El Amazonas, preso del turbio juego político en Brasil
Foto que muestra la deforestación en el Amazonas. Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
El presidente brasileño, Michel Temer, el primero en la historia del país en ser acusado de corrupción y asociación ilícita en pleno ejercicio del poder, promueve una reducción de la protección medioambiental de la mayor selva del planeta para satisfacer a varios lobbies económicos y garantizar el apoyo del Parlamento, el único capaz de evitar que sea imputado.
El Presidente brasileño se prepara para una nueva batalla en el pleno del Congreso, que debe decidir en las próximas semanas si admite a trámite o bloquea la segunda denuncia contra él presentada por el Ministerio Público, esta vez por asociación ilícita y obstrucción a la justicia. El jefe del Estado, asediado por los procesos de corrupción que azotan a su Gobierno desde que asumió el poder en Brasil en mayo de 2016, deberá articular una nueva ronda de negociaciones para que al menos un tercio de los 513 diputados voten contra la demanda. De lo contrario, será imputado y apartado del poder por 180 días. Una hipótesis que por ahora parece poco probable.
“Temer promoverá una nueva ronda de distribución de carne a las hienas del bajo clero parlamentario para asegurar su supervivencia”, resumía hace unos días el comentarista político Marcos Augusto Gonçales en el diario la Folha de Sao Paulo. De esta forma se refería a las polémicas tácticas del Presidente empleadas para frenar en sede legislativa la primera denuncia, por corrupción, que fue rechazada por 263 diputados en agosto. Entre las prebendas de Temer a decenas de diputados a cambio del voto, la aprobación de más de 600 millones de euros en gastos discrecionales. Una cifra que contrasta con los profundos recortes en salud y educación, y que incluso fue objeto de una infructuosa demanda judicial a cargo de la oposición. Para Temer se trata de una estrategia de supervivencia, ya que, en vísperas de las elecciones de 2018, el coste de apoyar al presidente con menor popular desde el fin de la dictadura militar, en 1985, sale caro. La otra gran víctima de ese juego político es el Amazonas.
Temer tiene en el Parlamento uno de sus más poderosos defensores: la llamada bancada ruralista. Se trata de un grupo heterogéneo de más de 200 diputados que, con miembros de partidos de diversas ideologías, defiende la expansión de la industria agropecuaria, uno de los motores de la economía, con casi 85.000 millones de dólares en exportaciones en 2016. En agosto, la mitad de los diputados que votaron para archivar la denuncia eran miembros de ese grupo, según la web especializada De Olho Nos Ruralistas. Esos parlamentarios representan los intereses de ganaderos, multinacionales de la soja, grandes propietarios de tierra y herederos de las otrora determinantes élites cafetero-azucareras. Todos ellos abogan por reducir la estricta legislación medioambiental para abrir nuevas áreas al capitalismo y, de esta forma, convertir a Brasil en el mayor exportador mundial de alimentos –por delante de Estados Unidos– en vísperas de la revolución demográfica. La gran cuestión en discusión es la expansión de las fronteras agrícolas y mineras en áreas preservadas del Amazonas.
Zona deforestada en medio del Amazonas por la explotación maderera. Raphael Alves/AFP/Getty Images
El toma y daca entre las partes ha sido más evidente cuanto más se ha estrechado el cerco judicial contra el Presidente. En mayo, el Gobierno propuso al Parlamento la reducción de la protección de cientos de miles de hectáreas de la reserva de Jamanxim, en el estado de Pará. Se trata de una medida para permitir las actividades económicas –como la extracción de oro, madera o la ganadería– en un área que, a pesar de estar vetada al hombre, ya era objeto de intensas violaciones medioambientales. En junio, Temer aprobó elevar el tamaño de la amnistía a fincas irregulares hasta las 2.500 hectáreas –un área equivalente al mismo número de campos de fútbol– en una controvertida decisión por legalizar propiedades rurales que, en ocasiones, son producto del robo de tierras públicas y la deforestación. Dos meses después, en agosto, el Ejecutivo aprobó un decreto que eliminaba las restricciones a la minería en la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca, en sus siglas en portugués). La presión de la sociedad civil nacional e internacional, que logró sumar el apoyo de figuras como la modelo brasileña Gisele Bündchen, logró frenar la erradicación de este parque amazónico de un tamaño de 46.000 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a Aragón.
A pesar de esas decisiones Temer defendió en la Asamblea General de Naciones Unidas el rol de Brasil en proteger supuestamente el Amazonas. “La deforestación es una cuestión que nos preocupa”, aseveró, en aparente contradicción con las consignas de su Gobierno para reducir drásticamente el presupuesto de los órganos fiscalizadores del medioambiente, así como de los que protegen al cerca de un millón de indígenas brasileños, entre ellos algunos pocos centenares no contactados. El IBAMA, institución encargada de velar por el patrimonio natural, apenas cuenta con seis helicópteros en su flota, pero sus recursos han menguado hasta el punto de que tuvo que recibir fondos internacionales en noviembre para poder comprar combustible para sus aeronaves. Más dramática es la situación de la Funai, que cuida del bienestar de los indios. Con su presupuesto para misiones reducido en un 50%, muchas tribus están abandonadas a su suerte en regiones remotas de selva y sufren constantes invasiones en sus tierras de madereros o buscadores de oro ilegales. Ante ese escenario, algunos han decidido pasar a la acción defendiendo por sus propios medios sus territorios tradicionales.
