Las reformas educativas de Eugenio M. de Hostos en 1901: Un debate en torno a la Escuela Normal
Texto de la conferencia de Alejandro Paulino Ramos en el IX Congreso Hostosiano:“El Pensamiento de Hostos y las Reformas Educativas en la República Dominicana”, UASD, 9 de agosto 2018).
Eugenio María de Hostos (1839) fue, en el ambiente educativo dominicano de finales del siglo XIX y hasta su fallecimiento en 1903, incomprendido, perseguido, criticado y hasta rechazado por sectores y personalidades que intentaron, muchas veces motivados por celos irracionales, impedir la germinación de sus aportes a la educación y al bien social del país.
Desde su llegada a la República Dominicana y dar inicio a su labor educativa, se vio enfrentando en permanentes polémicas con los que rechazaban sus iniciativas para dotar el país de una instrucción pública racional que privilegiaba la razón y la ciencia, negadora de los dogmas religiosos, y la memorización como método de aprendizaje.
Rodeado desde temprano por una legión de discípulos y seguidores que fue creciendo con el tiempo, el enfrentamiento contra la vieja escuela de la tradición religiosa-educativa dominicana no se hizo esperar, siendo la discusión de la Ley General de Estudios del 29 de agosto de 1884 la coyuntura en la que se debatieron las propuestas que perseguían el establecimiento de un sistema educativo, basadas en la instauración de la Escuela Normal y el Instituto Profesional; este último fuente de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
La tumba de Eugenio María de Hostos estuvo por décadas en la parte trasera del edificio de la Tercera Orden de los Dominicos
Aquellos eran años de cambios económicos y sociales en que los gobiernos liberales impulsados por el Partido Azul de Gregorio Luperón, hacían esfuerzo por sacar el país del atraso y llevarlo hacia el progreso. La educación era considerada por ellos, como uno de los pilares de las transformaciones que se estaban sucediendo.
En ese período en que trataba de hacer realidad su proyecto de bien social, Eugenio María de Hostos argumentaba que la única forma posible de ayudar a sacar el país del atraso era si se establecía “un orden racional en los estudios, un método razonado en la enseñanza, la influencia de un principio armonizador en el profesorado, y el ideal de un sistema superior a todo otro, en el propósito de la educación común”. Pero para eso se hacía imprescindible “formar un ejército de maestros que en toda la República, militara contra la ignorancia, contra la superstición, contra el cretinismo, contra la barbarie”.
La Ley General de Estudios fue aprobada el 28 de septiembre de 1884. A partir de ella se crearon las Escuelas Normales, se reabrió la Universidad con el nombre de Instituto Profesional, y muy pronto fueron graduándose los maestros normalistas que necesitaba la nación para conformar una estructura educacional sólida, permanente y duradera.
Lamentablemente en 1888, con la instauración de la dictadura de Ulises Hereaux, Hostos fue perseguido y obligado a salir hacia el extranjero. Perseguidos sus discípulos y la educación en las manos de sectores conservadores, los doce años de dictadura facilitaron el impulso de una contrarreforma en la instrucción pública que barrió con los adelantos logrados a través de la Ley de 1884. El gobierno promulgó la Ley General de Instrucción Pública No. 3548 de 1895, con la que se alteraron los programas y se cambió el nombre de Escuela Normal por el de Colegio Central.
Cuatro años después, el 26 de junio de 1899, mediante la Ley General de Estudios 3877, el gobierno profundizó la contrarreforma, introduciendo asignaturas como Religión y Moral, Latinidad e Idioma en los Colegios Centrales, y se suprimieron las asignaturas Moral Social, Elementos de Sociología y la Economía Política.
Muerto el dictador el 26 de julio de 1899, su régimen llegó a su fin el 25 de noviembre, estableciéndose un gobierno liberal encabezado por el comerciante Juan isidro Jimenes como presidente y el general Horacio Vásquez como vicepresidente de la República. Los jóvenes seguidores de Hostos reanudaron sus esfuerzos para impulsar la Escuela Normal y las conquistas educativas contempladas en la Ley general de Estudios de 1884.
