a la República Dominicana “y permanecer allí hasta que se le pudiere trasladar a Venezuela”.
Puestos de acuerdo, ambos se trasladaron a Ciudad Trujillo el 30 de mayo. Según el informe, el Gobierno de ese país sostiene que ambos salieron de su territorio hacia Haití el 2 de junio siguiente y que Morales Luengo, durante su breve permanencia en la capital dominicana, “no tuvo contacto con ningún funcionario importante”, hospedándose en un hotel “y no en la casa” señalada por la acusación venezolana, perteneciente a un familiar del propio Trujillo.
Estado en que quedó el coche bomba y en que quedó el vehículo presidencial
El informe destaca que Morales Luengo, por su parte, declaró a la Comisión, durante los interrogatorios practicados por ésta en Caracas, que su pasaje Madrid-Ciudad Trujillo había sido adquirido por Sanoja con dinero proporcionado por el Generalísimo Trujillo; que fue recibido en la capital dominicana por el coronel Abbes García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, quien lo condujo, en compañía de Sanoja, ante el dictador “habiéndole manifestado éste último que estaba a sus órdenes para cualquier cosa que necesitara en relación con el movimiento militar” para derrocar a Betancourt. Terminada dicha reunión, fue llevado por Pedro José Trujillo, sobrino del “Jefe”, a casa de Romeo Trujillo, otro pariente de aquél, en donde permaneció alojado hasta la llegada del avión de RANSA que lo transportó a Venezuela, el 18 de junio.
Las conclusiones del informe rebatían los argumentos de la defensa dominicana. Por ejemplo que durante la primera quincena de junio, Sanoja regresó a Venezuela vía Haití, utilizando su pasaporte venezolano. En el recorrido a Haití, Sanoja fue acompañado desde Ciudad Trujillo hasta la frontera por Morales Luengo y, según éste, también por Pedro y Romeo Trujillo y el coronel Abbes García. Una vez en Venezuela, Sanoja avisó a otros de los implicados en el complot de la presencia de Morales Luengo en República Dominicana “dispuesto a trasladarse a Venezuela cuando lo fueran a recoger”.
A continuación el informe relata los dos viajes del avión de RANSA, los días 17 y 18 de junio, y los contactos de sus cómplices con Trujillo y otros responsables del régimen, así como la manera en que trasladaron las armas y explosivos utilizados en el atentado.
“Para comprobar que esto no pudo haber ocurrido, el Gobierno de la República Dominicana ha presentado a la Comisión un certificado, extendido el 9 de julio último, por un teniente coronel dominicano, al parecer encargado de la citada base (de San Isidro), en que se asienta que jamás ha aterrizado en la misma un avión perteneciente a una compañía de aviación civil venezolana y, a mayor abundamiento, que el único avión civil que ha aterrizado en la referida Base, desde que se inauguró en marzo de 1953, fue uno de Pan American Airways que lo hizo por equivocación el 7 de julio de 1960”, continuaba el informe.
A pesar de este alegato, la Comisión, basada en las declaraciones del piloto de la nave venezolana y de los demás acusados, llegaba a la conclusión de que el aterrizaje “se llevó a cabo en el lugar y la forma descritos”, con lo cual rechazaban categóricamente el elemento básico de la defensa dominicana. También concluía aceptando como “verdad” las afirmaciones de los implicados de que Morales Luengo los había conducido, luego de haber llegado a San Isidro, “a la casa en que había estado viviendo”, propiedad de un pariente de Trujillo.
Además, había llegado a la conclusión adicional de que Cabrera Sifontes y Yáñez Bustamante “se hospedaron en esa casa hasta el día siguiente”, 18 de junio, mientras los dos aviadores, acompañados de Morales Hernández, “regresaron a Venezuela para evitar que las autoridades sospecharan que habían faltado a la verdad al declarar su punto de destino”.
Durante las veinticuatro horas, aproximadamente, en que Morales Luengo, Cabrera Sifontes, Yáñez Bustamante y Sanoja estuvieron juntos en dicha casa “fueron visitados por los menos en dos ocasiones” por Trujillo y tres o cuatro veces por el coronel Abbes García.
A continuación, el informe pasaba a detallar lo ocurrido durante el tiempo en que los implicados permanecieron en la capital dominicana: “Cabrera Sifontes refirió al Jefe de las Fuerzas Armadas sus puntos de vista sobre la situación interna de Venezuela y describió las fuerzas con que contaban los conspiradores así como los planes del golpe de estado en contra del gobierno de dicho país. El Jefe de las Fuerzas Armadas les ofreció la ayuda que necesitaran para derrocar el régimen venezolano y aconsejó que procedieran con rapidez y decisión”.
