El derrame del GobernadoPublicado el: 29 enero, 2017
El gobernador del Banco Central (BC) entregó esta semana el informe de la economía nacional correspondiente al 2016, proclamando un robusto crecimiento del 6.6 por ciento del producto interno bruto (PBI), por tercer año consecutivo el más alto de toda América Latina y uno de los más altos del mundo.
El licenciado Héctor Valdez Albizu ha tenido la suerte de informar de alto crecimiento en todos los años que le ha tocado estar en la gobernación del BC, que ya suman casi dos décadas, con un intervalo de cuatro años, precisamente cuando se produjo la descomunal quiebra bancaria que contrajo el crecimiento durante un par de años.
Ese crecimiento ha sido constante durante casi seis décadas, ya que hace diez años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvo que la República Dominicana era el país de la región con mayor crecimiento en 50 años, aunque a la vez el que menos lo había aprovechado para traducirlo en desarrollo humano.
Según las estadísticas que maneja el BC, el crecimiento del año pasado repercutió en la creación de casi 150 mil nuevos empleos, y en una reducción del desempleo abierto del 7.3 al 7.1 por ciento en relación al año anterior, con una inflación menor al 2 por ciento. Son cifras que deberían motivar júbilo y despertar optimismo.
Pero el gobernador mismo es consciente de que son muchos los que mantienen escepticismo sobre el desarrollo económico dominicano, por los precarios niveles de vida de la mayoría de la población, que todavía sufre carencias de servicios elementales como agua potable, energía eléctrica, salubridad y seguridad, con un transporte desastroso, precariedad de viviendas, y todavía una educación de bajísima calidad.
No lo resaltaron los medios informativos, pero Valdez Albizu volvió a quejarse del absurdo de un alto crecimiento que no se derrama, lo que resulta incontrovertible por el bajísimo nivel del salario. Ya hace un par de años que el funcionario sostuvo que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenía a nivel del 1991, es decir de un cuarto de siglo.
El jueves el funcionario se manifestó consternado porque el promedio de los salarios privados es de 9 mil pesos mensuales, mientras el costo de la canasta básica del quintil uno de la población, el más bajo, supera los 13 mil pesos. Es decir 31 por ciento por debajo del ingreso. Volvió a urgir a que se supere esa grave injusticia. Hace año y medio dijo que los gobernantes le habían recomendado que no hablara de eso.
Las estadísticas que registra el boletín trimestral de la Superintendencia de Pensiones son dramáticas. A septiembre pasado el salario general promedio era 9 mil 865 pesos. El 35.6 por ciento de los empleados formales, que son los que están en el sistema de seguridad social, tiene un salario menor del promedio, y otro 31 por ciento está entre uno y dos salarios promedios, es decir que recibe entre 9 mil 855 y 19 mil 710 pesos. Mientras 2.9 por ciento ganan más de 8 salarios promedio.
En otras palabras, que dos terceras partes de los asalariados formales reciben una paga que no alcanza los 20 mil pesos, cuando el promedio de las canastas familiares supera los 28 mil 773 pesos. Y la situación es peor para la gran mayoría de los trabajadores informales, que constituyen el 56 por ciento de la población laboral.
La injusticia no sólo apunta a la voracidad empresarial, sino a la grotesca desigualdad del salario del sector público, donde todavía el mínimo es de 5 mil 117 pesos, incluyendo a casi cien mil pensionados, y peor en los ayuntamientos, conviviendo con sueldos de cientos de miles de pesos y múltiples privilegios.
Si ese nivel de crecimiento es real, vale preguntarse a dónde se va, si tiene relación con nuestra extrema corrupción, y cuándo se producirá el derrame reclamado tan insistentemente por el gobernador Valdez Albizu.
El licenciado Héctor Valdez Albizu ha tenido la suerte de informar de alto crecimiento en todos los años que le ha tocado estar en la gobernación del BC, que ya suman casi dos décadas, con un intervalo de cuatro años, precisamente cuando se produjo la descomunal quiebra bancaria que contrajo el crecimiento durante un par de años.
Ese crecimiento ha sido constante durante casi seis décadas, ya que hace diez años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvo que la República Dominicana era el país de la región con mayor crecimiento en 50 años, aunque a la vez el que menos lo había aprovechado para traducirlo en desarrollo humano.
Según las estadísticas que maneja el BC, el crecimiento del año pasado repercutió en la creación de casi 150 mil nuevos empleos, y en una reducción del desempleo abierto del 7.3 al 7.1 por ciento en relación al año anterior, con una inflación menor al 2 por ciento. Son cifras que deberían motivar júbilo y despertar optimismo.
Pero el gobernador mismo es consciente de que son muchos los que mantienen escepticismo sobre el desarrollo económico dominicano, por los precarios niveles de vida de la mayoría de la población, que todavía sufre carencias de servicios elementales como agua potable, energía eléctrica, salubridad y seguridad, con un transporte desastroso, precariedad de viviendas, y todavía una educación de bajísima calidad.
No lo resaltaron los medios informativos, pero Valdez Albizu volvió a quejarse del absurdo de un alto crecimiento que no se derrama, lo que resulta incontrovertible por el bajísimo nivel del salario. Ya hace un par de años que el funcionario sostuvo que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenía a nivel del 1991, es decir de un cuarto de siglo.
El jueves el funcionario se manifestó consternado porque el promedio de los salarios privados es de 9 mil pesos mensuales, mientras el costo de la canasta básica del quintil uno de la población, el más bajo, supera los 13 mil pesos. Es decir 31 por ciento por debajo del ingreso. Volvió a urgir a que se supere esa grave injusticia. Hace año y medio dijo que los gobernantes le habían recomendado que no hablara de eso.
Las estadísticas que registra el boletín trimestral de la Superintendencia de Pensiones son dramáticas. A septiembre pasado el salario general promedio era 9 mil 865 pesos. El 35.6 por ciento de los empleados formales, que son los que están en el sistema de seguridad social, tiene un salario menor del promedio, y otro 31 por ciento está entre uno y dos salarios promedios, es decir que recibe entre 9 mil 855 y 19 mil 710 pesos. Mientras 2.9 por ciento ganan más de 8 salarios promedio.
En otras palabras, que dos terceras partes de los asalariados formales reciben una paga que no alcanza los 20 mil pesos, cuando el promedio de las canastas familiares supera los 28 mil 773 pesos. Y la situación es peor para la gran mayoría de los trabajadores informales, que constituyen el 56 por ciento de la población laboral.
La injusticia no sólo apunta a la voracidad empresarial, sino a la grotesca desigualdad del salario del sector público, donde todavía el mínimo es de 5 mil 117 pesos, incluyendo a casi cien mil pensionados, y peor en los ayuntamientos, conviviendo con sueldos de cientos de miles de pesos y múltiples privilegios.
Si ese nivel de crecimiento es real, vale preguntarse a dónde se va, si tiene relación con nuestra extrema corrupción, y cuándo se producirá el derrame reclamado tan insistentemente por el gobernador Valdez Albizu.
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