El balance del año 2015 de Participación Ciudadana
19 de diciembre de 2015 - 12:04 am - 0
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Participación Ciudadana celebra que este año ha crecido la lucha de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad y reclama un mayor protagonismo de todas las instituciones sociales para contener el deterioro institucional y la corrupción que corroe el alma misma de la nación
Como cada año, Acento acoge en su sección editorial, el balance general del año, producido por Participación Ciudadana, porque lo consideramos un documento equilibrado y crítico, que responde al interés del buen gobierno para la sociedad dominicana, sin concesiones para ningún sector. Esta es la primera y segunda parte del documento, tal cual ha sido entregado a los diversos medios de comunicación:
1.- Resumen general
El año que termina registró un inmenso deterioro en la democracia interna de los partidos políticos que, en su mayoría, han escogido candidatos para las elecciones generales del 2016 sin observar los preceptos consagrados en la Constitución, la Ley Electoral y sus propios estatutos, y el interés reeleccionista doblegó el Poder Legislativo, mientras el Judicial entraba en una crisis tan profunda que se ha llegado a definir como un colapso.
Faltando a sus compromisos de campaña electoral y a numerosas declaraciones desde el gobierno, sobre los males que conlleva la reelección presidencial en un país de instituciones tan débiles, el presidente Danilo Medina desató una crisis en su propio partido y usó el poder del Estado para doblegar a bloques enteros de legisladores, incluyendo hasta a algunos que poco antes adjuraban del continuismo, para realizar la trigésimo novena reforma de la Constitución a fin de posibilitar su repostulación, dejando una estela de conjeturas sobre compra de conciencias y estimulando la descomposición del sistema partidista.
La corrupción y la descomposición se expandió por todo el cuerpo social de la nación, con múltiples escándalos de corrupción, como el destape de una red de extorsión en la asignación y cubicación de obras en la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), detonada por el suicidio de una de sus víctimas, y la denuncia de una banda integrada por jueces, exjueces y empleados que según el Procurador General de la República traficaba sentencias en materias tan graves como narcotráfico, estafas y asesinatos, salpicando a los más altos funcionarios judiciales. El propio Ministerio Público fue blanco de denuncias sobre extorsiones.
Como agravante de la corrupción queda la impunidad prevaleciente ante múltiples denuncias de corrupción, siendo el caso más relevante el del senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de graves irregularidades que incluyen lavado de activos en manejo de más de 26 mil millones de pesos a quien una justicia demostradamente partidarizada se negó a someter a juicio a pesar de un escandaloso expediente elaborado por la Procuraduría General, cuyo titular se negó luego a llevarlo hasta las últimas consecuencias en lo que pareció un pago político por contribuciones al acuerdo entre partidarios que abrió paso a la reforma constitucional, apenas cinco años después de haber sido prohibida por los mismos actores políticos.
Con un congreso dominado por un solo partido negado a adecuar la Ley Electoral al nuevo régimen constitucional y a aprobar una ley de partidos que se discute hace 17 años, con un incremento de la inseguridad ciudadana e incumplimiento de numerosas leyes de reciente aprobación, incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, sin lograrse la aprobación de los pactos Fiscal y de Electricidad que dispuso, la institucionalidad nacional pareció en proceso de debilitamiento.
Lo más positivo del año ha sido el comportamiento macroeconómico, con un crecimiento muy por encima del promedio regional, con bajas tasas de inflación y devaluación, así como relativa reducción del déficit en el intercambio comercial, pero a costa de nuevos déficits fiscales acumulados y un endeudamiento que para el próximo año el presupuesto proyecta sobre cinco mil millones de dólares, ratificando el camino a la insostenibilidad económica de la nación.
Se reconocen los esfuerzos del gobierno por cumplir la Ley de Educación con la inversión en ese sector del 4 por ciento del producto interno bruto, aunque muy concentrado en edificaciones. También los avances para establecer la cuenta única del tesoro nacional, los esfuerzos de la dirección de compras y contrataciones por mejorar la transparencia y limpieza en los contratos públicos, las auditorías de la Cámara de Cuentas y un interés por mejorar los servicios de salud de la seguridad social.