Abbes García fue el primero en mencionar el aparato electrónico utilizado después en el atentado. Conforme la confesión de uno de los detenidos, el oficial dominicano “también insinuó que el aparato” era adecuado para un atentado contra la vida del Presidente de Venezuela. Los conspiradores recibieron más adelante de manos del coronel Abbes García y otro coronel no identificado “dos fotografías de automóviles volcados e incendiados como demostración de la efectividad del dispositivo electrónico”. Los dos militares enseñaron, igualmente, por lo menos a uno de los venezolanos, “cómo instalar la bomba para poder hacerla estallar mediante dicho dispositivo”.
El presidente Betancourt luego del atentado
Para poder ejecutar los planes de derrocar al Presidente Betancourt, los conspiradores solicitaron de las autoridades dominicanas “armas para doscientos civiles, colaboradores de los elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas” supuestas a participar en la conjura. Esta petición fue atendida cuando menos en parte y las autoridades venezolanas mostraron a la Comisión, explicaba ésta en su informe, “algunas de las sub ametralladoras, pistolas, fusiles y cartuchos o proyectiles que los implicados transportaron a Venezuela”. También obraban en poder del grupo de la OEA, fotografías de las granadas de mano que, según los propios conspiradores, éstos llevaron consigo desde la República Dominicana a Venezuela.
Tras enumerar los pasos siguientes de la trama y la manera en que se llevó a cabo el atentado criminal contra Betancourt, la Comisión revelaba que había localizado en Miami, Florida, al piloto del avión YV-C-ARI, Jesús García, sin poder obtener declaraciones de éste por haberse negado a prestarlas. El Gobierno de Venezuela, agregaba, ha dictado contra García orden de detención “y ha iniciado gestiones para lograr su extradición de los Estados Unidos”.
Con esos elementos de juicio, la Comisión pudo llegar entonces, en su informe al Consejo de la OEA, a las conclusiones siguientes:
- El atentado contra la vida del Presidente de Venezuela, perpetrado el 24 de junio de 1960, fue un episodio de un complot fraguado para derrocar al Gobierno de dicho país.
- Los implicados en el atentado y complot de referencia recibieron apoyo moral y ayuda material de altos funcionarios del Gobierno de la República Dominicana.
- Dicha ayuda consistió, principalmente, en brindar a los implicados facilidades para viajar y para ingresar y residir en territorio dominicano en relación con sus planes subversivos; en haber facilitado los dos viajes del avión de matrícula venezolana hacia y desde la Base Aérea Militar de San Isidro, República Dominicana; en proveer armas para el golpe contra el Gobierno de Venezuela y el dispositivo electrónico y la bomba que se utilizaron en el atentado; así como en haber adiestrado, en el funcionamiento del dispositivo electrónico de dicha bomba, a quien la hizo explotar y demostrado a éste la fuerza destructiva de la misma.
En Ciudad Trujillo la apariencia de normalidad escondía las fuertes tensiones que paulatinamente iban cercando al régimen nacido en 1930. Pero el hombre fuerte de República Dominicana no estaba aparentemente dispuesto a darse por vencido. Los titulares y editoriales de la prensa controlada desde el Palacio Nacional arreciaron sus ataques contra la OEA y Betancourt. Y mientras en todo el país se celebraban manifestaciones de respaldo al Generalísimo, la radio llenaba de epítetos al Presidente de Venezuela, al que ahora llamaba “la rata de Miraflores”.
En vez de ablandarlas, el curso que tomaba el debate diplomático en la OEA endureció las medidas de represión interna. A los dominicanos comenzó a hacérsele todavía más difícil trasladarse de un sitio a otro dentro del mismo país. Los puestos de chequeo en caminos y carreteras controlaban los movimientos de salida y llegada de cada ciudadano a cualquier ciudad o poblado del interior. Un virtual toque de queda redujo al mínimo las actividades nocturnas de las principales ciudades y los informes de nuevas redadas y arrestos llenaron todos los ambientes de la temerosa sociedad dominicana.
Los argumentos de la defensa insistían en que los cargos contra el Gobierno eran “un documento preparado y ajustado al interés” de la parte acusatoria. A juicio de la Cancillería dominicana, éste era un documento ad-hoc, una conspiración levantada contra Trujillo. Los desmesurados ataques personales contra Betancourt evidenciaban, empero, la desesperación y la debilidad de la férrea dictadura, enfrentada esta vez a fuerzas que parecían cada vez más difíciles de dominar.
