¿Dónde fueron a parar los US$62.2 millones de Odebrecht del 2012-15?: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Aunque el informe de la Comisión Presidencial (CP) sobre la licitación y contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina deja constancia de múltiples irregularidades y formula importantes recomendaciones, le tira la toalla que esperaba el gobierno para librarse de las denuncias de sobornos y sobrevaluaciones.
Ya con las plantas incontaminadas, hay que remitirse al tercer renglón de las operaciones encubiertas de Odebrecht, el financiamiento de campañas electorales, a no ser que la misma empresa se auto calumniara e incriminara con su confesión de que transfirió al país 62.2 millones de dólares entre el 2012 y enero del 2015, pagando enorme multa.
Pedro Brache, presidente del CONEP y miembro de la Comisión Presidencial para investigar Punta Catalina
¿Y los cuartos dónde están?
La recordación del popularizado eslogan bancario de los años 70 ¿y los cuartos dónde están?cobra vigencia y congela las sonrisas de celebración de funcionarios y voceros gubernamentales por el informe de la CP que concluye en que no hubo sobrevaluación ni sobornos en la licitación y contratación de las plantas eléctricas.
Esas conclusiones remiten al tercer renglón de las operaciones encubiertas confesadas por Odebrecht en 12 países, relevantemente en República Dominicana, el financiamiento de campañas electorales como mecanismo para conseguir contrataciones por miles de millones de dólares, aquí unos 6 mil.
Una de las pocas cosas que documenta con detalles la instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que imputa a 14 personas por los sobornos de Odebrecht, son las transferencias de cinco cuentas bancarias offshore de la constructora a dos cuentas de su agente Angel Rondón, por 83,2 millones de dólares entre el 2007 y 2015, pero 62.2 millones de dólares (75 %), entre enero del 2012 y enero del 2015, justo el período en que se optó por esas plantas, se licitaron y contrataron, según la PGR por 2,010 millones de dólares, además de dos carreteras por 286,6 millones de dólares.
Se justifica preguntar dónde se fueron tantos millones, y especialmente los 33.8 millones de dólares transferidos en el 2014, a no ser que Odebrecht se auto incriminara y aceptara una multa por 2 mil 600 millones de dólares por sus prácticas mafiosas, y que toda la trama que se le atribuye sea una fantasía, al menos en este país de las maravillas.
Danilo Medina
Catalina no tiene imputado
La CP relata (puntos 58-59) que pidió a la PGR confirmar la inclusión de las plantas entre las obras que según su instancia de imputación “fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos”. La respuesta fue que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se infiere que se pagaran sobornos para su adjudicación ni contratación. Pero refiere la nota de prensa con que intentó subsanar la inclusión, según la cual “un empleado de la Odebrecht” habría dicho que un senador y un diputado fueron sobornados “para la aprobación del financiamiento por el Congreso Nacional”.
Pero resulta que la instancia oficial de la PGR no cita ese testimonio específico, ni imputa a ningún legislador por ese delito. Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Ruddy González son, de los imputados, los que estaban en el Congreso en el tiempo de Catalina (2010-16). Los otros dos, los dirigentes del opositor PRM Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, no estaban en ese período legislativo pero, en cambio, sí aparecen imputados por proyectos específicos anteriores, la aprobación del Acueducto Línea Noroeste, y las presas de Pinalito y Palomino.
Por eso llama la atención que a los peledeístas Valentín y Galán y al aliado perredeista González, no se les especifique implicación en el financiamiento de Catalina, que involucraba 2 mil millones de dólares. Vale recordar que en el 2015 cuando el bloque de los diputados perredeístas y la mayoría leonelista en ambas cámaras decidieron apoyar la reforma constitucional para la reelección del presidente Danilo Medina, Ruddy González y Tommy Galán fueron señalados por varios colegas como los gestores del generoso apoyo.
Los dos magos del ritmo
Como en el 2014, cuando se aprobó el financiamiento de las plantas, con el Banco de Desarrollo del Brasil y un grupo de bancos europeos por unos 1,400 millones de dólares, las transferencias de Odebrecht fueron por 33.8 millones de dólares, el senador y el diputado no identificados por la PGR debieron haber recibido una buena parte para poder “convencer” a 32 senadores del partido gobernante y a dos tercios de los 190 diputados de financiar una obra que era la “joya de la corona” de su mismo gobierno. Se les reputaría como los nuevos magos del ritmo, que habrían creado el lodazal sobre el cual dijo haber saltado el secretario general del PLD y presidente del Senado Reinaldo Pared.
