Informe Cámara de Cuentas cita poca claridad de decreto creó la OMSA entre posibles causas irregularidades.

Toga Por Rafael Zapata G. lunes 16 de abril, 2018.

 El informe comprende el período 2012-2017, presidido por el ingeniero Manuel Rivas. (Fuente externa).

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas citó la “no claridad” del decreto que creó la institución entre las posibles causa de las “inobservancias o irregularidades” detectadas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Entre las conclusiones del informe remitido por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República, figura que el enfoque del decreto se refiere de “manera directa a los servicios de preparación, mantenimiento, reparación y despacho de la flota de autobuses, reflejando una especie de taller”, cuando la finalidad principal de ésta (la OMSA) “es brindar los servicios de transporte en la ciudad de Santo Domingo y en la provincia Santiago de los Caballeros.

“Analizado el decreto No. 448-97, que crea la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), observamos que, al momento de su elaboración, no toma en cuenta ni prevé las consecuencias futuras que pudiera traer la no claridad del objeto que define la naturaleza y esencia para la que se crea esta Dirección”, establece el informe.

Asimismo, el estudio reveló que el citado decreto quedó derogado con la entrada en vigencia de la Ley No. 63- 17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, la cual establece en el artículo 356 que la OMSA sería transformada en una empresa pública o mixta público-privada.

“Sin embargo, a un año de promulgada la ley, la OMSA no ha sido transformada como establece el nuevo marco legal”, cuestiona el informe,  antes de agregar que esta disposición “promete tener un mayor control, calidad y organización en el servicio de transporte”.

En este informe realizado a la OMSA a raíz de la muerte del abogado Yuniol Ramírez, quien había denunciado las supuestas anomalías que se estarían ejecutando allí, se determinó que el organismo estatal pagó sin contrato la suma de RD$2,157,174,862 a proveedores, algunos de los cuales son inexistentes y otros eran funcionarios de la propia institución.

Asimismo, realizó compras de forma directa por RD$2,209,242,493, sin tomar en consideración la formalidad de contratación establecida por Ley, entre muchas otras anomalías.

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