Canciller Vargas es acusado de obtener US$ millones con venta irregular de terrenos, sus relacionados lo defienden (I)

El monto que supuestamente se pagó por las transacciones asciende a los RD$ 17, 800, 000.00, en efectivo, pero la familia Henríquez alega que no hay una constancia de que esos desembolsos a favor de su pariente se hayan realizado
Por Samuel Tapia /acento.com.do.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ingenio de Miguel Vargas Maldonado como empresario es ampliamente conocido para los dominicanos, acumulando, según su declaración jurada de bienes, una patrimonio superior a los RD$ 694 millones, que incluye inversiones en el país y el extranjero, vehículos y bienes suntuarios.
Sin embargo, algunos de los trámites empresariales que ha realizado el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no han estado exentos de controversia.
Tal es el caso del préstamo por US$ 15 millones efectuado por el estatal Banco del Reservas (BanReservas) en plena campaña electoral del 2012, cinco meses antes de las elecciones, otorgado a contrapelo de la evaluación negativa de los técnicos de la Gerencia de Análisis de Crédito y el Comité de Evaluación de Crédito de la entidad bancaria por tratarse de una deuda de alto riesgo.
También la compra al Estado dominicano del hotel Hispaniola, por 16.5 millones de dólares y que luego lo vendió a un grupo español por 23 millones de dólares, además de terrenos en Samaná por RD$ 1.9 millones, vendidos posteriormente por US$ 12 millones; operaciones que dejaron boquiabierto a más de uno dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en la campaña del 2008, acusó al actual canciller de haber defraudado al Estado desde su posición como secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Hipólito Mejía.
Ahora el empresario y político ha vuelto a ser señalado, esta vez en un caso de compra y venta de los  terrenos donde fue edificada la Torre Caney – el edificio residencial de lujo, ubicado en Bella Vista, que cuenta con 39 pisos, 31 apartamentos y un helipuerto –, efectuada, supuestamente, de manera irregular.
Según el abogado Ramón Hernández Reyes, unos 58 mil metros cuadrados – parcela 122-A-1-A-FF-3 – entre la avenida Anacaona y la calle Helios, hasta la calle Las Ninfas, fueron heredados por su cliente, la señora Lea Rafaela Pérez Henríquez, tras la muerte de su hermano Rafael Pérez Henríquez en 2003.
Sin embargo, explica que al hacer la determinación de herederos a favor de su cliente, la tituladora pide una carta constancia por apenas 17 mil metros cuadrados, 38, 464.72 metros cuadrados menos de lo que pertenecía a su hermano, esto debido a transacciones comerciales hechas por el propietario.
“ Cuando vamos al Tribunal de Tierra indagamos qué ha sucedido, nos encontramos con una serie de transferencias inmobiliarias que se han operado, donde supuestamente el doctor Rafael Pérez Henríquez vende a Huáscar B. Mejía González mediante actos de venta, porciones de terreno”, señala Hernández Reyes, quien agrega que el 50 % de esos terrenos han terminado – o estuvieron en un momento – en manos de empresas vinculadas al ingeniero Miguel Vargas Maldonado.
El monto que supuestamente se pagó por las transacciones asciende a los RD$ 17, 800, 000.00, en efectivo, pero la familia Henríquez alega que no hay una constancia de que esos desembolsos a favor de su pariente se hayan realizado y asegura que Huáscar B. Mejía González – quien en palabras de Hernández Reyes, solía ayudar a Rafael Pérez Henríquez con algunas labores –, no contaba con la solvencia económica para adquirir los terrenos.
Estas ventas, según el jurista y la familia, fueron efectuadas falsificando la firma de Rafael Pérez Henríquez, por lo que señala que se ha solicitado una experticia caligráfica en el extranjero, la cual se encuentra a la espera de ser aprobada por los tribunales dominicanos.
Dentro del ámbito de la parcela número 122-A-1-A-FF-3, Huáscar Bernardo Mejía González fue el adquiriente de parte de los 38 mil metros que actualmente se encuentran el Litis. Pero también lo fueron Daysi Altagracia Amor Balcacer (quien aparece en muchas de las compras que hizo Mejía González) y la empresa Transporte D&D.
Informaciones suministradas a Acento detallan que el costo promedio en 2016 del metro cuadrado en la zona de Bella Vista era de RD$ 40 mil (US$ 883).
Los “vínculos”
José De Pool Dominici es socio mayoritario de la empresa Titulatec, vinculada a la compra de los terrenos del sector Los Tres Brazos, la cual fue suspendida por el presidente Danilo Medina, así como de todo proceso de desalojo, debido a que se trató de una transacción irregular y “cuestionable”, según lo confirmó la Comisión encargada de investigar la venta.
