¿Hasta qué punto Brasil es capaz de combatir su corrupción sistémica?
Protesta a favor de la democracia y en contra de la corrupción en Brasil. Douglas Magno/AFP/Getty Images
En el país están encarcelándose a políticos y empresarios en un intento de frenar la corrupción.
Cuando el presidente de la Cámara de Brasil Eduardo Cunha fue arrestado de forma preventiva por corrupción, el pasado 20 de octubre, una mezcla de sorpresa e incredulidad se apoderó de un amplio sector de la ciudadanía. Parecía imposible que hubiese caído uno de los hombres más poderosos del país, el Deus ex Maquina del impeachment, el político que urdió la trama y escribió el guión que culminó con la expulsión de la presidente Dilma Rousseff de su cargo.
En septiembre la ONG Transparencia Internacional (TI), que considera Cunha como uno de lo hombres más deshonestos de Brasil, le tildó irónicamente de “Mr. Trust” en un vídeo de una campaña internacional contra la corrupción. La razón de este apodo es que Cunha negó ser el titular de unas cuentas suizas repletas de dinero, que hasta los jueces del país alpino le han atribuido. El ex presidente de la Cámara afirmó que era tan solo beneficiario de un trust, un fondo de inversión responsable de administrar bienes de terceros.
Este dato puede dar una idea de la trascendencia que ha tenido dentro del país la prisión preventiva de Cunha. Ahora la pregunta que lanzan tanto analistas como ciudadanos de a pie es si algo está cambiando en el complejo escenario político de Brasil que haga presagiar el fin o, por lo menos, la reducción de una de sus mayores lacras: la corrupción.
Brasil ostenta el muy poco halagador récord de ser el cuarto país más corrupto del planeta, solo por detrás de Chad, Bolivia y Venezuela. Este dato, divulgado a principios de octubre por el Foro Económico Mundial, es uno de los indicadores que esta organización incluye en su índice anual de competitividad, basado en una investigación con 15.000 líderes empresariales de 141 economías del mundo.
El caso Lava Coches, relacionado con el desvío de fondos de la estatal Petrobras por un valor de al menos 29.000 millones de reales (7.876 millones de euros), ha contribuido a que Brasil encabece las estadísticas sobre corrupción. Para TI es el segundo mayor escándalo del mundo. Solo la Ucrania de Víktor Yanukóvich superaba a Brasil en el ranking de esta ONG.
No se trata del único caso. Recientemente el escándalo del fabricante de aviones Embraer ha ayudado a destapar un complejo entramado de corrupción internacional. Esta compañía brasileña ha admitido su responsabilidad por el pago de sobornos en Arabia Saudí, República Dominicana y Mozambique para obtener contratos de venta de sus aviones militares. Por esta razón, deberá pagar multas por valor de 206 millones de dólares a EE UU, que ha llevado a cabo la investigación desde 2010 junto al SEC, el organismo que regula el mercado estadounidense de capitales.
Según Bruno Brandão, representante de Transparencia Internacional, el caso Embraer demuestra que Brasil es un “exportador de corrupción”. “Desde que Brasil firmó en 2000 el convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción, fueron pocas las empresas que sufrieron las sanciones previstas en casos de sobornos internacionales. Son varias las instancias que no intervienen, no por falta de interés y sí por incapacidad de actuación debido a la enorme cantidad de investigaciones en curso”, explica Brandão.
Detención de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Brasil, octubre de 2016. Heuler Andrey/AFP/Getty Images
En este sentido, la multa aplicada a Embrater sugiere que algo está cambiando en la forma de hacer negocios en el ámbito internacional. “Es la primera vez que una empresa brasileña es castigada por prácticas irregulares en la prospección de negocios en el exterior. El mercado no tolera más este tipo de conductas, principalmente las autoridades de EE UU”, dice Brandão.
La situación podría cambiar drásticamente si el legislativo brasileño aprueba un proyecto de ley, presentado el pasado 9 de noviembre en la Cámara por el diputado Onyx Lorenzoni (DEM), que pretende endurecer las penas contra la corrupción y criminalizar la caja B de los partidos. Se trata de un borrador que llegó al Parlamento en marzo de este año de la mano del ministerio Público Federal de Brasil, equivalente a la Fiscalía General del Estado.