Reinaldo pared Pérez, presidente del Senado
Una nueva mirada más profunda a la instancia de la PGR no avala su tardía afirmación de que en las plantas el soborno fue sólo para el financiamiento, y es que a Galán sólo le documentan un incremento patrimonial de 12.3 millones, pero de pesos, entre 2006-16. A Valentín le señalan 34.5 millones de pesos, incluyendo los 29 millones que aportó su segunda esposa, y a González apenas un apartamento de 5 millones de pesos.
En esos tres casos, como en la gran mayoría de los 14 imputados, la PGR no ha aportado hasta ahora una sola prueba contundente que los condene ante un tribunal de verdad. Y no es porque no hubiera dinero, corrieron 62 millones 290 mil 800 dólares, entre el 2012 y enero del 2015, cuando se registra la última transferencia de Odebrecht a Rondón, “el hombre del maletín”, según la misma instancia de la PGR. A 47.50 por dólar, eso totaliza 2,958 millones 813 mil pesos. Demasiado dinero para los dos legisladores anónimos.
Condecoren a Odebrecht
Al paso que va el proceso, nadie deberá sorprenderse que dentro de un año todo haya quedado en la impunidad, especialmente si baja la presión social por sanciones de la corrupción. Y el país hasta le deberá una condecoración a Odebrecht, porque aquí no hubo complicidad con su entramado de sobrevaluaciones, (que aún no ha investigado la Contraloría General ni la Cámara de Cuentas) ni de los sobornos confesados por 92 millones de dólares, y menos de financiamiento electoral, aunque sus expertos asesores Joao Santana y Mónica Moura despachaban directamente con el presidente Medina.
Por de pronto, Medina consiguió que su Comisión dijera que no encontró sobrevaluación ni indicios de sobornos en su obra cumbre, saturada de irregularidades y sospechas desde que él deshizo la licitación que había iniciado su antecesor, tan pronto ascendió al poder en el 2012, un mes después de haber viajado a Brasil, donde se reunió con ejecutivos de Odebrecht y la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo públicamente que lo ayudarían a resolver el problema energético del país.
La misma CP quedó con escaso crédito desde que el mandatario puso a presidirla a monseñor Agripino Núñez, hasta entonces miembro del consejo directivo de la empresa nacional asociada a Odebrecht en la contratación que investigaría, así como a César Sánchez, exadminsitrador de la CDEEE, que terminaría imputado por soborno, y al economista consultor del gobierno Jaime Aristy.
Constan irregularidades
Los más independientes de la CP habrían hecho esfuerzos al menos por dejar constancias de irregularidades, incluyendo recomendaciones como mejorar la ley de contrataciones, y advirtiendo que el Estado no debe aceptar costos adicionales a lo contratado, que se debe establecer la responsabilidad en el retraso de la construcción, lo que implica pérdidas mensuales de US$25 millones (que ya sumarían 300 millones) que deberían reclamar en compensación. También que ya han estado pagando sobre un exceso de US$245 millones, porque los hitos se establecen en base al precio original de 2,040.7 millones, en vez de los US$1,945 millones finalmente contratados, a los que debe descontarse 150 millones avanzados en el 2014.
El informe de la CP se empeña en consignar irregularidades en todo el proceso de licitación, desde haber construido sobre terrenos privados, dos decretos de declaración de emergencia, injustificados, al extenderse por tres años, la violación de la ley de contrataciones en la integración de un comité de licitaciones dependiente de la gerencia contratante, y haber auspiciado que la consultora Stanley virtualmente sustituyera al Comité de Licitación, con un papel excesivamente protagónico, misma que luego pasaría a ser contratada para dar seguimiento técnico a la obra.
Consigna los esfuerzos en aras del interés público de los economistas Isidoro Santana y Ramón Flores, quienes aunque eran asesores de la Presidencia de la República, renuncian al Comité de Licitación cuando les niegan acceso a la evaluación técnica que otorga la obra a Odebrecht, y señalaron su sospecha de que se buscaba favorecerla, y que todo lo que les dieron por evaluación técnica cupo en una sola hoja de power point.
Señalan que se negó a dar oportunidad a más de un ofertante, tras la evaluación técnica, cuando lucía legítimo al interés nacional, aduciendo que no estaba en las bases de convocatoria, pero fabricaron un “competidor virtual” tampoco previsto, resultando una planta en Estados Unidos a precio similar a las plantas de Punta Catalina. Pero esta era encarecida por el valor del terreno, de los salarios, del transporte, e impuestos aquí exonerados.-
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