Juan Llado: “caso Odebrecht no solo envuelve sobornos, también sobrevaluaciones”
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En un artículo titulado “El intacto ego del ladrón”, el consultor Juan Llado denunció que el caso de corrupción de Odebrecht en la República Dominicana no solo envuelve el pago de soborno admitido por la empresa, sino también sobrevaluaciones de obras construidas por la empresa para el Estado.
Sostiene que, contrario a lo que ha ocurrido en la República Dominicana, en otros países hay personas apresadas y sometidas a la justicia.
Sostiene que serían un gran error creer que el monto esquilmado al pueblo dominicano se limita a los US$92 millones que supuestamente fueron pagados a los sobornados.
Argumenta que aunque ese sea el único delito confesado por la empresa, resulta lógico sospechar que la cleptomanía de la empresa y los sobornados se engulló también una importante tajada de los montos de sobrecostos en que incurrieron todas las obras.
A continuación la denuncia de Juan Llado, reconocido consultor del área de negocios en la industria turística:
“El intacto ego del ladrón”
Ya hay gente presa en varios de los 12 países victimizados por el confesado esquema de sobornos de Odebrecht. Mientras, los dominicanos esperamos ver los resultados de la marcha “Fin de la Impunidad”, una estentórea expresión de indignación ante los desmanes locales de esa empresa.
Muchos son los que, sobrecogidos por el asombro, calculan los montos esquilmados de las costillas de la población. Pero no son tantos los que tienen claro cuál sería el principal vejamen contra el 40% de la población que califica como pobre y que libra, día tras día, una batalla campal para sobrevivir.
Si las autoridades enmascaran los culpables o si los tribunales no condenan a nadie, la impunidad campeara por sus fueros haciendo añicos la institucionalidad democrática y el famoso Estado de Derecho. Tal ignominia implicaría que los nacionales que formaron parte de esa asociación de malhechores continuaran con su ego intacto y su tranquila paz individual, una intolerable afrenta a los buenos ciudadanos
Tremendo error seria creer que el monto esquilmado se limita a los US$92 millones que supuestamente fueron pagados a los sobornados. Aunque ese sea el único delito confesado por la empresa, resulta lógico sospechar que la cleptomanía de la empresa y los sobornados se engulló también una importante tajada de los montos de sobrecostos en que incurrieron todas las obras.
Sobre eso todavía no se ha entablado ninguna investigación y mucho menos se ha establecido responsabilidad penal alguna, amén de que se ha ignorado el rol que debió jugar el Congreso en la aprobación de aquellos que conllevaron un aumento del financiamiento.
Hasta tanto no se haga una auditoria forense de cada una de las obras ejecutadas en el país por Odebrecht no sabremos con exactitud el monto del colosal fraude. Pero de los diversos reportes de prensa captados por Google, el siguiente cuadro presenta las obras encargadas a Odebrecht, sus presupuestos originales y el costo final. Se notará que la prensa no ha reportado toda la información necesaria y que existen notables discrepancias entre los datos de unos y de otros medios.
El cuadro apoya la idea de que también hubo delito en los presupuestos originales, si solo porque una empresa de su calibre no puede subestimar el presupuesto en todas las obras.
De hecho lo que se puede suponer es que infló los presupuestos originales para así obtener ganancias extra, siendo esta una práctica muy generalizada entre las empresas de construcción. De ahí que los sobrecostos hay que contabilizarlos tanto en los presupuestos originales como en el monto del costo final.
Obviamente, sin tener todos los datos necesarios a mano no se puede hacer un estimado global del monto de los sobrecostos (incluyendo los de los presupuestos originales y las adiciones). Pero si se presume que en los presupuestos originales hubo un sobrecosto equivalente a un 10% de su monto (no incluyendo la planta de Punta Catalina) y tomando las cifras más altas en los casos donde hay dos cifras para un proyecto, el total de sobrecosto por esa vía seria de US$233.5 millones.
Sobre Catalina habría que estimar el sobrecosto en base al presupuesto final de US$1,945; un 10% supondría un sobrecosto por esa vía de US$195 millones. En total, los sobrecostos presupuestarios entonces alcanzarían en total US$661 millones.
Ahora bien, si sumamos los sobrecostos de las adiciones que aparecen en el cuadro los mismos totalizarían US$699. (Esto no incluye a Punta Catalina ni los proyectos para los cuales no aparecieron datos en la prensa en cuanto a su monto final.) Si asumimos que de ese monto la empresa y compartes se embolsillaron solo un 25%, lo devengado ilícitamente ascendería a US$175 millones. Sumando esto a los US$661 anteriores, tendríamos un sobrecosto global de US$836 millones.
Pero se nos quedan dos fuentes más que estimar: los otros cinco proyectos para los cuales no aparecen costos finales en la prensa y la verdadera sobrevaloración de Punta Catalina.
Debido a que la primera no ha sido terminada es difícil precisar cuánto seria el monto de lo sobrevalorado hasta ahora porque no hay suficiente información. Un experto energético nacional calculó que las plantas de Punta Catalina fueron sobrevaluadas por unos US$600 millones (http://acento.com.do/2017/economia/8423518-almonte-asegura-plantas-carbon-estan-sobrevaluadas-600-millones-dolares/), mientras un estimado por parte del Instituto de Energía de la UASD fue de que el costo de los 720 MW debió ser no más de US$1,500 millones. En adición, se sabe que el Gobierno ha invertido unos US$1,400 millones a la fecha, pero por falta de información es riesgoso aventurar un estimado del porcentaje de esa inversión que calificaría como sobrevaloración.
Para los fines de este rápido análisis, sin embargo, se podría cifrar en US$300 millones lo ilícitamente captado en los proyectos para los cuales no existe información pública. Si a eso le sumamos los US$836 millones anteriores (en los cuales Catalina figura con solo US$195 millones), el monto total de la sobrevaloración ilícita subiría a US$1,136 millones. Y si realmente pudiéramos captar los US$184 millones que la empresa se ha comprometido a pagar como multa por los sobornos, la suma que el Gobierno se pondría como meta de resarcimiento seria US$1,320 millones. Tal suma excede por mucho lo que falta por invertir para terminar las plantas de Punta Catalina y, al examinarse nuestra historia republicana, habría que tenerla como record con la única excepción de las exacciones trujillistas.
A la tasa de 46×1 eso en pesos asciende a RD$60,720. No hay que ser mago para intuir que dicha suma sería suficiente para abastecer por varios anos los carenciados hospitales públicos de medicinas y para financiar los comedores económicos para los pobres.
Esa medición atañe al impacto sobre el gasto público del escándalo de Odebrecht. Pero aun si el Gobierno extrajera esos fondos de la faltriquera de la empresa y los usara para los fines mencionados, el daño a los pobres del país no podría ser resarcido si no se mete a la cárcel a los cómplices locales y se les quita el dinero mal habido.
En verdad, la peor bofetada que se le puede dar a la dignidad de los pobres es el de no meter malandrines a la cárcel.
Si las autoridades enmascaran los culpables o si los tribunales no condenan a nadie, la impunidad campeara por sus fueros haciendo añicos la institucionalidad democrática y el famoso Estado de Derecho. Tal ignominia implicaría que los nacionales que formaron parte de esa asociación de malhechores continuaran con su ego intacto y su tranquila paz individual, una intolerable afrenta a los buenos ciudadanos. Solo si se pincha con la cárcel ese bienestar subjetivo del ladrón podría el país tener esperanzas de progreso y justicia social.
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