En la fase agónica a que lo arrastraban inexorablemente la presión internacional y el aumento de la resistencia interna, el despotismo trujillista intentaría escudarse en la adelante en la más impenetrable coraza de dureza y crueldad que se hubiese conocido a lo largo de sus treinta años de existencia.
Las conclusiones de la Comisión investigadora abrían el camino para la adopción de sanciones enérgicas de la comunidad hemisférica contra el Gobierno dominicano. Ahora sólo faltaba esperar que el Consejo, actuando como Órgano de Consulta, se reuniera para evaluar este informe y adoptara las medidas solicitadas por Venezuela.
De nada le habían valido a Trujillo y a la élite intelectual que le servía sus intentos de neutralizar la acusación en contra de su régimen apelando a escaramuzas diplomáticas. Tampoco le habían servido de mucho las gestiones del ex Presidente de México, Emilio Portes Gil, quien, tras encabezar una conferencia internacional de juristas celebrada durante diez días en Ciudad Trujillo, criticara acremente los trabajos de investigación del grupo investigador de la OEA como una trama contra el Generalísimo y, de vuelta en México, insistiera en defender a Trujillo presentándolo como un abanderado de la paz y la democracia en el Continente.
El informe de la Comisión era, en todos los sentidos, una derrota para Trujillo. Se creaba la situación más embarazosa por la que jamás hubiera pasado en sus tres décadas como “rector y guía” del país del cual se hacía titular “Benefactor y Padre de la Patria”. Betancourt se anotaba un tanto a su favor, en la etapa más crítica de la rivalidad entre ambos.
El 16 de julio, mientras la Comisión investigadora designada por el Consejo de la OEA partía de Washington con destino a Caracas, el Presidente Betancourt hizo su primera aparición pública por televisión para desmentir los insistentes rumores, alentados desde Ciudad Trujillo, acerca del empeoramiento de su salud. Habían transcurrido ya veintidós días desde el atentado y el clima de tensión creciente con la República Dominicana se encontraba en su punto más ardiente.
A pesar de los esfuerzos desplegados desde Miraflores para preservar un ambiente de normalidad en la vida nacional, no obstante el estado de emergencia declarado a raíz del intento de asesinato del 24 de junio, la intensa campaña de desinformación procedente de la capital dominicana estaba haciendo mella en la moral y el ánimo de muchos venezolanos. Desde “La Voz Dominicana” se difundían diariamente informaciones sobre conspiraciones militares y soterradas luchas de poder, supuestamente ante una inminente muerte del Presidente a causa de las heridas sufridas en el atentado.
La prensa dominicana estaba diariamente llena de este tipo de comentarios y muchas de esas versiones habían encontrado eco en las agencias internacionales que las difundían por todo el Continente. Este caudal de información falso contribuía a incrementar el efecto de la industria de rumores que Trujillo había logrado implantar en Venezuela.
Los cargos graves de “agresión” e “intervención” que el Gobierno había presentado contra el régimen de Trujillo ante la OEA, estaban siguiendo un curso rápido que alentaban esperanzas de una victoria diplomática resonante. Pero la labor de socavamiento político en que estaba empeñado el dictador estaba dando sus frutos. Muchos venezolanos parecían escépticos frente a las seguridades ofrecidas por los boletines oficiales emitidos por Miraflores respecto a la positiva evolución de la salud del Presidente. El país entero se hallaba en calma, las medidas de seguridad estaban siendo reducidas al mínimo, pero eso no parecía ser suficiente. La gente dudaba y temía seriamente por la posibilidad de un golpe militar o por los efectos de un eventual fallecimiento del Jefe del Estado.
Trujillo no cesaba ni escatimaba esfuerzos por minarle el terreno a su rival. La acción estaba dirigida también a desvirtuar los objetivos de la iniciativa diplomática venezolana en su contra, presentándola como una gestión más para atenuar las presiones internas. El objetivo de Trujillo, mientras la OEA se entregaba al estudio de las graves acusaciones venezolanas, era el de presentarlas como un intento de desviar la atención internacional de las causas verdaderas del atentado que, según él, no eran más que el fruto de las duras rivalidades que afectaban al Gobierno de la nación sudamericana.