Tal como lo explica Luis F. Mejida, los hostosianos acudieron de inmediato a la lucha política “y quisieron ensayar, sin unidad de acción, sin plan preconcebido, ni método practico, sus conocimientos de Derecho Constitucional enseñado por su maestro. Para predicar y defender sus principios utilizaron la catedra, la tribuna, la prensa y el libro”. Con ese fin, lograron establecer vínculos con “los hombres de acción del 99”. Tanto en el gobierno de Juan Isidro Jimenes iniciado en 1899 como en el de Horacio Vásquez, que se inauguró en abril de 1902, los normalistas tuvieron importante influencia en la toma de decisiones relacionadas con la educación dominicana.
Con el final de la dictadura surgieron en la República Dominicana gobiernos que eran más tolerantes con las ideas. Entonces se reclamó la presencia de Eugenio María de Hostos, quien llegó al país en 1900, siendo nombrado de inmediato como Inspector General de Instrucción Pública, lo que fue rechazado por sectores vinculados a la Iglesia y a políticos conservadores que eran señalados por los hostosianos como seguidores del desaparecido partido baecista.
Grupo de turistas puertorriqueños visitaron la tumba de Hostos y depositaron ofrenda floral en 1946.
Rodeado de antiguos discípulos, trató de rescatar los valores educativos perdidos durante la dictadura, a la vez que preparaba a los jóvenes para su futuro profesional y como sujetos sociales, y a la escuela como instrumento de bien político-administrativo. Pero en especial, Hostos se concentró en la redacción de una nueva Ley General de Instrucción Pública que permitiera el relanzamiento de la Escuela Normal y de nuevos establecimientos educativos conforme a los planes contemplados en la Ley General de 1884. Pero esta iniciativa, de inmediato generó un nuevo enfrentamiento entre la “vieja escuela” religiosa y memorística y la que los discípulos llamaban la “nueva Escuela Normal”, que se pretendía establecer rescatando los elementos más progresistas de la ley de 1884.
El Proyecto de Ley de 1901
Para ese fin, la estrategia del nuevo Inspector de Instrucción Publica y sus seguidores, fue la de introducir en el Congreso un nuevo proyecto, el 10 de junio de 1901, para una vez aprobado, rescatar la educación pública de la República Dominicana. Le tocó a Pelegrin L. Castillo, quien formaba parte de la juventud seguidora de Hostos y era diputado en el Congreso Nacional, introducir en la Cámara de Diputados el Proyecto de la Ley General de Enseñanza Pública, aclarando que el referido texto había sido redactado por el propio Eugenio María de Hostos.
Esto provocó de inmediato una encendida polémica al interior del congreso, debido a que Rafael Castellanos, diputado-sacerdote que había sido antes secretario del arzobispo Meriño, y era tenido como radical opositor a que se restablecieran las escuelas normales, se opuso a la introducción del proyecto bajo la argumentación de que Hostos no tenía “calidad ninguna para dirigirse en el ejercicio de sus funciones al Congreso”. Y en su razonamiento opositor explicaba que de admitirse ese “precedente—decía—tendríamos que hasta los extranjeros, (como en este caso) gozarían del derecho de iniciativa en la formación de las leyes”.
El proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional fue remetido a una comisión para ser estudiado, integrada por los diputados Rafael Justino Castillo y José Dubeau, quienes eran radicales defensores de las ideas de Hostos y por Rafael C. Castellanos, que como dijimos antes era vocero de la Iglesia y opuesto a la reforma que se quería introducir.
Entre las principales propuestas del Proyecto de Ley de Instrucción Pública se encontraban la supresión de los Colegios Centrales establecidos durante la dictadura de Lilís; la creación de las Escuelas Superiores y las Juntas de Estudios, así como también el restablecimiento de las Escuelas Normales y de las Escuelas elementales y graduadas de la enseñanza primeria y secundaria.
Además, el proyecto contemplaba la creación del kindergarten, los jardines de niños en la ciudad de Santo Domingo, así como una Escuela de Bachilleres en la capital de la República. Por igual, dejar establecidos los Consejos de Vigilancia y recomendaba la apropiación de los fondos destinados por el Estado para la instrucción pública, de modos que se pudiera garantizar el uso apropiado de los recursos, lejos de las manos de los funcionarios del gobierno.
El arzobispo Fernando Arturo de Meriño fue presidente de la República en 1882 y defensor de la escuela tradicional dominicana.
Establecía el referido proyecto, la necesidad de refundir las Escuelas de Agricultura, de Comercio y de Artes y Oficios, y establecer una Academia Militar para Cadetes.
