El que a hierro mata a hierro muere: el palero Balá es liberado de la cárcel de manera irregular (2 de 3)
14 de marzo de 2016 - 7:00 am - 3
Los presos implicados en el intento de golpe de Estado y en los crímenes durante la dictadura de Trujillo, liberados de la Cárcel de la Victoria, fueron 37, entre ellos Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta (Manota), Néstor Antonio Pérez Terrero y Ciriaco de la Rosa Luciano
Finalizada la guerra de Abril de 1965 e instaurado el gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, el 3 de septiembre de ese año, el país pasó por período de transición marcado por la desobediencia de altos oficiales contrarios a los militares constitucionalistas, que se negaban acatar las órdenes del gobierno y de salir del país como se había pactado en el acta institucional que puso fin a la conflagración militar, lo que también incluyó sectores civiles que se oponían al gobierno provisional.
El 11 de noviembre de 1965, las autoridades descubrieron un conato de golpe de Estado encabezado por el doctor Tobías Alcibíades Espinoza Acosta y otros 36 implicados y que tenían a Santiago de los Caballeros como centro de la conspiración. Era más que evidentemente que contaban con el apoyo de sectores militares que veían con desagrados las medidas que Godoy estaba tomando para pacificar el país.
En medio de la crisis provocada por los militares insubordinados y la confusión que provocaba el enfrentamiento de intereses político-militares, así como las movilizaciones populares en las ciudades, los militares liderados por Rivera Caminero y otros oficiales del CEFA y de las Fuerzas Armadas decidieron la liberación de los inculpados en el “complot” y de paso dejaron también en libertad a los asesinos de las hermanas Mirabal, que cumplían largas condenas por ese horrendo crimen. Entre los 43 liberados se encontraba José Antonio Jiménez (Balá) quien guardaba prisión en la cárcel de La Victoria desde 1963.
El pueblo se enteró de la liberación de los criminales cuando el Presidente Provisional ordenó, el 19 de enero de 1966, recapturar a los asesinos. La reacción del gobierno, que conociendo de la fuga había guardado silencio, fue debido a una carta de los familiares de las hermanas Mirabal donde se denunciaba el horrible acontecimiento. La fuga con apoyo policial y de los militares desafectos a Godoy, recayó en el entonces jefe de la Policía general Hernan Despradel Brache, quien puso su cargo a disposición del presidente de la República y se excusó diciendo a la prensa que él los había liberados porque “una voz parecida a la del presidente García Godoy le dio la orden por teléfono” y que “fue sorprendido en su buena fe”.
En su declaración a la prensa, el jefe de la Policía se refirió a la llamada en la que el supuesto presidente le ordenó poner en libertad los prisioneros, diciendo que esa persona le pidió que “considerara que, para bien de la tranquilidad convenía poner en libertad los presos políticos (…). Yo, creyendo que realmente se trataba del Señor Presidente de la Republica, con la buena intención de acatar sus órdenes, le ordené al comandante de la Policía Nacional en La Victoria, ponerlos en libertad”. También se responsabilizó de la libertad de los presos que no formaban parte del grupo del doctor Alcibíades Espinoza, y que fueron liberados: “aquellos que directamente o indirectamente, consideramos que guardaban prisión por causas políticas”.
La afirmación del jefe de Policía de que recibió la orden para liberar los que cumplían prisión por horrendos crímenes, fue de inmediato negada por el presidente Godoy. El gobernante se excusó diciendo que aun antes de conocer la carta enviada por Mercedes Reyes viuda Mirabal y Dedé Mirabal, madre y hermana respectivamente de las hermanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo, “ya él había dado la orden de captura de los liberados, y agregó que el confiaba en que la recaptura llevaría la tranquilidad a la familia Mirabal y a la sociedad dominicana”.
Los presos implicados en el intento de golpe de Estado y en los crímenes durante la dictadura de Trujillo, liberados de la Cárcel de la Victoria, fueron 37, entre ellos Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta (Manota), Néstor Antonio Pérez Terrero y Ciriaco de la Rosa Luciano. Condenados a 20 y 30 años de trabajo público. También José Antonio Jiménez (Balá), el jefe de los paleros.
Algunos medios de prensa, entre ellos la revista “Ahora!”, dieron seguimiento al caso y solicitaron el esclarecimiento del asombroso hecho. En un escrito titulado “Que se investigue esto”, la revista dice que si “no fuera por la gravedad que entraña, la reciente liberación de algunos presos políticos y delincuentes comunes encarcelados en la penitenciaría de La Victoria, por su forma, parecería un chiste. Que el jefe de la Policía Nacional, creyendo que recibía una orden por teléfono del presidente provisional, ordenara la puesta en libertad del doctor Alcibíades Espinosa y de su frustrados “golpistas” de Santiago, de los asesinos convictos de las Hermanas Mirabal y del líder “palero” José A. Jiménez (Balá), entre otros es digno de una comedia teatral. Aunque aquí todavía estamos muy acostumbrados a funcionar a base de llamadas telefónicas, en este caso hubo descuido o falta de inteligencia de parte del general Hernan Despradel Brache”. (…). ¿O, acaso “Balá”, perturbador social por excelencia, serviría también como “pacificador”? Es más posible que estos elementos, dado su pasado, se afilien ahora a las bandas de terroristas que acosan a la ciudadanía. (…). Sin duda alguna, dada la calaña de los libertados, la orden debió provenir de los grupos reaccionarios y terroristas empeñados en dificultar la gestión del gobierno provisional. Estos los aprovecharán ahora en sus actividades conspirativas y delictivas; esto es, en la comisión de sabotajes, secuestros y asesinatos”.
Por otro lado, se rumoró que los liberados, en especial los asesinos de las hermanas Mirabal, cruzaron la frontera hacia Haití, mientras las autoridades insistían en que no había ningún problema para recapturar a los complotados. Supuestamente perseguidos, nunca se volvió hablar del tema y los “fugados” se fueron integrando a la vida normal; pero un nuevo hecho provocó que todo el ruido provocado quedara en el olvido: el doctor Joaquín Balaguer, quien fungió de presidente de la República el día que las hermanas Mirabal fueron asesinadas y también durante los meses en que Balá cometió sus fechorías, fue electo en las elecciones del 1 de junio de 1966, juramentándose el 1 de julio del mismo año.
En ese nuevo ambiente político en que el autoritarismo y la represión fueron plataformas para la gobernabilidad, José Antonio Jiménez, que luego de su “fuga” se había refugiado el sector de Alma Rosa en la zona oriental, regresó a su condición de ebanista y fue a residir a la calle Seibo del sector de Villa Juana, tratando de recuperar algunos de los bienes adquiridos en los tiempos en que fue calié de Trujillo y palero del gobierno de Balaguer. Dos años después recibió cuatro disparos de pistola 45, muriendo la noche del 7 de diciembre de 1968.
(Para este artículo de la serie Cronología de los Doce Años, fueron utilizadas las siguientes fuentes: “Dice recibió por teléfono orden de libertar presos”, El Caribe, 10 enero de 1966; “Revelan los nombres presos excarcelados”, Listín Diario, 11 enero 1966; “Qué se investigue…!”, Revista Ahora!, No. 117, 24 enero de 1966; “Afirman no hay problemas para recaptura complotados”, Listín Diario, 15 enero de 1966“Ordenan recaptura autores muerte Hermanas Mirabal”, Listín Diario, 20 enero de 1966).
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