Ese era el real propósito de la campaña emprendida a través de la estación oficial y el diario El Caribe a comienzos de julio responsabilizando del atentado de la Avenida de Los Próceres al derrocado ex dictador Pérez Jiménez, exiliado en Miami. En su edición del 3 de julio, El Caribe destacaba en primera página un despacho fechado en Caracas, atribuido a un enviado “especial”, sin la firma de ninguna agencia informativa reconocida, acusando a Pérez Jiménez de ser “el dirigente principal del atentado”.
La nota, retransmitida al exterior por corresponsables extranjeros, decía que al enterarse del fracaso del acto criminal, el ex dictador dijo que “no sería el último”. Pérez Jiménez, según el despacho apócrifo, estaba “en contacto con miembros de los partidos políticos”.
La información era un invento de la más fértil imaginación periodística, pero en Ciudad Trujillo confiaban en que dentro del marco de confusión reinante en Venezuela alguna suerte de resultado podía esperarse de ella. Se acusaba, por ejemplo, al cónsul venezolano en Miami de ser cómplice del atentado, en cuya residencia se habría celebrado una gran fiesta la misma noche de la acción terrorista. La información citaba por sus nombres a presuntos cómplices, algunos de los cuales, se creía, correspondían a personas allegadas al ex dictador, lo que daba visos de veracidad a todo el tinglado.
Por supuesto, la OEA no le concedió importancia a la información y en Miraflores la recibieron como un intento más de dispersión propagandística de Trujillo. Pero la campaña persistió llegando a sembrar dudas en amplios círculos de opinión, ante la falta de información, no obstante los frecuentes partes médicos, sobre el estado en que se encontraba el Presidente.
Un editorial de El Caribe del 11 de julio, titulado “Un régimen que se derrumba”, constituía un ejemplo típico de esa campaña: “A pesar de las múltiples precauciones que adopta el Gobierno de Venezuela para que no se filtre al exterior la sensación de la verdadera realidad del país, las emisiones radiales, lo que puede leerse entre líneas de las noticias cablegráficas transmitidas por las agencias informativas parcializadas a favor de Betancourt y las informaciones de los viajeros y turistas, denuncian la turbulencia, la incertidumbre y el azar que está viviendo ese país bajo el peso de la cuadrilla politiquera que practica la exacción y el latrocinio y que ha sembrado por todas partes la corrupción”.
El diario El Nacional, de Caracas
Venezuela, según el editorial, explotaría muy pronto. “Es casi seguro” añadía, “que Betancourt quedará inválido e incapacitado para continuar su acción destructiva. Y si hasta ahora no se ha hecho conocer el verdadero estado de salud, es porque, como decíamos el otro día, a la sombra de su carroña sigue gobernando la horda que despedaza al pueblo. El día que se sepa la verdad (la inevitable muerte de Betancourt) Venezuela saltará como un volcán…”
Es en medio de esa campaña de rumores que Betancourt, todavía no del todo repuesto de las heridas, decide hablarle directamente al país la noche del 16 de julio. Con las manos vendadas y las huellas de las quemaduras visibles aún en su rostro, contradiciendo las recomendaciones de sus médicos, el Presidente se dirigió al país desde su despacho de Miraflores. El discurso fue más una apelación a la concordia que una condena a su agresor. Y buena parte del texto, leído ante las cámaras, estuvo dedicado a analizar la situación económica y las perspectivas de la nación a corto plazo.
Al abarcar diversos asuntos, alejando la parte central del tema del atentado, el Presidente proyectó una situación de normalidad más efectiva que cuantas habían podido lograr todos los boletines médicos sobre su buen estado de salud y todas las medidas adoptadas desde diversos ministerios para devolver la tranquilidad al ánimo público.
Betancourt dijo:
“Hubiera sido mi deseo comparecer ante las cámaras de televisión menos descalabrado de lo que estoy aún, pero me llegaron tantas versiones de la calle, que consideré conveniente darle a los venezolanos la oportunidad de apreciar cómo el Presidente que eligieron está en plenitud de sus facultades mentales y en franco proceso de recuperación física”, fueron sus primeras palabras.
Luego se refirió a la ola de rumores sobre su incapacidad para seguir gobernando. Aún en ese momento dramático, el Presidente hacía alardes de buen talante y humor: “Se corrió la versión de que estaba ciego o tuerto”, dijo, “y de que sería necesario traer misteriosamente a un especialista de los Estados Unidos. En realidad tuve, a consecuencia de lo sucedido el 24 de junio, un derrame en el ojo derecho que ha sido atendido no por un médico extranjero, sino por el doctor Francisco Ramírez, un llanero de Zaraza”.