A estas propuestas presentadas en la Comisión designada por la cámara de diputados, el padre Rafael Castellanos hizo una contrapropuesta que incluía: el restablecimiento de la Universidad con capacidad para expedir títulos académicos desde el bachillerato hasta el doctorado; la conservación de los dos Colegios Centrales existentes, así como el Seminario Conciliar. Además, la propagación ilimitada de escuelas de enseñanza primaria para personas de ambos sexos.
El debate que se producía en el Congreso llamaba la atención de la sociedad, especialmente en sus niveles más instruidos, pero no dejaba de ser parte también de la preocupación de sectores mantenidos en la pobreza y alejados de los pocos centros urbanos existentes en el país. Estos, muy vinculados a la fe cristiana, fueron presas fácil de la manipulación religiosa y se mantuvieron apegados a las líneas bajadas desde la Iglesia católica, la que venía pronunciándose contra la educación hostosiana desde los años ochenta del siglo xix. De modos, que lo que estaba ocurriendo en torno a la propuesta de nueva reforma educativa en 1901, tenía muy frescos antecedentes en la polémica suscitada por la Ley General de Estudios de 1884.
Antecedentes del debate de 1901
Diez y siete años antes, Hostos y sus seguidores se vieron compelidos a tener que enfrentar las críticas y el rechazo de los sectores conservadores, que se oponían al establecimiento del sistema educativo racional. Sus ideas a favor de la República estaban centradas en su convicción de que era “absolutamente indispensable establecer un orden racional en los estudios, un método razonado en la enseñanza, la influencia de un principio armonizador en el profesorado, y el ideal de un sistema superior a todo otro, en el propósito mismo de la educación común”.
Sus planes y conceptos normados por ideas positivistas, encontraron opositores de mucho poder social, religioso y político, que lo acusaron de promover una “educación sin Dios”, cuando en verdad perseguía establecer una metodología que desechara el aprendizaje memorístico y privilegiara el uso de la razón y la practica en el aprendizaje, y aunque su proyecto educativo pronto comenzó a dar sus frutos, los que se les oponían no descansaban en entorpecer su aplicación. En esa ocasión cuando se discutía la Ley General de Estudios de 1884, el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, que había sido dos años antes presidente de la República y en ese momento ya era arzobispo de Santo Domingo, remitió al Clero y Arzobispado, una comunicaron en la que exhortaba:
“Y precisamente vosotros comprendéis cuanto importa que hoy más que nunca nos mantengamos estrechamente agrupados con un santo celo evangélico para defender el depósito de la fe cristiana, las instituciones religiosas y los principios salvadores de la sociedad, contra todo los cual se nos viene encima armada de sofismas y no ya ocultándose sino por en medio de la plaza pública y alzada la visera la moderna impiedad que ni quiere dogmas, ni culto, ni autoridad, ni Dios! Y que pretendiendo fundar una moral sin necesidad de esto, sino destruyendo el espíritu cristiano, enseña a la juventud irreflexiva en frases de brillante artificio, doctrinas funestas por contrarias al orden natural y legítimo de la familia y de los Estados”.
Para ese año gobernaba la nación el presidente Francisco Gregorio Billini, una personalidad muy vinculada al sistema educativo tradicional y a la Iglesia Católica, por lo que Merino refería satisfecho los vínculos mantenidos con este, como una forma de impedir el progreso de la escuela fundada por Hostos.
Federico Henríquez y Carvajal fue de los principales discípulos de Eugenio María de Hostos.
Con esa esperanza—el que fue Arzobispo de Santo Domingo desde 1885—le recordaba a las autoridades eclesiásticas y miembros de la Iglesia lo que sigue:
“Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos a nuestro favor circunstancias especiales (….). Primeramente contamos con el respeto que el Gobierno de la República ha profesado siempre a la religión verdadera; (…), con el apoyo moral que en todo tiempo ha prestado a la Iglesia; con su adhesión constante a la Santa Sede y con su veneración al Vicario de Jesús Cristo (….). Nos ofrece también como gaje de mayor garantía, la presencia en el poder ejerciendo la primera magistratura, de un hijo de nuestros afectos, nutrido y edificado en la piedad religiosa por madre modelo de virtudes cristianas”. Son notables en esas palabras los poderes con los que se estaban enfrentando Eugenio María de Hostos y sus discípulos, al momento en que se reanudaron los debates relacionados con el proyecto de Ley de instrucción pública de 1901.