Los conflictos en esas zonas han repuntado, y se han producido incluso supuestas masacres en tribus no contactadas, que representan probablemente los últimos habitantes de este planeta que viven al margen de la sociedad envolvente. “La reducción presupuestal en la Funai es algo deliberado, no es un error, ni el resultado de falta de dinero”, explica a esglobal la experta Sarah Shenker, de la organización Survival International, que promueve los intereses del centenar de tribus aisladas que existen en el planeta. “Se trata de debilitar a la institución, que es algo que quiere la bancada ruralista, para poder abrir las reservas indígenas, ya que es allí donde están hoy los recursos naturales”, agrega.
En Brasil, la sociedad civil acusa desde hace meses al Gobierno de Temer de lanzar “la mayor ofensiva antiambiental” en décadas. “Tras los avances significativos en la reducción de la tasa de deforestación, en la demarcación de tierras indígenas y en la creación de reservas durante la década pasada –manteniendo al mismo tiempo un fuerte crecimiento económico, cosechas récord y generación de empleos–, Brasil parece retroceder a la década de 1980, cuando era un paria internacional por causa de la destrucción acelerada de su patrimonio natural”, critica el Observatorio del clima, una organización ecologista brasileña que monitorea las emisiones en el país.
En 1990, Brasil acumulaba año tras año más de 20.000 kilómetros cuadrados de selva deforestada, una herencia de las políticas de desarrollo de la dictadura militar brasileña (1964-1985), cuando el Amazonas se abrió al capital internacional y al desarrollo a gran escala con la exploración de inmensos yacimientos de mineral de hierro, la construcción de presas hidroeléctricas y la apertura de miles de kilómetros de carreteras en zonas vírgenes. La destrucción de la selva se convirtió en un símbolo de los impactos humanos en el planeta, y el movimiento ecologista ganó peso en el debate internacional sobre el futuro del Amazonas. Hoy, sin embargo, el cambio climático está más asociado en el imaginario colectivo a los menguantes glaciales de los polos.
Un niño indígena brasileño en el Amazonas. Antonio Scorza/AFP/Getty Images
Actualmente los índices de deforestación en el Amazonas llegan a 8.000 kilómetros cuadrados, a pesar de que casi la mitad de la selva está bajo algún tipo de protección legislativa y de que toda la selva es vigilada por satélite. El 20% total de la cobertura forestal –un área de la extensión de dos veces Alemania– ya ha sido erradicada por el hombre, y lo más desalentador es que en las últimas cuatro décadas se ha provocado mayor destrucción en que los últimos cuatro siglos. La expansión del sector agropecuario brasileño es la causa principal. El 70% de las emisiones brasileñas de gases con efecto invernadero provienen de la suma de la actividad agrícola –son 215 millones de vacas brasileñas emitiendo metano– y la liberación del CO2 almacenado en los bosques cuando éstos son víctima de las motosierras o el fuego.
Algunos países han tratado de influenciar con cuantiosas donaciones que Brasil mantenga la selva en pie. Noruega, el mayor contribuidor, ha transferido unos 1.100 millones de dólares en la última década. Sin embargo, el repunte en los índices de deforestación en 2016 provocó que en junio, durante la visita de Temer al país nórdico, Oslo anunciara una reducción de cerca del 60% de sus contribuciones anualesal Fondo Amazonia, creado en 2008 por el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva para financiar a proteger la selva. “No se trata de una cuestión política. Las contribuciones están vinculadas a los objetivos de reducción de emisiones y, por lo tanto, de reducción de deforestación”, explicó a esglobaluna fuente diplomática noruega en Brasilia que pidió que su nombre no fuera citado. Europa tendrá una oportunidad de presionar durante las negociaciones comerciales con el Mercosur.
No se trata solo de los bosques, sino de la exacerbación de los conflictos, pues como explica el profesor Girolamo Treccani, de la Universidad Federal de Pará (Brasil), la deforestación es hoy una estrategia de apropiación de tierras, más que una lógica económica agrícola. “El Amazonas es hoy escenario de un caos sobre la propiedad de la tierra. Pero el Congreso brasileño no tiene ningún interés por legislar para reducir los conflictos, pues está dominado por parlamentarios que representan al agronegocio”, critica Treccani, y menciona la lucha entre indígenas, pequeños campesinos sin tierra y los grandes terratenientes. Así, el Amazonas se ha convertido en el lugar más peligroso del planeta para un activista medioambiental, según la organización Global Witness, mientras la Comisión Pastoral de la Tierra –institución vinculada a la Iglesia católica brasileña y referente en la supervisión de los conflictos en el campo desde hace 40 años– denuncia una escalada de asesinatos de agricultores familiares a manos de mercenarios a sueldo de grandes terratenientes.
https://www.esglobal.org/el-amazonas-preso-del-turbio-juego-politico-en-brasil/
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