Betancourt aseguraba estar bien de la vista y de hecho bastaba mirarle leer el texto de su discurso para comprobarlo. “Ya estoy en franco proceso de recuperación de mi vista. Lo mismo sucedió con respecto a los oídos. Corrió la versión de que estaba sordo. Lo que tuve fue una inflamación y perforación de un tímpano, muy lógica y muy explicable, pero oigo perfectamente bien”.
Para despejar cualquier vestigio de duda enumeró otras de las dificultades sufridas a causa de la explosión. “Con respecto a mis otras dolencias”, expresó, “me las han atendido excelentes, preocupados y abnegados médicos venezolanos, quienes han rodeado mi lecho de enfermo”. A continuación mencionó a todos los médicos que habían estado participando en su tratamiento, incluyendo aquel “a quien a veces me ha hecho sufrir un poco, tomándome la sangre en las venas del pie porque no era posible en las del brazo”.
Lo importante era que, según creía el Presidente, “en la próxima semana ya me descubrirán las manos y el diagnóstico es que estoy en perfectas condiciones de salud y dentro de muy pocos días podré reasumir a plenitud mis funciones de Jefe de Estado, funciones que he venido cumpliendo manteniendo contacto con los ministros, manteniendo contacto con personalidades de los distintos sectores de la vida venezolana, inclusive entrevistándome con embajadores de países extranjeros”.
Betancourt apelaba al sentimiento de solidaridad del pueblo invitándole a permanecer unido en momentos tan difíciles; diciéndole la importancia de aprovechar lo sucedido para extraer lo positivo, en atención al viejo refrán según el cual “no hay mal que su bien no traiga”.
En su opinión, el atentado del 24 de junio “ha hecho meditar y ha hecho pensar cómo son todavía poderosos los enemigos de la marcha de Venezuela hacia el logro de su estabilidad institucional dentro de un régimen democrático”. El Presidente reveló que desde el atentado a la fecha se habían producido conversaciones y entendimientos entre los partidos “y estoy seguro de que esos entendimientos, esos acuerdos, esas conversaciones darán un resultado positivo”. Tras reiterar su decisión de permanecer firme en la Presidencia hasta el último de los días para el que se eligió, Betancourt dijo que los hechos posteriores al atentado servían para demostrar la lealtad de los mandos militares al poder civil.
“Hay grupos, grupillos e individualidades políticas que pretenden hacer capital electoral atacando a las Fuerzas Armadas, y convirtiéndose en descubridores de complots”, se quejó el Presidente. “Si fueran realmente leales con el régimen constitucional debieran acercarse a las autoridades para denunciar a aquellos oficiales que están conspirando”.
Explicó que tan pronto retornó a Miraflores, la noche misma del atentado, se reunió con el Alto Mando Militar. “Fue una reunión casi de carácter rutinario. Y allí no hice sino comprobar cuanto ya sabía: que el atentado tenía conexiones con estos o aquellos oficiales subalternos, pero que el control de las Fuerzas Armadas está en manos del ministro de la Defensa, de las Comandancias de las Cuatro Fuerzas y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República”.
Ni una sola palabra fuera de tono contra el responsable de la agresión en su contra. Toda referencia a Trujillo, sin mencionarlo, se resumía en el párrafo siguiente: “En el aspecto internacional se ha demostrado una cálida solidaridad de los gobiernos de América con el Gobierno de Venezuela. En el Consejo de la OEA fue aprobada por unanimidad, a petición de Venezuela, que se congreguen los Cancilleres de América en una reunión de consulta para dictaminar cuáles medidas van a adoptarse contra el Gobierno dominicano, cuyo jefe está directamente comprometido en el atentado del 24 de junio. He dicho al respecto palabas claras, precisas, meditadas y definitivas: si la OEA no adopta las medidas que signifiquen en los hechos la erradicación de ese foco de perturbación en el Caribe, Venezuela, por sentido de dignidad nacional, aplicará unilateralmente las sanciones del caso”.
A seguidas, el Presidente pasó a analizar la situación económica en que se encontraba el país.
El discurso de Betancourt constituyó otra evidencia notable de que la campaña de desinformación lanzada por Trujillo había calado en sectores venezolanos. En las investigaciones para el libro “La ira del tirano”, que relata esos hechos, descubrí, revisando los archivos del Palacio Nacional y papeles de la Cancillería correspondientes a aquella época, que la noticia publicada por El Caribe en relación a la implicación de Pérez Jiménez en el atentado había sido un montaje, una invención de las autoridades dominicanas.