Hostos y su proyecto de reformas
La polémica en torno a la nueva Ley general de estudios fue una reedición de la de 1884, aunque con nuevos bríos. El texto de reformas presentaba aspectos que lo alejaban de aquella, haciéndola más actualizada y adaptada con la nueva situación que se estaba viviendo a partir de la muerte de Lilís. Pero en sentido general, la discusión resultaba más lastimosa para Eugenio María de Hostos, quien lo había dejado todo para regresar a colaborar con la que consideró su segunda patria, pues muchos de los ataques que se le hicieron estaban centrados en lo personal.
Innumerables documentos y escritos, muchos de ellos aparecidos en la prensa nacional de entonces así lo demuestran. Es suficiente con leer las cartas pastorales de Monseñor Meriño, y los escritos del sacerdote Alejandro Adolfo Nouel rechazando las ideas educativas de Hostos y los artículos aparecidos en la prensa firmados por Pelegrín Castillo y Rafael Justino Castillo, en 1901, defendiendo los aportes de quien se consideraban sus discípulos, para entender los lacerantes que fueron aquellos años para aquel que justicieramente los dominicanos consideramos como apóstol de la educación.
Sobre este particular dice Pelegrin Castillo en un artículo publicado en el periódico El Nuevo Régimen, lo que sigue:
“Se pierde de vista la doctrina para atacar al apóstol, se combate la obra de bien porque el iniciador no es persona grata a ciertos hombres que, como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer. (…). De ahí, que la lucha no sea de doctrinas ni de ideas; de ahí que se ataquen personalidades, y se eche mano de armas indignas de ser blandidas por quienes se precian de caballeros; de ahí que haya gentes sencillas que, engañadas, se oponen a la reforma escolar que realizadas, daría a sus hijos útil y fecunda enseñanza, y los prepararía para entrar en combate de la vida armado con armas de bien y de verdad. ¿Cómo se explica que los mismos que aparentan temer más la perdida de la nacionalidad dominicana por la absorción yankee, combatan la reforma radical de la enseñanza pública y su civilización?”.
El 10 de julio, a casi un mes de presentado el proyecto de ley, Hostos escribió a la Sociedad Amigos del Estudio, observándole que se mantuvieran firmes en los objetivos del restablecimiento de los principios normalistas y diciéndole: “Tengo la necesidad de recordarles los principios fundamentales en que se basa nuestra doctrina y el deber de preservarlos contra asechanzas que pueden malograr la noble confianza que han tenido ustedes” ; recordándoles los nuevos principios del normalismo, que tenían relación con el desarrollo graduado de la población por medio de las colonias agrícolas y febriles, aumento y mejoramiento de la producción agrícola para el mercado, establecimiento de ferias urbanas, mercados fronterizos, certámenes regionales y exposiciones agrícolas.
La capilla de la Tercera Orden de los Dominicos fue la sede del Instituto Profesional en los últimos años del siglo XIX.
Entre los nuevos principios políticos que se debían de observar también destacaba la libertad individual, libertad y autonomía municipal, libertad y descentralización departamental, provincial y regional, la libertad nacional asegurada en el régimen civil así como la simplificación de la administración pública y establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales que consolidaran la independencia.
En cuanto a lo pedagógico, el educador insistía en la enseñanza organizada lejos de la influencia del Estado, escuelas laicas, aprendizaje compulsivo, y la obligatoriedad del Estado y de los Ayuntamientos con la enseñanza pública, destacando que en los asuntos religiosos y morales sus seguidores tenían que ser tolerantes.
En su afán por reformar la educación y a través de ella la sociedad, Hostos convocó en 1901 a sus discípulos para “secundar el victorioso esfuerzo de la nueva normal, contribuyendo con la enseñanza nocturna, las conferencias y el favorecimiento de actos de cultura, al arraigamiento de la doctrina del trabajo, educación, libertad, tolerancia y orden”, desechando la calumnia que, acechando en dondequiera al normalismo, lo denuncia, ahora como partido político, para así debilitarlo”.
Los discípulos defendieron al Maestro
Por las notas que hemos ido insertando se entenderá que la batalla fue terrible. Los sectores que antes los criticaron y negaron su condición de dominicano ahora rechazaban sus planes para encauzar la educación dominicana. Entonces se le acusó de introducir cambios inmorales en la sociedad dominicana.
