El Patrimonio Cultural: guerra, contrabando y destrucción

24 noviembre 2015 Alicia Torija López

Categoría: Afganistán Arqueología Depende Egipto España Estado Islámico Irak Libia ONU Siria Terrorismo yihadismo | Etiqueta:Bamiyán, Malí, Palmira, Patrimonio Cultural, Tombuctú, UNESCO

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Vistas de Palmira (Siria) en 2014. Patrimonio Cultural. (Joseph Eid/AFP/Getty Images)

El Patrimonio Cultural tiene unos valores universales que pertenecen a todos y que por todos deben ser protegidos. No se trata sólo de piedras, edificios o monumentos, también son pertenencia, identidades y valores. Si esto parece claro, ¿por qué se destruye?

“El islam obliga a destruir los restos del pasado”

Hablemos mejor de propaganda y manipulación. El islam, lo mismo que otras religiones, no resulta unitario. Para las doctrinas más fundamentalistas (consideradas por muchos fieles al margen de la ortodoxia) la historia empieza con el nacimiento del profeta y por tanto todo resto de un pasado anterior aMuḥammad debe ser borrado.

Para los extremistas de Daesh terminar del modo más inhumano con elementos que pertenecen a la memoria colectiva de la humanidad no es sino un modo más de manipulación ideológica, otro capítulo dentro de la depuración étnica y religiosa que están llevando a cabo.

La destrucción salvaje (y en muchos casos televisada) por estos grupos del patrimonio histórico genera un gran impacto propagandístico en Occidente. Arrasar lugares arqueológicos, quemar libros o destruir estatuas es tanto una provocación deliberada a sus no seguidores, como una reafirmación del islam que defienden ante sus fieles. Lo que ahora sucede en Siria con Daesh no es una excepción, ejemplos como lo sucedido con los budas de Bamiyán (Afganistán), Tombuctú (Malí), Libia o Egipto son muestra de ello.

También el patrimonio musulmán, en tanto que legado cultural identitario pero también universal, ha resultado objetivo de la destrucción por grupos no islamistas. Durante la guerra de Bosnia ultranacionalistas serbios y croatas incendiaron la biblioteca de Sarajevo, destruyeron la mezquita de Ferhadija y volaron el puente de Mostar entre otros ejemplos de Patrimonio Cultural.

“El tráfico ilícito y contrabando del Patrimonio Cultural es rentable”

Mucho. Se sabe que en la esfera internacional, el robo de arte y antigüedades es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. Según una investigación realizada por la Cámara de los Comunes de Reino Unido en julio de 2000 el tráfico ilícito en objetos antiguos tiene un valor estimado superior a 6.000 millones de dólares anuales (5.700 millones de euros aproximadamente). El FBI habló de un movimiento de 4.000 a 6.000 millones de dólares en 2010, superado sólo por la venta ilegal de armas y drogas. Los datos en cualquier caso no son fáciles de cotejar. Otras fuentes recogidas por UNESCO estiman que en 1993 las ventas de bienes culturales, legítimas e ilegítimas, realizadas en todo el mundo alcanzaron un valor de 39.300 millones de dólares. En los últimos años se sabe que este tráfico ha aumentado exponencialmente (al menos en un 50%) gracias a las ventas a través de Internet.

El pasado 12 de febrero Naciones Unidas adoptó la resolución 2199 en la que se condena la destrucción del patrimonio cultural en Irak y Siria, sea esta accidental o deliberada y señala también que el saqueo, las excavaciones ilegales y el contrabando de artículos del Patrimonio Cultural generan ingresos que apoyan y fortalecen la capacidad operativa de grupos extremistas religiosos (como el Estado Islámico). Esto implica que a las tradicionales bandas organizadas que operan habitualmente se ha añadido ahora el interés de grupos terroristas.

En la esfera internacional dos son la herramientas jurídicas fundamentales para luchar contra el tráfico de bienes: el protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y el convenio de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. En 2015 solo 30 Estados en todo el mundo habían ratificado ambos convenios. Que exista colaboración entre los diversos países y puedan perseguirse y juzgarse este tipo de delitos es imposible sin la adhesión a estos protocolos. Reino Unido, Alemania, Australia y Estados Unidos entre otros, no han ratificado ambos convenios.

“La destrucción deliberada del Patrimonio Cultural se trata de una práctica nueva”

La Historia lo desmiente. En tanto que el patrimonio es fundamentalmente memoria, ésta ha sido desde la antigüedad controlada y manipulada principalmente por el Estado. La Damnatio memoriae es una locución latina que significa literalmente “condena de la memoria” y sus principales –que no únicos- impulsores fueron Egipto y Roma. Los derrotados, lo que no es oficial, debe desaparecer y así al albur de esta práctica muchas inscripciones fueron borradas, estatuas desmanteladas, monumentos destruidos; Akenatón o Calígula serían ejemplos de esta memoria robada.