Entre los papeles que tuve en mis manos encontré una copia exacta del original del despacho publicado por El Caribe. Era una nota escrita a maquinilla, con las iniciales del empleado que la transcribió y una firma, en la parte superior de la primera cuartilla, autorizándola. Esta información, que fuera fechada en Caracas y atribuida a un enviado “especial”, fue nada más y nada menos que escrita en el Palacio Nacional de Ciudad Trujillo.
Como quiera que fuere, el discurso de Betancourt apaciguó los ánimos y eliminó las dudas. Contrariamente a como se hacía creer a los dominicanos, a través de los medios de comunicación controlados por el Gobierno,los venezolanos estaban con su Presidente en esa hora de prueba.
Lo mejor y más contundente de las evidencias la constituía el enorme y creciente caudal de telegramas, cartas y comunicados de respaldo al Gobierno y de repudio al atentado, que seguían colmando los escritorios del Palacio de Miraflores. Aún los habituales críticos de la gestión de Betancourt le expresaban su solidaridad en circunstancias tan delicadas. Los diarios venezolanos aparecían llenos de artículos y editoriales elogiando el discurso del 16 de julio. A partir de esta primera comparecencia del Presidente por radio y televisión, la campaña de desinformación proveniente de Ciudad Trujillo comenzó a perder efecto.
Trujillo, sin embargo, no abandonó su esfuerzo. Todavía el 26 de julio, diez días después de la aparición pública de su rival, que había puesto fin a todas las especulaciones internacionales sobre su estado de salud, el periódico El Caribe seguía insistiendo en la enfermedad del mandatario.
Al diario le mereció primera página, un breve despacho de The Associated Press fechado en Bogotá dando cuenta de un comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciando el aplazamiento de una entrevista entre los presidentes Betancourt y Alberto Lleras Camargo. La entrevista debía realizarse sobre el puente fronterizo entre Cúcuta y San Antonio, Táchira. El comunicado expresaba que el Gobierno venezolano comunicó que el dictamen de los médicos de Betancourt indicó la “inconveniencia” de este viaje en los próximos días. La noticia le permitió al periódico dominicano el siguiente y llamativo titular: “Rómulo sigue incapacitado”.
El escueto parte informativo motivó también un especulativo comentario editorial del diario, que ese mismo día señaló: “Por más que se haya publicado alguna fotografía de Rómulo Betancourt después del atentado que estuvo a punto de matarlo, es un hecho cierto que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el estado de su salud. Esa fotografía lo muestra de perfil, con las manos vendadas y en una actitud vaga y perturbada, lo cual indica que por lo menos parte de su físico, la que quedó enfrente del objetivo, resultó intacta o se ha recuperado de los daños sufridos en la explosión del 24 de junio. Pero nada se ha dicho sobre su recuperación mental, después de la conmoción o shock sufrido a causa del peligro que corrió, de la voracidad del fuego que le lamía las manos, del sacudimiento de la explosión”.
Inmediatamente después del atentado
Evidentemente, para la propaganda trujillista el discurso del 16 de julio contaba poco.
A finales de julio, un hecho de sangre ocurrido en Caracas vendría a quebrar el sentimiento de unidad nacional que parecía dominar la vida política del país desde el intento de asesinato del Mandatario. El incidente, que nada tenía que ver con el conflicto domínico-venezolano, pareció debilitar por momentos el respaldo unánime de que gozaba el Gobierno, amenazando, a su vez, el apoyo de, por lo menos, un miembro de la OEA en el futuro debate de las acusaciones contra Trujillo.
El 27 de julio se anunció en Caracas la muerte a tiro, por una patrulla policial, de Andrés Cova, de nacionalidad cubana, líder del movimiento revolucionario castrista en Venezuela. Según los primeros informes, Cova había sido muerto de cinco disparos cuando aparentemente se resistió a ser detenido, en ejecución de una orden judicial. La orden de arresto en su contra había sido expedida después que la filial venezolana del Movimiento 26 de julio, organizara en Caracas una concentración que degeneró en disturbios con saldo de un muerto y por lo menos trece heridos.
La noticia se expandió rápidamente por todo el Continente y ese mismo día la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba protestó en La Habana en términos que la prensa oficial dominicana desplegó con grandes titulares. Los estudiantes cubanos, al condenar lo que calificaban de “vil y cobarde asesinato”, instaban al Presidente Betancourt a olvidarse “de sus pueriles polémicas con Trujillo ante la Organización de los Estados Americanos” para que pudiera “aclarar ampliamente este suceso, que costó la vida a un ciudadano digno y ejemplar que se creía seguro en su patria adoptiva”.