Los ataques fueron implacables a partir del momento en que dos de sus discípulos introdujeran en el Congreso el proyecto de ley para reformular el sistema educativo. Nuevamente fue acusado de promover proyectos educativos materialistas y ateos, y llegaron a decir de él, como lo hizo el diputado-sacerdote Rafael Castellanos, que las ideas del Maestro tenían efectos que mortificaban a los pueblos, los llevaban al socialismo, al anarquismo y al nihilismo, y le prepara el ánimo a la población para “si llegara el momento de las grandes injusticias y de los atropellos de la fuerza, imitemos a nuestros vecinos recibiendo a los invasores al grito de “vivan los conquistadores”. Nada más injusto contra este luchador por la independencia y soberanía de los pueblos de la región caribeña.
El 15 de abril de 1901, Fernando Arturo de Meriño, principal autoridad de la Iglesia Católica, se dirigió por circular a toda la feligresía, denunciando ante ellos lo que él entendía era un atropello para el orden y las libertades del país, explicando lo que sigue:
“El empeño de la impiedad, favorecido por las circunstancias, es ahogar en el pueblo el sentimiento religioso so pretexto de libertad de conciencia y de otras libertades que no son sino funesto desenfreno para atropellar todo orden, todo respeto y hundir la sociedad en un abismo de males”.
“Vosotros sabéis que se quiere embaucar al pueblo cacareando instrucción pública; pero sin religión, sin la enseñanza tampoco de esa sublime moral que ha sido del Cristo acá la que realmente ha tenido una virtud verdaderamente educadora, dignificando los sentimientos del individuo, de la familia, de la sociedad y de los Estados; (…). “Que la Iglesia es enemiga de la instrucción! Sí lo es de esa que hincha y mata: jamás lo ha sido de la que eleva ennobleciendo al hombre. (…). Ya querría el charlatanismo de los seudocientíficos que levantan figura, especialmente aquí, tener siquiera los reflejos de la brillante aureola de sabiduría que esplende en muchos eclesiásticos y seglares que con ellos se han formados”.
Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez, Puerto Rico, en 1839. Falleció en Santo Domingo en 1903.
Y continúa diciendo el Arzobispo de Santo Domingo:
“A propósito, pues, venerables hermanos, protegemos las dos especiales publicaciones católicas que, con la ayuda de Dios, hemos logrado ver ya tomar sitio en el palenque de la prensa nacional, y El Porvenir de Puerto Plata, que siempre ha sostenido las sanas doctrinas, y El Republicano, que ha sentado en su programa laudables principios en pro de la enseñanza religiosa, hay para alentarnos. Así os recomendamos dichos periódicos que debéis favorecéis en cuanto os sea posible, especialmente los dos primeros que comienzan, por deciros así, a darse a conocer, y los cuales desearíamos que se propagasen penetrando en todos los hogares”.
Posteriormente, el 15 de junio, el Arzobispo Meriño volvió a insistir contra los planes de los normalistas. Esta vez a través de una carta pastoral “relativa a las doctrinas racionalistas”, criticó abiertamente la Escuela Normal motivando a que el sacerdote Adolfo Alejandro Nouel, el 25 de julio, escribiera una “composición literaria” que publicó en el Boletín Eclesiástico y en la que decía, en tono muy grave y amenazante, lo que sigue:
“La doctrina materialista atea, la divinización de la humana inteligencia, y las teorías del dios-conciencia y del dios-humanidad, de que se han jactado los impíos reformadores (…), tuvieron entre nosotros algunos aunque pocos y disfrazados sostenedores. (…) para hacer germinar en nuestro país la planta exótica; y so pretexto de novedad, se repitieron en las aulas las añejas impiedades (…) y bajo el nombre de “moral social” volvieron a publicarse una vez más por medio de la prensa las falsedades, las injurias, los insultos y los anatemas contra el Cristianismo, y muy en particularmente contra nuestra santa fe católica”.
El sacerdote se refirió también a los seguidores de Hostos llamándolos “extraños fabricadores de conciencias”. En la referida carta pastoral, Nouel le observaba a las autoridades del país, a “los que rigen hoy los destinos de la Republica”, refiriéndose al presidente Juan Isidro Jimenes, para que “le eviten a la Patria la última de sus desgracias, la cual sería, sin duda alguna, un conflicto político-religioso, tan sin provecho para nadie, de tan funestas consecuencias para todos, y mucho más en los momentos actuales en que todo buen dominicano debe poner sus actividades y energías de cualquier orden social que sean, al servicio de la paz y del bienestar de la Republica”.