En la historia de España hay un momento especialmente trágico (pero no único) en cuanto a expolio premeditado se refiere, la guerra de la Independencia contra las tropas francesas entre 1808 y 1814. Los franceses sabían a qué venían y la eficacia burocrática napoleónica funcionó a la perfección. La rapiña sucedió tanto a manos de generales como de modo oficial. El museo josefino nace con el pretexto de salvar obras del saqueo y se convierte en una excusa expropiadora. Cuando finalmente José Bonaparte huye a Francia lleva con él más de 100 obras de autores como Velázquez, Murillo, Rubens o Tiziano; cuando estas obras resultan interceptadas por el duque de Wellington las autoridades españolas no muestras ningún interés en la recuperación de estos bienes y tras una larga espera el rey Fernando VII se las regala al duque.

“La guerra supone la mayor destrucción del patrimonio”

Podemos hablarlo. La guerra supone un tiempo en el que el control y la supervisión de robos, saqueos, tráfico ilícito y excavaciones arqueológicas no es una prioridad. Los objetos pequeños como monedas, figurillas arqueológicas, mosaicos… son fáciles de robar y mover. Una parte importante de este contrabando se hace por encargo y deja a sus intermediarios una plusvalía superior al 100% del valor de lo robado. Parece difícil renunciar a ese dinero fácil, en tiempos en los que la lucha es por la supervivencia. Los esfuerzos por la protección de los bienes culturales en casos de conflicto armado resultan loables pero claramente insuficientes; se calcula que tan solo se recupera un 10% de lo robado. El director general de Antigüedades y Museos de Siria, Maamún Abdelkarim, ha señalado recientemente la recuperación de unas 6.000 piezas arqueológicas que han salido ilegalmente del país durante el conflicto.

La guerra es siempre aniquiladora. No termina el día en el que se acaban las batallas, el dolor persiste mucho tiempo: los mutilados, los niños huérfanos, las ciudades heridas y arrasadas, la gente irremediablemente enloquecida. Hay muertos, familias enteras se convierten en refugiados, los niños sufren mutilaciones… Entonces, ¿por qué preocuparse de los monumentos? Algún día, el conflicto acabará, algún día, la gente volverá a su casa, de algún modo se reconstruirán las vidas destruidas… Preservar el Patrimonio Cultural ayuda a reconstruir las comunidades destruidas, a restablecer su identidad, a conectar su pasado con su presente y con su futuro. Borrar sin consecuencias el patrimonio es un crimen de guerra SÍ, de indolencia también.

Esta indolencia generada por el hombre es la principal de las amenazas al Patrimonio Cultural, pero no únicamente en tiempos de guerra. La gestión que se hace del mismo, en los últimos tiempos ha supuesto un retroceso grave y un menoscabo de sus valores. Valores que son de tipo cualitativo e intangible y por tanto difícilmente cuantificables (a la par que fácilmente manipulables). En este sentido la carencia de planes educativos que generen conocimiento y aprecio de estos bienes, el desinterés de los gobiernos, la especulación urbanística descontrolada, el fachadismo, o la sobreexplotación turística son según la UNESCO, estadísticamente más significativos, en la pérdida del Patrimonio Cultural, que los conflictos bélicos. A la mano directa del hombre habría que añadir como destructor constante el papel de la naturaleza, ya sea a través de desastres como terremotos, tifones o tsunamis o del propio cambio climático.

Por tanto, aunque su impacto es grande, ni las guerras ni el fundamentalismo religioso resultan ser cuantitativamente las causas principales de la destrucción del Patrimonio Cultural. En cualquier caso estas acciones no deben quedar impunes.

“En España esto no sucede”

Falso. En el territorio nacional, es la Guardia Civil en el ámbito de sus competencias (Ley Orgánica 2/86), la garante principal del control del tráfico ilícito y la destrucción del Patrimonio Cultural. Según datos oficiales y al amparo del Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español de 2012, en ese año se produjeron en fronteras, yacimientos arqueológicos, salas de subastas y otros puntos calientes un total de 14.883 intervenciones.

Los mayores atentados contra el Patrimonio Cultural en España vienen de la mano de las redes de expoliadores organizadas y del urbanismo descontrolado. El informe Auken aprobado por el Parlamento Europeo considera que el modelo urbanístico español es “un modelo expoliador de los bienes culturales que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico”.

En general se trata de una pérdida silenciosa de bienes, en algunos casos de gran valor, difícil de perseguir y más aún de juzgar. Dos ejemplos: en 2004 se subastó en Sotheby’s un trozo de viga de la Mezquita de Córdoba sin que se pudiera paralizar la venta puesto que la salida de la pieza de nuestro país pareció haberse producido en el siglo XIX; en la actualidad hay un proceso penal abierto por el intento de venta en Christie’s por Jaime Botín del cuadro pintado por Picasso Cabeza de mujer joven, se trataría de un delito de contrabando asociado a un posible fraude fiscal.