El documento está basado en la campaña 10 medidas contra la corrupción, lanzada en julio de 2015 por la máxima instancia judicial de Brasil. Tras conseguir la firma de más de dos millones de ciudadanos y el apoyo de más de 1.000 instituciones, se ha convertido en un Proyecto de Ley de Iniciativa Popular.
En el Parlamento este proyecto de ley ha sido ampliado con ocho medidas suplementarias. El texto final, que incluye 18 medidas, será votado a lo largo del mes de noviembre por los diputados y pasará posteriormente al Senado. Tanto el texto del Ministerio Público como el de Lorenzoni proponen penas de dos a 10 años por crímenes relacionados con la caja B de los partidos. El texto de la futura ley pretende responsabilizar tanto a los candidatos como a los partidos que reciban dinero fuera de los canales oficiales de financiación. “A partir de la aprobación de la ley, quien cometa en Brasil delitos con la caja B tendrá solo un destino: la cárcel”, ha dicho Lorenzoni.
El texto analizado actualmente en la Cámara también incluye nuevas propuestas, como la creación de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y del Programa Nacional de Protección e Incentivo a los Relatos de Informaciones de Interés Público, en que los ciudadanos podrán presentar denuncias. Lorenzoni mantuvo las propuestas del Ministerio Público para transformar en graves varios crímenes contra la administración pública, como corrupción pasiva y activa, malversación de fondos públicos, concusión y corrupción activa en transacciones comerciales internacionales, entre otras.
Una novedad, que podría encontrar resistencias en el poder judicial y en el Ministerio Público, es la posibilidad de que jueces y magistrados respondan por crímenes de responsabilidad. El texto también pretende penalizar al juez que “manifieste, a través de cualquier medio de comunicación, opiniones sobre un proceso pendiente de sentencia”.
Esta última medida parece referirse a la actuación del juez federal Sergio Moro, que lidera la investigación del caso Lava Coches. Este magistrado fue duramente criticado cuando en marzo de este año filtró a la TV Globo las conversaciones entre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. La entonces presidenta de Brasil intentaba nombrar a Lula ministro, supuestamente para garantizar su inmunidad parlamentaria, tal y como denunció la oposición. El hecho de que el juez Moro levantase el secreto de sumario sobre las escuchas telefónicas, a pocas semanas de la votación sobre el impeachment de Dilma Rousseff, generó dudas sobre su integridad.
La importancia del Caso Lava Coches: un antes y un después
Ya sea en el ámbito nacional o internacional, todo indica que para Brasil la era de la impunidad absoluta en los casos de corrupción podría haber llegado a su fin. La investigación de la intricada trama de propinas que unió a políticos y empresarios en el expolio sistemático de Petrobras ha marcado un antes y un después en la historia reciente de Brasil.
“Brasil vive sin duda un momento histórico, porque la operación Lava Coches es algo inédito en nuestro país. Está revelando los entresijos de la corrupción como nunca antes”, señala a esglobal Paulo Baía, analista político y profesor de la Universidad Federal do Río de Janeiro. “Lo más llamativo no es ni siquiera la prisión de políticos, algo que ya había acontecido en el pasado, y sí la encarcelación de empresarios. Este para mí es el principal diferencial de la operación Lava Coches, que incluso está creando un protocolo de actuación para atajar el crimen organizado y la corrupción. Hasta este momento, cada vez que había un caso de corrupción, los responsables siempre eran funcionarios públicos. Ahora estamos viendo la implicación de los dueños de grandes empresas como OAS o Engevix, ambas constructoras”, añade.