El debate en torno al restablecimiento de la “escuela hostosiana” se prolongó durante largos meses. Las posiciones más persistentes enfrentaban en la prensa al sacerdote-diputado Rafael Castellanos, Francisco Javier Amiama, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, Salvador Cucurullo, Rosa Smester, y Alejandro A. Nouel contra los normalistas Rafael Justino Castillo, José Debeau, Pelegrín Castillo, Américo Lugo, Emilio Prud’Homme, Félix Evaristo Mejía, José Lamarche, y Federico Henríquez y Carvajal.
Los primeros se expresan a través del periódico El Porvenir de Puerto Plata, el Boletín Eclesiástico, el periódico La Lucha, El Republicano y el periódico El Dominicano, mientras que los hostosianos defendían al Maestro desde El Nuevo Régimen, El Normalismo, y El Mensajero.
Como parte de la polémica en el Congreso, el cura Castellanos publicó un opúsculo (1901), en el que recogió los argumentos con los que se opuso al proyecto de reforma educacional introducido por Hostos en el Congreso, el 10 de Junio de 1901, Alegando en su texto que Hostos no tenía “calidad ninguna para dirigirse en el ejercicio de sus funciones al Congreso” y que el Congreso no tenía que recibir lecciones de “tal maestro” porque los representantes del pueblo no se consideran sus discípulos. Le negó la condición de dominicano reivindicada por Hostos, argumentando que si el proyecto fue redactado por él, entonces “tendríamos que hasta los extranjeros (como en este caso) gozarían del derecho de iniciativa en la formación de las leyes”.
La maestra Ercilia Pepín se destacó como maestra hostosiana en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Castellanos decía oponerse al proyecto de ley por no “acomodarse a la situación económica del país” y le restaba calidad, por entender que en la “obra concienzuda” del Maestro no existe “altas miras”, ni “generosos propósitos”. “Lo que hallo es confusión por todas partes, contradicciones al granel y desconfianzas desmedidas que desacreditan y deshonran al país”.
En sus diatribas contra el citado texto de ley, lo identificaba con una iniciativa intervencionista a la que llamaba “la nueva improvement” o “Improvement nacional”, explicando además, que este había caído mal en la opinión pública y era desaprobado por el pueblo.
En cuanto a la educación de la mujer, el cura-diputado reclamó a los normalistas una rectificación de sus planteamientos, pues él decía no entender, que no era posible, “ni puede serlo en buena pedagogía, que no haya distinción alguna entre la educación del hombre y la de aquella. (…). La mujer necesita principalmente que la forme con todos los conocimientos necesarios para estar en buena sociedad y para funcionar como hija, esposa o madre en la casa; (…).
“No basta la Normal para la mujer—decía el sacerdote-diputado—; deben establecerse antes que ésta dos escuelas más necesarias aún, que deben aumentarse con empeño: Escuela de aprendizaje, o sea una escuela de servicio doméstico, arte culinario, lavado, planchado, cuidado de niños; escuelas cuyas ventajas no deben ocultarse a nadie; (…), mostrando competencia en el servicio doméstico, en el manejo de una casa de familia (…). Porque eso de pretender que toda las mujeres sean maestras o literatas, es olvidar que su principal esfera de acción es el hogar; y que antes de distinguirse como escritora o como institutriz, debe descollar como buena hija, como esposa completa y como madre competente en el dominio casero”. Sobre esto, creo que no hay necesidad de hacer ningún comentario.
Rafael Castellanos acusó el proyecto de Hostos de favorecer a los “más acomodados, dejando sin luz a los pobres, a los desheredados de la fortuna” y acusó a sus defensores de ser imitadores de los Estados Unidos y de promover “una civilización materialista” y una “instrucción atea”, en “la que la enseñanza sin Dios no hace otra cosa que causar males y perturbaciones siempre desastrosas”.
Criticaba que en el proyecto se le diera preferencia al “idioma inglés, a la Constitución Americana y a determinados oradores de la patria de Washington: “porque no parece—dice él—sino que se quieren despertar grandes y fuertes simpatías por el águila del Norte; lo cual es peligrosísimo en naciones de poca población. (…)”. Porque se desea “que los alumnos crezcan amando a los americanos, hablando con preferencia el inglés, admirando sus instituciones, aprendiendo obligatoriamente la Constitución Americana, con exclusión de la –Dominicana, y saboreando solamente (…) oradores políticos norteamericanos”.
