El otro ejército que seguía a los Tercios de Flandes: las «mujeres públicas» de los soldados españoles
El número de prostitutas se situaba entre tres y cinco por compañía (cada compañía la formaban unos 250 cada una), que, en muchos casos, acababan convirtiéndose en compañeras asiduas del soldado, compartiendo con él el sueldo y el botín que pudiera obtener.
Hasta el extremo se temía el matrimonio, que una ordenanza de 1632 determinó que de las tropas españolas e italianas que servían en los Países Bajos solo una sexta parte de sus efectivos podían estar casados (cifra superior a la que dos siglos después se permitía en el ejército británico), siendo necesario expulsar a los excedentes para evitar el surgimiento de lo que el Rey consideraba ejércitos paralelos: «Uno de vivos, que me sirven, y otro de muertos, que me sirvieron, en sus mujeres e hijos». De esta forma, los capitanes y oficiales podían casarse únicamente si contaban con el consentimiento expreso del Rey, o del capitán general. Los oficiales de menor graduación también podían casarse siempre y cuando así lo autorizaban sus superiores, quienes debían cuidar que los matrimonios no fueran con mujeres pobres o infames, pues en la milicia el honor y la honra eran la misma cosa.
Sin despeñar a las mujeres públicas, la mayoría de soldados tendían a relaciones duraderas, fueran bendecidas o no, con gentes de la zona o con públicas que a fuerza del roce se habían hecho privadas. Formar familias, a veces en paralelo a las que habían dejado en España, era su forma de paliar la soledad que provocaban años sirviendo en el extranjero. Las autoridades procuraban ser comprensivos con estas familias no legales. Se crearon instituciones en Flandes para acoger a las hijas de soldados españoles con estas parejas y, a nivel de testamentos, se mostró una enorme flexibilidad a la hora de reconocer a estas familias «que estuvieran en el campo», es decir, que convivieran con él, en la misma escala que a las familias que tuviera «en su tierra».
La prevención de enfermedades venéreas, que afectaban a cientos de soldados, resultaba otra de las razones por las que los mandos militares reglamentaban al detalle la prostitución. En tiempos delDuque de Alba, se realizaban inspecciones cada ocho días a las prostitutas, que sin la cédula de visita diaria en regla podían perder sus bienes, ser expulsadas de los tercios o sometidas incluso a doscientos azotes. El capitán barrachel de campaña y sus ayudantes se encargaban de vigilar la disciplina de las tropas y poner coto a perniciosas costumbres con una dureza extrema.
En su libro ya clásico «Los Tercios de España: La infantería legendaria» (EDAF), Fernando Martínez Laínez también recuerda que las relaciones entre soldados estaba fuertemente perseguidas. La sodomía era un grave delito, cuya investigación correspondía a la Inquisición, que denunció a varios soldados por «bujarrones», como se llamaba de forma despectiva a los homosexuales entre las filas de los Tercios. Uno de los casos más conocidos, recogido por el señor de Bourdeille, terminó con un capitán general de la costa de Berbería quemado por sodomita en tiempos de Carlos V.
Las «mancebías» públicas
En el denominado Siglo de Oro, se establecieron en territorio español burdeles públicos (llamados «mancebías»), tolerados, reglamentados y amparados por los gobiernos. Considerándolo un mal menor, Felipe II expidió pragmáticas para que todas las grandes ciudades de Castilla contaran con una «mancebía», especialmente las que se hallaran cerca de un puerto o de una universidad, por ser los marineros y los estudiantes dados a estos centros.
Si a principios del siguiente reinado, el de su hijo Felipe III, únicamente funcionaban tres «mancebías» en la capital, esta cifra se disparó al ritmo en el que se liberaba la moralidad del Rey. En el periodo de Felipe IV, hombre conocido por su interminable legión de hijos ilegítimos, la cifra sobrepasaba las 800 casas públicas en la noche madrileña, según cifras recogidas por José Deleito y Piñuela en su libro «La mala vida en la España de Felipe IV».