La decisión de hacer una limpia general partió de un grupo de jueces de Curitiba, la ciudad del sur de Brasil donde está detenido Eduardo Cunha. Hay muchas figuras públicas que, tras meses de investigaciones, han sido incriminadas o sentenciadas. En marzo Marcelo Odebrecht, ex presidente de la mayor constructora de América Latina, fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel. El juez Moro lo declaró culpable por el pago de aproximadamente 27,5 millones de euros en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de contratos e influencia. Odebrecht tendrá que cumplir esta pena por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Más recientemente, el ex ministro de Economía de Lula, Antonio Palocci, ha sido detenido por un delito de corrupción pasiva. Según la Policía Federal, Palocci coordinó el pago en varias tandas de 128 millones de reales (34,7 millones de euros) en propinas que la constructora Odebrecht repasó a su grupo político. El que durante años fue el hombre fuerte del Partido de los Trabajadores será procesado ahora por corrupción.
El propio Lula está siendo exhaustivamente investigado por los jueces de Curitiba. El Ministerio Público le acusa de haber recibido propinas por valor de 3,7 millones de reales (un millón de euros), y de haber reformado con parte de este dinero un apartamento de tres plantas en Guarujá, en el litoral de São Paulo. Cabe destacar que Lula siempre negó ser el propietario de este piso.
Para completar el cuadro, hay que recordar que más del 60% de los parlamentarios brasileños tienen cuentas pendientes con la justicia o con los Tribunales de Cuenta. El número de 47 senadores acumulan 227 casos judiciales, que van desde el lavado de dinero hasta la ocultación de bienes, pasando por crímenes en las leyes de licitación de obras y la malversación de fondos públicos. Además, 298 de los 513 diputados brasileños ya fueron condenados o tienen un proceso en curso.
Manifestación en apoyo de las medidas anticorrupción. Andressa Anholete/AFP/Getty Images
La novedad es que por primera vez desde la época de la dictadura de 1964 los jueces están mandando a la cárcel a los más poderosos del Brasil. El caso de Eduardo Cunha es quizás el más llamativo. El pasado 13 de septiembre, el ex presidente de la Cámara perdió su cargo por las acusaciones de corrupción en un procedimiento político que obtuvo una mayoría aplastante de 450 votos a favor y solo 10 en contra. Cunha ha sido declarado culpable de poseer numerosas cuentas en bancos suizos, en las que atesoraría millones de reales procedentes de propinas y extorsiones a políticos y empresarios. Al perder el cargo y el foro privilegiado, Cunha puede ser juzgado ahora por los jueces de Curitiba.
La gran pregunta es si su prisión preventiva y el veto a ser candidato hasta 2027 son sinónimo de un cambio radical respecto a la tradicional impunidad que reina en Brasil. “Es muy pronto para cantar victoria. Puede ser un tsunami pasajero y que todo vuelva como antes. La esperanza que tiene la población es que se produzca un cambio efectivo [en el modelo político que favorece la corrupción]. En este sentido estas investigaciones son un primer paso”, asegura Paulo Baía.
Roberto Romano, profesor de Ética e Filosofía de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp, São Paulo), se muestra más pesimista en una conversación con esglobal. “Lamentablemente la Operación Lava Coches no cambiará las estructuras del poder en Brasil. La hegemonía del Ejecutivo central, el dominio regional de los oligarcas y el carácter aristocrático de los magistrados son tres fuentes de corrupción que, sumadas a la extrema violencia de la sociedad brasileña, poco prometen a los demócratas en un futuro próximo”, sentencia.
No hay que olvidar que el no a la corrupción ha sido el leitmotiv de todas las manifestaciones a favor del impeachment del último año. “La derecha ha movilizado todas sus energías para identificar la corrupción solo con el Partido de los Trabajadores”, recuerda Romano. Sin embargo, nada más llegar al poder como presidente interino, Michel Temer tuvo que aceptar las dimisiones de tres ministros recién nombrados porque estaban siendo investigados en el caso Lava Coches. Eso demuestra que la corrupción es un problema endémico que atañe a prácticamente todos los partidos.
De hecho, en 2015 Brasil cayó siete posiciones en el ranking basado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), desarrollado anualmente por la ONG Transparencia Internacional. Mide esta percepción en una escala de 0 a 100, siendo 0 la peor y 100 la mejor. El año pasado Brasil consiguió 38 puntos.