Participación Ciudadana celebra que este año ha crecido la lucha de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad y reclama un mayor protagonismo de todas las instituciones sociales para contener el deterioro institucional y la corrupción que corroe el alma misma de la nación, a fin de crear nuevas expectativas sobre el devenir colectivo.
2.- Grave retroceso político e institucional
2.1.- Naufragio del sistema partidista
A lo largo del año hemos asistido a lo que podría definirse como el naufragio del sistema partidista dominicano, con un retroceso alarmante en la democracia interna de las agrupaciones políticas, en violación de principios constitucionales, legales y estatutarios que garantizan el derecho a elegir y ser elegido. Para Participación Ciudadana ha sido particularmente penoso el retroceso, porque durante los primeros procesos electorales de este siglo fuimos invitados a observar las elecciones primarias de candidatos por los tres partidos que dominaron el escenario post Trujillo y hubimos de certificar importantes avances democráticos. Esta vez sólo el Partido Revolucionario Moderno convocó a todos sus miembros a elegir candidato presidencial tras una intensa competencia interna, sin que lo haya hecho aún para las candidaturas legislativas y municipales.
El retroceso más relevante se registró en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana donde sus órganos directivos se auto prolongaron su mandato y decidieron la repostulación total del presidente de la República, de los senadores, del 92 por ciento de los diputados y de la mayoría de los alcaldes. Cientos de aspirantes a esos cargos, muchos de ellos con años de inversión de recursos en su promoción, quedaron lesionados en sus derechos, sin que se sepa cómo serán compensados. Para mayor infortunio la votación de las bases para elegir los candidatos a la mitad de las alcaldías y distritos municipales y a las regidurías y de 15 diputados, degeneró en confrontaciones, violencia, tramperías y robo de urnas, con balance de dos muertos y una docena de heridos.
Este año se asistió a la subordinación del Partido Revolucionario Dominicano, el de mayor vigencia en la historia nacional, con tres cuartos de siglo de existencia, y que habiendo obtenido el 47 por ciento de los votos en la última elección presidencial pasó a respaldar la repostulación del presidente Danilo Medina, renunciando a un principio que sustentó desde su fundación. Para ello su candidato presidencial renunció a una postulación que había obtenido con claras deficiencias democráticas y firmó un pacto con el partido gobernante, dejando denuncias de tráfico de prebendas y compras de conciencias con los recursos públicos. Todo ello fue consecuencia de la profunda división sufrida por el PRD el año pasado tras haber sufrido un deterioro de los mecanismos democráticos.
El regateo público de cargos con que los partidos dominantes han encaminado el proceso de alianzas para los comicios del 2016 ha demostrado graves dolencias en un sistema político donde lo que importa es obtener posiciones para el ascenso individual, dejando escaso espacio para los debates ideológicos y programáticos. Ha sido particularmente relevante el caso del Partido Reformista Social Cristiano que primero apoyó la reforma constitucional para posibilitar la repostulación del presidente Medina, y pasaron meses discutiendo en público una posible alianza, para terminar haciéndola, pero con el Partido Revolucionario Moderno.
2.2.- Acusado deterioro institucional
Con la crisis de los partidos políticos, la subordinación del Congreso al interés continuista del presidente con otra reforma constitucional oportunista, y el escándalo que sacude a la justicia no hay dudas de que el país sufrió este año un acusado deterioro institucional, con grave deterioro de la seguridad ciudadana, y debilitamiento de los órganos estatales encargados de contener los excesos, abusos y violaciones de las leyes. La Policía Nacional prosiguió, aunque con relativa reducción, su política de exterminio de delincuentes, con ejecuciones sumarias, mientras parte de sus miembros, como de las Fuerzas Armadas, seguían apareciendo vinculados al narcotráfico y otras manifestaciones delincuenciales, incluyendo bandas de sicarios.