La ley dejaba poco margen a los subterfugios en estas mancebías. La joven que quisiera dedicarse al oficio debía acreditar ante el juez de su barrio ser mayor de doce años, haber perdido la virginidad, ser huérfana y no ser noble. Aun así, el juez trataba de disuadirla de su propósito con una plática moral que, en caso de no surtir efecto, dejaba paso a una autorización por escrito para que ejerciera el oficio más antiguo del mundo. Un médico visitaba el burdel de vez en cuando para certificar que estuvieran sanas, y en caso de encontrar una posible infección se prohibía ejercer el oficio a las afectadas. La prevención contra la sífilis eran prioritaria, como así advierte un pregón general para «la buena gobernación de esta corte» fechado en 1585:
«Otrosí mandan que ninguna mujer enamorada que haya estado, o esté enferma de bubas, si fuese vecina desta Villa no gana en ella ni en la mancebía, so pena de cien azotes, y que para que no fuera vecina ni natural, no gane, y se vaya luego de la Corte, so pena de cien azotes».
Sobre el vestuario de las prostitutas, las Ordenanzas de Mancebía—recopiladas ya en tiempos del Rey Felipe IV— disponían que estas mujeres debían portar medios mantos negros (mantillas) para distinguirlas de las mujeres pretendidamente honradas, que portaban manto entero. De ahí que a las prostitutas las llamaran «damas de medio manto» y, dado que llevaban telas en picos de color pardo, se usa, aún hoy, la expresión «irse de picos pardos» para apuntar que alguien anda por la mala vida. Las mujeres públicas se pintaban de forma exagerada para embellecer su rostro y disimular, en muchos casos, las marcas de viruela. Según el sorprendido viajero francés Antoine de Brunel, las pinturas y los adobos no se limitaban a la cara:
«Tienen también camisas bordadas de encajes en sitios que solo ven sus galanes: es cierto que esos encajes bastos y picadillos que se traen de Lorena y de Provenza, y con los que adornan la ropa los campesinos, pues los de Flandes les son ignorados».
Mil nombres para las prostitutas
Las palabras para denominar a las prostitutas eran de una variedad asombrosa, sirviendo cada una de ellas para destacar su especialidad. «Andorra» era la prostituta callejera; «atacandiles», «devotas» o «mulas del diablo», las dedicadas a los clérigos; «escalfafulleras», las más humildes; «gorrona de puchero en cinta», «hurgamandera» o «lechuza de medio ojo», las que iban con velo; «maleta», la que acompañaba a la milicia; «mujer de manto tendido», las que se prostituían por cuenta propia; «pandorga», la vieja y gorda; «pitrolfera», las que iban a domicilio; «quilotra», «tronga», «trotona» o «trucha», las más jóvenes; «damas de achaque» o «marcas godeñas», las que cobraban en metálico; «enamoradas» o «cantoneras», las que estaban apostadas en las esquinas; e «izas, «rabizas, «colipoterras», «golfas», «pellejas» o «mulas de alquiler», las de peor consideración. A nivel militar, la gama de nombres iba desde «metresa» a «quiraca».
Era frecuente que estas trabajadoras asistieran con hábitos y escapularios a procesiones y actos religiosos. Se extendió tanto esta costumbre que Felipe IItuvo que prohibir su presencia, cuando las mujeres «decentes» dejaron de acudir para que no se las confundiera con las pecadoras. Algunos viernes de Cuaresma dos alguaciles de Madrid conducían a las prostitutas de los burdeles a la Iglesia del Carmen Calzado, donde un predicador las exhortaba a salir de la mala vida. Y, en otra muestra de la hipocresía imperante, se estimaba a los dueños de los burdeles, los «padres» o «madres» que explotaban a estas mujeres, como profesionales respetados. Se les daba así el título y trato de «hombres de bien».
Frente a la multiplicación de prostíbulos en poco tiempo, el Conde-Duque de Olivares intentó restringir la práctica, unificando los burdeles en la Calle Mayor e incluso suprimiéndolos todos, lo que solo logró dispersar y esconder el problema, pero no eliminarlo. La Iglesia exigió a Felipe IV que acabara con aquellos excesos, si bien ni en la Corte ni entre los clérigos todos compartían la opinión de aplicar medidas coercitivas. El fraile Pedro Zapata, que acabó desterrado por lenguaraz, creía que el haber legalizado la prostitución resultaba un mal menor dentro de un fenómeno que iba a seguir existiendo bajo toda condición:
«Que en su conciencia las mancebías públicas, vigiladas con cuidado por el gobierno y sujetas a ciertas reglas eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, y así que se veía mayores males de su prohibición que los que se producían las casas mancebías»
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