Ante el empuje de los sectores conservadores que se oponían al renacimiento de la Escuela Normal, los seguidores de Hostos publicaron una carta con 177 firmas entre los que se destacaban Américo Lugo, Federico Henríquez y Carvajal, Emilio Prud’Homme, Pelegrin Castillo, Rafael Justino Castillo, Horacio V. Vicioso, Miguel Ángel Garrido y Enrique Deschamps.
Eugenio María de Hostos y sus discípulos de la Escuela Normal. Revista La Cuna de América, Núm. 3, 23 de marzo de 1924. Col. AGN
En aquella carta pública dirigida al Maestro, los firmantes les reconocían y agradecían, tal vez como desagravio, los servicios prestados al país, y les indicaban que su “obra de bien se defiende por si misma; tendrás defensores y colaboradores mientras haya en el país quienes sepan que los hombres no se incapacitan para todas las servidumbres, sino cuando se nutren de la verdad, en el seno inagotable de la ciencia”.
La polémica en torno a la referida Ley de Instrucción fue tan encendida, y así aparece registrado en un artículo titulado “Barbarie”, aparecido en el periódico El Nuevo Régimen del 30 de junio 1901, que se dio el caso de que en algunos pueblos del Cibao se realizaron manifestaciones públicas organizadas por la Iglesia, mientras que en la ciudad de Santo Domingo un grupo opuesto a la reforma educativa, encabezado por Francisco Javier Amiama, agredió físicamente a Rafael Justino Castillo, mientras que un militar que estaba presente utilizó su arma de reglamento con la que fracturó un brazo a uno de los discípulos de Hostos. Además, de que varios jóvenes hostosianos fueron encarcelados y sometidos a la justicia.
Las reformas del decreto-ley de 1902
Después del largo debate en el Congreso y la prensa, las reformas quedaron en suspenso, toda vez que las fuerzas que se oponían a proyecto de ley de “la nueva escuela”, lograron entorpecer su aprobación, a través de la amenaza en la que se indicaba un peligroso conflicto “político-religioso”; además de que en el partido de gobierno, que tenía a Juan Isidro Jimenes como presidente y al general Horacio Vásquez como su vicepresidente, se profundizaron las contradicciones entre los dos líderes. El enfrentamiento partidario fue llevado hasta el Congreso, desembocando la situación política en el derrocamiento del presidente Jimenes, en abril de 1902.
Establecido el nuevo gobierno ahora encabezado por el general Horacio Vásquez, la situación fue propicia para que los seguidores de Hostos impulsaran la reforma educativa, pues varios funcionarios, entre ellos Rafael Justino Castillo, Casimiro Castillo, José Francisco Guzmán, y José María Cabral “pertenecían a la generación del 99”, y “aspiraban a implantar los principios hostosianos”. José María Cabral Báez, el nuevo ministro de Justicia e Instrucción Pública que sustituyo al Maestro, “inspirado por Hostos, hizo promulgar una nueva Ley de Instrucción” que devolvió su nombre a la Escuela Normal.
El mecanismo jurídico que permitió que el presidente Horacio Vásquez dispusiera mediante decisión del Poder Ejecutivo producir los cambios en el sistema educativo dominicano, no está totalmente claro, pues a través del decreto 4275 del 12 de julio de 1902, el Gobierno Provisional estableció la Dirección de Enseñanza Normal, y puso en vigencia nuevamente la Ley General de Estudios de 1884. Por otro lado, el decreto del presidente Horacio Vásquez dejó muy claro que el proyecto de ley presentado por Hostos en 1901 no se había aprobado en el congreso; además de la “imposibilidad de llevar a cabo por el momento las numerosas reformas que entrañaba el referido Proyecto de Ley, en el caso de que hubiera sido aprobado por el Congreso.
Por esa razón, la disposición presidencial se convirtió en un decreto-ley, pues además de crear la Dirección General de Enseñanza Normal, también puso en vigencia, a través del artículo 8 la referida ley educativa de 1884, con algunas modificaciones:
Se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, para ejercer la vigilancia de la enseñanza normalista y dictar las disposiciones concernientes al progreso pedagógico. Se suprimieron los colegios centrales de Santo domingo y Santiago, siendo el primero reemplazado por una Escuela de Maestros de Enseñanza elemental y secundaria, y una Escuela de Bachilleres.