Para Romano, la corrupción es un elemento intrínseco del Estado brasileño desde su fundación en la era contemporánea. Una de las causas sería el tamaño continental de este país. “Brasilia fue solo una de las innumeras ciudades construidas en base a un acuerdo entre empresas privadas y poder ejecutivo federal. Autovía y ciudades exigen grandes inversiones. Estas últimas provienen del Gobierno que financia grandes carteles de constructoras. Allí está el inicio de la gran corrupción que reunió conglomerados que pusieron sus ventosas en los cofres públicos”, afirma este profesor de São Paulo.
“En todos lados se escuchan críticas de los electores a políticos corruptos. Pero estos mismos políticos son elegidos o reelegidos, o consiguen que lo sean sus hijos, nietos, esposas u otros parientes. ¿Es una paradoja? No. Sin ellos, las obras públicas y las políticas públicas no llegan a las regiones. Ellos cobran un peaje por estos servicios. Existe un conocido dicho popular: ‘Él roba, pero hace”, agrega este catedrático.
El ciudadano brasileño es más crítico con lo que a corrupción se refiere, en comparación con la media de otros 60 países. Son datos de World Value Survey, una red social de cientistas sociales con sede en Estocolmo que analizó la respuesta ciudadana a las acciones deshonestas de sus gobernantes, como la evasión fiscal. El Barómetro de las Américas, realizado por el instituto Lapop, adscrito a la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos, también muestra que los brasileños son menos tolerantes que sus vecinos cuando se trata de corrupción. Solo le superan los uruguayos y los chilenos. Finalmente, un estudio pionero de los economistas Claudio Ferraz (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro) y Frederico Finan (Universidad de California en Berkeley) sugiere que en Brasil los electores bien informados tienden a punir a los políticos corruptos, principalmente en aquellos municipios que cuentan con una prensa independiente.
Romano cree que la presencia de un Estado muy centralizador, sobre todo en términos fiscales, propicia relaciones viciadas entre Brasilia, por un lado, y los Estados federados y los municipios por el otro, que necesitan conseguir fondos públicos, ya que el 70% de la recaudación fiscal cae en las arcas federales. Otro problema que grava sobre Brasil y favorece la corrupción es el que denomina “falso federalismo”. El Ejecutivo central concentra un poder inmenso y la mayoría de las políticas públicas, como la educación, la sanidad, la seguridad, la cultura, los transportes, la gestión de agua y alcantarillas y la electricidad. “La máquina monstruosa de la burocracia federal exige de los municipios y Estados una sumisión casi absoluta, con la uniformización a la fuerza de los sistemas administrativos”, afirma Romano.
La conclusión de este analista es que urge crear una verdadera federación en un país que se dice federal y, que según él, nunca conoció el federalismo. “Sin una radical democratización y federalización del Estado brasileño, la corrupción será siempre su mandamiento funcional”, vaticina Romano. “Lamentablemente es una tarea que no figura entre las preocupaciones de los políticos conservadores, y que tampoco es discutida por las izquierdas”, agrega.
Para el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, la corrupción en Brasil parece ser “sistémica” y la investigación o castigo de un caso aislado, como el escándalo de la Lava Coches, no conseguirá cambiar las estructuras de la sociedad. “En primer lugar, la sociedad brasileña tiene que asegurar los avances que ya ha alcanzado. Hay intentos de alterar o ablandar importantes leyes anticorrupción que han sido aprobadas en los últimos años”, afirmó este año Ugaz en uno de los principales periódicos de este país. “Además, es importante promover reformas sistémicas como las que ha propuesto la campaña ‘10 medidas contra la corrupción’, liderada por el Ministerio Público”, continúa.
“También es necesario un cambio cultural. Los ciudadanos precisan entender que es posible vivir sin menospreciar las leyes para obtener un beneficio personal”, añade Ugaz, para quien la corrupción en Brasil afecta a las clases más desfavorecidas. “Cuando un corrupto roba el dinero [público] en beneficio propio, la sanidad, la educación, la alimentación, el saneamiento y otros derechos humanos básicos son negados a los sectores más vulnerables de la sociedad. La corrupción es el impuesto que acaban pagando los más pobres”, concluye.
https://www.esglobal.org/punto-brasil-capaz-combatir-corrupcion-sistemica/
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