OPINION: La salida de Ramfis Trujillo
Rafael Trujillo Martínez (Ramfis).
El 19 de noviembre de 1961, hace 56 años, un grupo de militares de alto rango se rebeló contra los familiares de Rafael L. Trujillo y concitaron de inmediato el respaldo de las organizaciones políticas surgidas después del asesinato del dictador, así como del gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, toda la familia Trujillo fue expulsada del país.
EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
Antes de partir el general Rafael L. Trujillo hijo (Ramfis), que ostentaba el flamante cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hizo fondear en el muelle de Andrés, Boca Chica, el yate Angelita para trasladar hasta Cannes, Francia, el cadáver de su padre y cantidades de cajas, herméticamente cerradas, cargadas de dólares y lingotes de oro. La nave era escoltada por la Fragata 101, de la Marina de Guerra, al mando del entonces capitán de Navío Francisco Javier Rivera Caminero.
En otro yate, el Presidente Trujillo, comandado por el capitán César Gil García, iba el general Trujillo hijo, su cuñado Luis José León Estévez y sus amigos Gilberto Sánchez Rubirosa y Marcos Gómez hijo, además de una hermosa alemana que compartía la primavera con el general en su casa veraniega de Andrés, donde hoy está el Club Náutico de Santo Domingo.
En la madrugada del lunes 20 de noviembre el yate llegó al puerto de Basse-Terre, Guadalupe y continuó ruta hacia Point-a-Pitre donde los pasajeros tomaron un avión con destino a Paris. Posteriormente la fragata fue retornada a la base naval de Las Calderas, en Baní.
RETORNO DE LA NAVE
Yate Angelita.
El presidente Joaquín Balaguer permanecía en el poder y como figura preponderante de la rebelión surgió el coronel Pedro Rodríguez Echavarría, que comandaba la base aérea de Santiago. Cuando el nuevo líder militar recibió la noticia de la salida irregular del yate por el muelle de Andrés, Boca Chica, por vía telefónica, dispuso el cambio de la tripulación del barco y ordenó al nuevo comandante retornarla de inmediato al país, lo que se produjo en la madrugada del día 29. Para la ocasión Rodríguez Echavarría había sido ascendido a mayor general designado secretario de las Fuerzas Armadas.
Enterado de la situación Balaguer, que maniobraba para mantenerse en el poder y sobrevivir políticamente, nombró una comisión mixta que inspeccionara el buque y determinara la veracidad de los comentarios respecto a las propiedades que llevaban consigo los familiares de Trujillo.
El grupo lo encabezaban los licenciados Carlos Rafael Goico Morales y Emilio Rodríguez Demorizi. En una primera inspección de la nave en Las Calderas, Demorizi propuso trasladar el cargamento hasta Santo Domingo, pero Goico Morales sugirió que previamente se levantaran actas notariales que certificaran la existencia real del contenido del yate-
Antes del traslado del buque desde Las Calderas hasta el muelle en Santo Domingo Goico Morales llamó al recién nombrado gobernador del Banco Central, licenciado Silvestre Alba de Moya, para que permitiera el uso de las bóvedas de la institución para guardar los objetos encontrados en la nave. Se escogió a los licenciados Diógenes Fernández y Luis Manuel Guerrero, funcionarios del banco, para que bajo inventario recibieran el cargamento.
En su obra “Los últimos días de la Era de Trujillo”, páginas 276 y siguientes, el periodista y escritor Miguel Guerrero, revela que un día después que la comisión presidencial dejara oficialmente depositados los bienes, el gobernador Alba de Moya recibe un llamada del general Rodríguez Echavarría donde le comunica que: “Ramfis le había llamado desde Paris para pedirle que abriera algunos de los paquetes y archivos incautados en el yate, y así salvar una documentación que él (Ramfis) deseaba conservar. A juzgar por la insistencia del ex jefe de Estado Mayor Conjunto, agrega Guerrero, se trataba de documentos muy importantes, y que por consiguiente Ramfis enviaría a personas de su confianza a recoger esos papeles. Todo lo que tendría que hacer Alba de Moya como gobernador, era disponer que se abriera la bóveda, ya que sus emisarios se encararían de hacer un inventario para el banco de los bultos a retirar.
Rafael L. Trujillo y su hijo Ramfis
El gobernador del bancentral respondió al general que él carecía de autoridad para disponer la apertura de la bóveda donde se habían guardado los documentos “porque el Presidente Balaguer designó una comisión para que maneje todos estos asuntos”. Su intervención, dijo, se limitaba únicamente a facilitar el uso de las bóvedas. Rodríguez Echavarría alzó la voz para espetarle: ¿Cree usted que yo actuaria sin el consentimiento del Presidente de la República?, a lo que Alba de Moya respondió:
-“En ningún momento he pensado eso, general. Ni tampoco he dudado de su palabra. Pero el Presidente actuó por decreto al nombrar la comisión, y en consecuencia, para desconocer a la comisión que él mismo ha designado, debo esperar otro decreto”.
En lo adelante hubo un tenso momento de silencio del otro lado de la línea, donde estaba el militar. Sin añadir más palabras, Rodríguez Echavarría cerró con fuerza el teléfono, y no volvió a tocar este tema al gobernador ni el funcionario hizo referencia alguna de ello al Presidente.
INVENTARIO
A mediados de diciembre del mismo año 1961 el gobierno hizo público el valor de los objetos y dinero incautados en la revisión del yate Angelita. Los documentos incluían certificados de depósitos en el exterior por valor de US$24,270,328.53, más US$3,960,300.00 dólares en cheques. Los agentes eran los bancos Nova Scottia y Royal Bank, de Canadá.
Los cheques y certificados estaban a nombre de Rafael L. Trujillo hijo y de tres corporaciones propiedad de su madre María Martínez de Trujillo. Los cheques estaban endosados por Ramfis a favor de las empresas de su madre y procedían de compañías privadas dominicanas y de bancos.)
JPM
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