La ley General de Enseñanza Publica estableció que todas las Escuelas Superiores de La Vega, Puerto Plata, Azua y San Pedro de Macorís, quedaban convertidas en Escuelas Normales de Enseñanza Elemental, y fue declarada la “enseñanza libre” en todo el territorio de la Republica Dominicana, dejándole a los particulares que así lo desearen y fueran aptos, la libertad de fundar establecimientos docentes con el fin de practicarla, por lo que a partir de ese momento el país contaría de manera formal con escuelas públicas y particulares; pero aclarando que en todos los planteles públicos el “método de enseñanza seria uniforme (…), en cuanto a textos, distribución de materias en los cursos, disciplina y reglamentación.
Estos establecimientos comprendidos en la ley serian: las Escuelas Primarias, de que la que formarían parte las de párvulos y las nocturnas de artesanos, así como las Escuelas Superiores, Preparatorias, de Artes y Oficios, las Escuelas Normales, de Bachilleres, el Seminario Conciliar, y el Instituto Profesional.
En estas escuelas, se prohibió de manera determinante el castigo corporal y se establecieron normas para las sanciones a los estudiantes, en las que se dejaba establecido que “solo podrán imponerse en los establecimientos públicos de enseñanza los castigos siguientes: Represión: permanecer de pie en la clase. Privación de recreo. Recargo en las lecciones, copiar las lecciones no aprendidas, retención en el local de las clases, el despido de la clase de alumnos durante una lección y la expulsión definitiva cuando fuera necesaria, previo estudios de los casos.
Al parecer, como una forma de complacer al sector educativo controlado por la Iglesia, se dejó constituida una Dirección general de enseñanza para las escuelas públicas, formada con una Junta Superior Directiva de Estudios, integrada por el Ministro de Instrucción Pública, el prelado Arquidiócesesano, y tres miembros en representación del Poder Ejecutivo.
La nueva ley incluye aspectos relacionados con las escuelas primearías elementales, las escuelas superiores, las escuelas normales, la de bachilleres, el Seminario Conciliar y el Instituto Profesional. De todas ellas, con excepción del Seminario, fueron excluidas las asignaturas relacionadas con la religión y la moral cristiana y se reestablecieron las relativas a la moral social, economía política, historia y geografía.
El proceso de reforma educativa impulsada por Eugenio María de Hostos no puede ser estudiado al margen de los cambios en la instrucción pública de manera desarticulada.
Se hace necesario retomar el estudio de la legislación de 1880, 1884, y 1885, además de las profundas modificaciones de 1895 y las realizadas en 1899; revisar y hacer estudios comparativos de las modificaciones realizadas por los gobiernos en 1902, y las que fueron introducidos posterior al fallecimiento de Hostos en 1903, en especial las implantadas en 1914, por Arístides Fiallo Cabral con el establecimiento del Código Orgánico y Reglamentario de Educación Común, que permaneció vigente hasta 1917.
(Bibliografía consultada: (1) Discurso de E.M. de Hostos, el 28 de septiembre de 1884. En Hostos en Santo Domingo, de E. Rodríguez Demorizi. Santo Domingo, Imprenta Vida García, 1939, pp. 145-146; (2) Luis F. Mejida, De Lilis a Trujillo, Santo Domingo, (Caracas 1944). Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2003, p. 299; (3) Rafael C. Castellanos. Informe acerca de la reforma educacional iniciada por Don Eugenio María de Hostos presentada al congreso nacional el 10 de junio de 1901. Santo Domingo, Imprenta de García Hermanos, 1901. Pp. 6 y 8; (4) Una comunicación de Fernando A de Merino al Clero y Arzobispado. Boletín Eclesiástico, año 2, no. 29, 1 de octubre 1885; (5) Fernando Arturo de Merino. Circular del 15 de abril de 1901. Boletín Eclesiástico No. 765, 20 de abril 1901; (6) Alejandro A. Nouel, Obras de Monseñor Nouel. Santo Domingo, s.p.i; (7) El Nuevo Régimen, 16 de junio 1901; (8) Decreto 4275 del Gobierno Provisional estableció la Dirección de Enseñanza Normal y Ley General de Estudios Gaceta Oficial, No. 1456, del 12 de julio 1902).
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