La Ciudad la construimos todos y todas día tras día. Sin embargo, constantemente somos excluidos de la toma de decisiones sobre las políticas públicas que afectan al colectivo. Las personas que viven en condiciones de empobrecimiento son las más afectadas. Necesidades como el acceso a agua potable, la recogida de desechos sólidos, la energía eléctrica y la salud se han convertido en privilegios privatizados más que en derechos garantizados por el Estado.
Desde Ciudad Alternativa vemos la ciudad, no como un resultado sino como un proceso histórico que está en constante producción. La ciudad es la materialización socio-espacial de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas entre grupos y clases sociales a través de los “modelos de desarrollo” impulsados por el sistema económico dominicano mediante la intervención del Estado. En ésta se expresa además, el complejo entramado de relaciones de poder y de clases, así como las estrategias de los distintos grupos sociales por la apropiación del espacio urbano.
En los estudios sobre la cuestión urbana existe un elemento que es fundamental. La forma en que, en un economía de mercado (hoy en día en su fase neoliberal), distintos grupos sociales producen “ciudad”. Ya sea para la obtención de una renta económica, para satisfacer necesidades o para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las anteriores.
Es en esta lucha, por la apropiación del espacio urbano de los grupos desfavorecidos y en condiciones de empobrecimiento, que Ciudad Alternativa desarrolla su labor de acompañamiento técnico y social. Con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad justa, equitativa, participativa y democrática basada en el cumplimiento del derecho a la ciudad, en un hábitat saludable y vivienda segura. Trabajamos para la garantía de la vida digna de la población, partiendo siempre desde la gente, sus conocimientos, prácticas y costumbres.
En nuestra experiencia, vemos que el espacio de la ciudad no es inerte, estamos atados a una relación dialéctica con él. Esto significa que al mismo tiempo que la producimos y esta se materializa, nos condiciona, ya sea restringiendo o potenciando las estructuras de oportunidades necesarias para la vida digna. Al mismo tiempo, esta naturaleza social de la ciudad significa que ésta, “es uno de los lugares donde se afirma y ejerce el poder, y sin duda en la forma más sutil, la de la violencia simbólica como violencia inadvertida” (Bourdieu, 2002).
La complejidad radica, en parte, en que las estructuras, por ejemplo, de la ciudad de Santo Domingo, expresan esas jerarquías y distancias sociales que son históricamente producidas pero que quedan naturalizadas o normalizadas. Se convierten en imaginarios difíciles de desarraigar de nuestras mentes y esto afecta principalmente a las personas en condiciones de empobrecimiento.
Tomemos el caso del concepto “barrios marginados”. Es un nombre que trae consigo un estigma. Es el barrio que está “al margen”, distante del “centro”. Se piensa como excluido de los procesos de acumulación de la ciudad formal, moderna y en “vías de desarrollo”. Hoy entendemos estos lugares como parte de una lógica que retroalimenta y sostiene la reproducción social de grupos sociales medios y medio alto de la “ciudad formal”.
En la búsqueda por explicar el fenómeno, la idea de marginalidad crea una línea divisoria entre lo que se entiende como bien y mal, atraso y desarrollo, pobreza y riqueza. Todavía al día de hoy, cuando pensamos en la ciudad, estamos replicando estos modelos de pensamiento dualistas. Desde el punto de vista del urbanismo, en República Dominicana ha existido tradicionalmente un enfoque de la planificación que ha generado un discurso “integracionista” y que parte de una visión colonizadora de los “barrios marginados” donde se trata de “tender puentes” para que la gente acceda a “la ciudad”, haciendo al mismo tiempo la aseveración de que “esa” gente no forma parte de ella, no existe, y para existir hay que acceder a ella a través de la normalización, la formalización o la modernización. Esta dicotomía niega una realidad, y pone en cuestión la conceptualización misma de lo que es una ciudad.
Un ejemplo muy claro, es el objetivo del proyecto Nuevo Domingo Savio. “Conectar el barrio con el resto de la ciudad” decía Danilo en su discurso del 27 de febrero. Esta aseveración refuerza el imaginario de que este barrio, donde hasta hace un año habitaban 45,000 personas, no forma parte de la ciudad, pero en lo político administrativo está reconocido como parte de la ciudad. Evidencia incluso, cuáles son las soluciones que se piensan para solventar esta “situación”: una costosa avenida. Hasta el día de hoy el proyecto no está garantizando mejores empleos o el derecho a la vivienda.
Ese es un aspecto al que le damos mucha importancia. Cómo estas desigualdades que se viven en la ciudad se naturalizan y crean divisiones, barreras invisibles que hacen que determinados grupos no sean, ni se sientan parte de lo que día a día ayudan a construir. La ciudad “informal” sostiene la reproducción social de quienes habitan la ciudad “formal”, al mismo tiempo que la producen. Se da una agresión sin dar un golpe. Como Ciudad Alternativa nos proponemos cambiar esos imaginarios que existen sobre la población urbano-marginal.
En nuestro 30 aniversario reivindicamos el derecho que tenemos todas y todos de disfrutar de los beneficios que trae consigo vivir en ciudades. El reto que tenemos como sociedad es de garantizarnos, a todas y todos, el Derecho a la Ciudad. Para esto debemos de pensar, desde nuestras realidades, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de relaciones queremos cultivar y empujar a la construcción de una ciudad que potencie ese deseo, que lo haga realidad.
¿Qué implica el Derecho a la Ciudad? Tres elementos son importantes. El primero tiene que ver con la construcción y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Sin personas con derechos garantizados y ejerciendo sus deberes no hay ciudad. La ciudad no es sostenible ni justa si como personas nuestro hábitat no nos garantiza un ambiente de paz, de desarrollo colectivo y de respeto a las diversidades (etarias, de etnia, de género, de orientación política y religiosa) que nos enriquecen como sociedad. Implica pensar la ciudad desde una lógica de derechos y no simplemente lucrativa.
El segundo elemento tiene que ver con la gestión de la ciudad. Donde es esencial la participación de todos los grupos sociales de forma directa y representativa en la toma de decisiones sobre las políticas que intervienen en el ámbito urbano y su asignación presupuestaria. Por último, y no menos importante, la función social de la propiedad y de la ciudad, que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sostenible del espacio urbano. Es reconocer la importancia de esos intereses que son colectivos de tipo social, cultural y ambiental y que están por encima de intereses individuales y particulares.
Para garantizar el derecho a la ciudad se hace necesario que las políticas públicas y económicas prioricen al ser humano, de forma que la organización espacial, las vías de tránsito, la movilidad urbana, los servicios públicos y la construcción de viviendas sociales se realicen pensando en la gente y con la gente. Nuestro quehacer cotidiano, como sociedad y como Estado debe estar dirigido hacia la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, priorizando aquellas personas que están en clara desventaja. En el caso de Santo Domingo, estas personas son la mayoría.
En conclusión, la ciudad necesita políticas públicas de redistribución de esas riquezas que son socialmente producidas para que apuntemos a vivir dignamente en un hábitat saludable.
David Arbona, arquitecto urbanista del Equipo Técnico Ciudad Alternativa.
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