Los legisladores concentraron su interés en buscarse repostulaciones, abusado de recursos públicos, como los fondos para “asistencia social”, denominados barrilitos y cofrecitos, sin cumplir su responsabilidad de fiscalizar las actuaciones de los otros órganos del Estado. El Congreso ha dejado pasar otro año sin aprobar la Ley Orgánica del Régimen Electoral dispuesta por la Constitución del 2010 y la Ley de Partidos que se viene consensuando desde 1998, pese a los reclamos de la Junta Central Electoral, de partidos minoritarios y de gran parte de la sociedad civil y la opinión pública.
En los municipios se registra también retroceso en la correcta aplicación del presupuesto participativo y en las proporciones de sus recursos que deben destinar a inversión, como consecuencia de la proliferación de nominillas de activistas para las repostulaciones y búsqueda de otros cargos legislativos. El gobierno mantuvo congelada la asignación presupuestal a los municipios, que no alcanza a la mitad del 10 por ciento de los ingresos fiscales, establecido por ley.
2.3.- Múltiples leyes incumplidas
El deterioro institucional se manifestó también en la multiplicidad de leyes que siguieron sin ser acatadas total o parcialmente, resaltando la de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El año concluye sin que se haya aprobado el Pacto Eléctrico, lo que, según la normativa, debió ocurrir en el 2013, y ni siquiera está en discusión el Pacto Fiscal, que estaba pautado para el 2015. Tampoco se cumplió este año el mandato de la Estrategia de elevar en el 2015 el gasto en salud al 2.8 por ciento del producto interno bruto. A la pobre inversión en salubridad, menor al 2 por ciento, se atribuye el incremento de muertes y afectados por epidemias prevenibles como el dengue, que este año ha causado más de un centenar de víctimas, y la prevalencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad materno-infantil, de las mayores de la región.
Hay que dar crédito al gobierno porque por tercer año consecutivo ha cumplido la Ley General de Educación en cuanto dispone la inversión en este sector del 4 por ciento del producto interno bruto, igual se reconocen algunos esfuerzos por mejorar la aplicación de la Ley General de Seguridad Social.
Pero este año, siguió congelada la aplicación de leyes como la de Administración Pública, la de Capitalización del Banco Central y la Ley de Salarios del Sector Público, cuyo reglamento, según su mandato, debió promulgarse 6 meses después de su entrada en vigencia en agosto del 2013, lo que aún no ocurre.
Es relevante que pese a numerosos reclamos de la Cámara de Cuentas, todavía a mediados de noviembre más de dos mil funcionarios no se habían acogido a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Y por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Medina viola su propio decreto No. 486-12 del 21 de agosto de 2012, que obliga a todos los funcionarios públicos que deben presentar declaración jurada de bienes, a entregar “un informe financiero anual”, a fin de evaluar la consistencia con su declaración. Estos informes nunca se han presentado.
Ante este panorama la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), a pesar de que cambió de titular, sigue sin justificar su existencia y sobre todo sin cumplir la mayoría de las 42 funciones que le asignó el Decreto 486-12.
A lo largo del año la imagen del país siguió afectada por las consecuencias de apatridia derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país. La Ley 169-14, concebida para reducir el daño devolviendo la nacionalidad a los que la habían obtenido antes de la Constitución del 2010, siguió su lento cumplimiento. En junio la JCE publicó una lista de 55 mil personas a las que se les devolvían sus actas de nacimiento y por tanto el acceso a los derechos ciudadanos, pero el proceso de entrega ha seguido bajo denuncias de arbitrariedades y las propias autoridades reconocen que apenas entre 10 y 15 por ciento han logrado su documentación.
Con múltiples avatares el gobierno concluyó en junio el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que había iniciado el año pasado. Tras mantener una lista de requisitos tan exagerada que apenas lo pudo completar el 2 por ciento de los solicitantes del estatus de inmigrante, al final se les expidió un carnet temporal a todos los registrados, lo que podría concluir en la regularización de unos 300 mil. Se reconoce que el gobierno ha realizado esfuerzos por evitar las deportaciones masivas y arbitrarias, especialmente de los nacidos en el país, pero la apatridia que sufren miles de estos sigue siendo un elemento de denuncias nacionales e internacionales pendiente de solución.