Las críticas contra Betancourt no provinieron solamente de fuentes cubanas. También la prensa venezolana se hizo eco de fuertes ataques en su contra por este hecho, que la mayoría de los diarios caraqueños caracterizaban como un crimen. Las más duras críticas eran de los grupos estudiantiles universitarios y del Colegio de Periodistas, dominados por la izquierda pro-castrista. Un columnista del vespertino Prensa Libre atacó abiertamente a Betancourt afirmando que estaba dedicado “a un juego peligroso”.
El “asesinato”, a juicio de los estudiantes universitarios, era muestra evidente de las actividades que “libre y descaradamente” estarían desarrollando “elementos batistianos” y otros grupos contrarios a la justicia revolucionaria cubana. A consecuencia de la muerte de Cova, a los mensajes de felicitación y apoyo que llegaban a Miraflores comenzaron a agregarse otros cuyos términos no podían resultar muy agradables al Gobierno.
El curso, en nada favorable para el gobierno dominicano, de la acción diplomática venezolana en la OEA, indujo a Trujillo a enfrentarse directamente a la opinión pública internacional. Echando a un lado su aversión a conceder entrevistas a corresponsales extranjeros, el Generalísimo aprovechó la presencia de los comisionados de la OEA en la capital del país para responder preguntas del enviado de la UPI, Henry Raymont.
Trujillo comenzó la entrevista negando toda complicidad con el atentado de la Avenida de Los Próceres y vinculación con militares o ex militares venezolanos. “No he tenido relación alguna con los acusados del atentado. No los conozco y a quienes no se conoce no se les puede hablar”, dijo, para desmentir la acusación de que se había reunido con las personas acusadas en Venezuela de haber cometido el acto terrorista.
Repitiendo los alegatos de la defensa dominicana en la OEA dijo que “ningún avión aterrizó o salió (de la base militar de San Isidro). Tenemos los manifiestos de los aeropuertos para probar que los supuestos vuelos (de aviones) venezolanos nunca llegaron en esas fechas o en cualquier otra fecha”. Más adelante insistió en que el complot contra Betancourt era un asunto estrictamente interno del cual nada sabían o tenían que ver los dominicanos.
Raymont cita a Trujillo diciendo que Betancourt utilizaba el atentado sufrido el 24 de junio para cubrir una situación explosiva en su país y para “dar salida a su odio patológico contra mí”. Y resaltaba en su versión de la entrevista que a pesar de que Trujillo reafirmaba no retribuir tal odio contra Betancourt se refería a éste “en términos despectivos”. En respuesta a preguntas del corresponsal sobre los cargos presentados por Venezuela, dijo no abrigar dudas de que el Gobierno de ese país “continúa organizando un movimiento para derrocar” el régimen dominicano.
Gran parte de la entrevista giró sobre las acusaciones de que se había visto en dos oportunidades con los acusados del atentado. Trujillo respondió diciendo que no conocía a otros venezolanos como no fuera a los diplomáticos que habían sido legítimamente acreditados ante el Gobierno del país previo al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos Estados. Mencionó específicamente a Luis M. Chafardet Urbina, el último embajador del depuesto dictador Marcos Pérez Jiménez.
Raymont habló también en la antesala del despacho de Trujillo con Chafardet Urbina. En la crónica que transmitió la agencia de la entrevista con Trujillo, y que El Caribe destacara en primera página el 31 de julio, el ex diplomático es citado admitiendo francamente que él ha “conspirado y continuará conspirando” contra Betancourt.
Finalmente, el Consejo de la OEA aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio, la fecha y sede de la reunión del Órgano de Consulta encargada de decidir sobre las acusaciones venezolanas, ahora reforzadas por el informe de la Comisión investigadora que encontró al Gobierno dominicano culpable de colaborar con los acusados de haber planeado el asesinato del presidente venezolano.
Miguel Guerrero
La resolución fijaba para el 16 de agosto en San José, Costa Rica, el inicio de la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la misma sesión, el Consejo aprobó también el Informe de la Comisión de Reglamento del Consejo y de la Unión Panamericana para regir dicha reunión, con lo cual se daba el último paso hacia la fase crucial del proceso.
Mientras se aceleraban los preparativos de esta histórica cita de Cancilleres, Trujillo hizo un último intento por desviar el curso de la acción diplomática. El 9 de agosto, el embajador Díaz Ordóñez entregó al presidente del Consejo, Sánchez Gavito, una comunicación del Canciller Herrera Báez solicitando una investigación nueva, esta vez sobre actividades del régimen venezolano.
“El Consejo de la Organización de los Estados Americanos debería designar una comisión de plenipotenciarios”, pedía Herrera Báez, “para investigar la irresponsable insinuación que se ha hecho en los medios oficiales venezolanos en el sentido de que los participantes en los alegados planes terroristas que acaban de descubrirse en Caracas contaban con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana. Esta investigación denunciaría la tendencia favorita del Presidente Betancourt de explicar la creciente oposición contra su régimen, que se manifiesta esporádicamente en brotes subversivos y conspiraciones, en causas fuera de Venezuela cuando el único origen de esas dificultades radica en la incapacidad de su régimen para resolver los agudos problemas sociales y económicos que afectan ese país”.
Se trataba, obviamente, de un estéril y desesperado intento por evitar lo que a todas luces le venía encima al gobierno dominicano. El marco de discusión estaba ya preparado en San José. Mientras, crecía la impresión de que el informe de la Comisión investigadora de alguna forma influiría en la marcha de los debates en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Si esto ocurría así, era obvio que las posibilidades de Trujillo de salir airoso de esta prueba difícil eran, de antemano, muy reducidas.
Los antecedentes en la organización no le conferían muchas oportunidades al dictador dominicano. En la primera conferencia reunida en Bogotá en 1948, se había discutido ampliamente el tema de la defensa y preservación de la democracia en América. Tras prolongados debates se aprobó la resolución 32 condenando en nombre de los derechos de gentes la violencia en la vida pública de las naciones del Continente de cualquier presencia extranjera. Igualmente en aquella oportunidad se hizo constar la franca condena de todo sistema tendente a suprimir los derechos políticos y civiles.
Tres años más tarde, en la Cuarta Reunión de Consulta de Cancilleres, celebrada en Washington, se volvió a discutir el asunto. En dicha oportunidad se planteó en la resolución octava la adopción de medidas necesarias para desarraigar o impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros encaminados a subvertir por la violencia las instituciones de los países miembros, o dirigidas a fomentar desórdenes internos o a perturbar, mediante el empleo de propaganda subversiva, amenaza o cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos a gobernarse por sí mismo de acuerdo con las aspiraciones democráticas.
La Carta de la OEA y el Tratado de Río de Asistencia Recíproca establecían claramente los procedimientos a seguir cuando peligra el orden constitucional de un país por interferencia de otro. En fin, el ordenamiento jurídico de la OEA estaba diseñado para asegurar y defender la paz hemisférica. Las crecientes tensiones en el Caribe parecían ahora poner esa paz bajo amenaza. Si estos antecedentes prevalecían en la próxima reunión de San José, difícilmente el Gobierno dominicano podría librarse de una resolución condenatoria.
Mientras se aproximaba la fecha de la reunión las especulaciones tendían a dominar los distintos escenarios de la organización. La preocupación externada por algunos medios en la OEA giraba alrededor de la posibilidad de que ella pudiera resultar erosionada como resultado de la decisión que la cita de San José adoptara, cualquiera fuera el tono de la misma.
Los sentimientos nacionales envueltos en el conflicto eran demasiado fuertes. Dos países, con ejércitos bien dotados y capacidad para dañarse mutuamente, se encontraban al borde una confrontación. Sólo la reunión de Cancilleres convocada para mediados de agosto en la capital costarricense, estaba ahora en capacidad de evitar un choque armado entre las partes.
Tal vez nada reflejara mejor el tono de ese ambiente de tensión, como el comentario difundido por Radio Caracas, captado y transcrito por la Estación Monitora que el coronel Abbes García enviaría de inmediato al despacho del Generalísimo:
“La Organización de Estados Americanos tiene ahora la mejor oportunidad para probar su eficacia y asegurar su prestigio; si no cumple su deber, no quedará otra solución que considerarla inútil, y por consiguiente abandonarla”.
Los efectos de las sanciones fueron devastadoras para el régimen. Poco meses después, el 30 de mayo de 1961, Trujillo caía abatido a balazos en las afueras de la ciudad que hizo designar con su nombre.
Muchas gracias.
Fuentes:
La ira del tirano (Miguel Guerrero-Editora Corripio, 1994).
Archivos de la Policía Técnica judicial de Venezuela.
Archivos de la Fundación Rómulo Betancourt.
Archivo General de la Nación.
Diarios de la época.
Entrevistas realizadas por el autor en Santo Domingo y Caracas.
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