El empresario ha sido prestamista del canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Vargas Maldonado, incluso para la adquisición de una parte de los terrenos en Bella Vista. También se desempeñó como director general administrativo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el 2003, cuando Vargas Maldonado era el dirigente de esa cartera. Actualmente ocupa un puesto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores como director administrativo, con un salario de RD$ 175 mil (escuchar audio).
En mayo del 2001, la compañía de Transporte D & D CxA, que preside José De Pool Dominici, compra 2,454.60 metros cuadrados dentro de la parcela número 122-A-1-A-FF-3, a Rafael Pérez Henríquez, por RD$ 2, 200, 000.00.
Ramón Hernández: “De Pool Dominici llegó a afirmar verbalmente que Huáscar Mejía es su socio. La conexión de Huáscar con ese grupo era José de Pool Dominici. Él (Huáscar Mejía) no fue más que un instrumento. El cerebro de toda esta operación es De Pool Dominici”
Tan solo 20 días después de la compra, esta empresa revende esos terrenos a Inversiones Alberique, S.A. por el mismo precio, la cual fue respaldada económicamente por la compañía Dominicana de Financiamientos, también propiedad de José De Pool Dominici. Esta empresa otorgó a Inversiones Alberique RD$ 1, 300, 000.00 del precio convenido.
También están las transacciones que involucran a las empresas Gallery Construction, Intelar y Worldnet Comunications, las cuales, según datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), fueron registradas por Julio Cesar Martínez Lantigua, hijo de Julio César Martínez Rivera, exconsultor jurídico de la entonces Secretaría de Obras Públicas.
Este último, además de laborar en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor con salario de RD$ 150 mil, actuó junto a Arodis Carrasco Rivas de Abreu, en representación de Huáscar González Mejía, Trivento Investment, S. A., Inversiones Inmobiliaria Harna, S.A, Inversiones Alberique, Gallery Construccion, S.A. y Transporte D & D, C. por A., en las acciones legales relacionadas a este caso.
El estudio profesional de Martínez Rivera se encuentra ubicado en la calle Los Cerezos número 7, Los Prados, la misma dirección con las que se registraron las empresas Gallery Construction, Intelar y Worldnet Comunications.
Fuente externa: José De Pool Dominici envió una comunicación a Lea Pérez Henríquez, en la que le ofrecían la suma de 200 mil dólares en un plazo de 10 días a partir de la firma de un documento de disentimiento de querellas y otros 360 mil dólares en un plazo de 90 días
En la declaración jurada que hizo el presidente del PRD, este presentó una cuenta por cobrar de RD$ 184 423 287 a Intelar, SRL, por concepto de inversión, desde el 12 de abril del 2010 hasta el 16 de agosto del 2016. Según los documentos entregados por los abogados de la familia Pérez Henríquez, Worldnet Comunication Dominicana transfirió el apartamento identificado con el número de parcela 400400106114:32 a la sociedad de comercio INTELAR, la cual señala, está representada por la esposa de Miguel Vargas, María de los Ángeles García Frangie.
Estas operaciones, según los abogados de la familia Pérez Henríquez, tienen el propósito de que las compañías propiedad del canciller Miguel Vargas Maldonado nunca figuren como compradoras directas, resultando beneficiario por intermedio de sus compañías.
“Demandamos ante el Tribunal de Tierra en el año 2008 la nulidad de todos estos actos de venta y solicitamos que se haga una experticia caligráfica y está pendiente de que luego lo autorice”, explica Hernández Reyes.
Ese año, la jueza de la quinta sala del Tribunal de Tierras, Luznelda Solís Taveras, falló a favor de la familia Pérez Henríquez y su solicitud de la nulidad de todos estos actos de venta.
Esto, según el abogado de Lea Pérez Henríquez, inició el proceso por parte del Estado, el cual a través de Bienes Nacionales, durante la gestión de Elías Wessin Chávez, demanda la nulidad de Carta Constancia que ampara la porción 17, 522.53 metros cuadrados que posee Pérez Henríquez, bajo el alegato de que se trata de una carta de constancia de propiedad pública que corresponde a 18 mil metros cuadrados de aceras y calles.
Esta solicitud también fue rechazada por Víctor Santana Polanco (escuchar audio), exjuez de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, debido a que esta cantidad de terreno, ya había sido descontada a Rafael Pérez Henríquez. Pero, según el jurista, este fallo no detuvo el proceso en su contra.
“Elementos peligrosos”
Otra de las ventas que la familia Pérez Henríquez señala como irregular – y que ha causado enormes dolores de cabeza – es la comercialización en 2003 de 2,846.03 metros cuadrados, vendidos por Huáscar B. Mejía González a la Factoría de Arroz Comendador C. por A, una de las empresas del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, por RD$ 2, 561, 427.
En esta transacción, pese a que el vendedor es Mejía González – cuyo nombre figura en el contrato de compra y venta – el notario Emilio Gómez Buret hace constar las firmas de Paulino Castillo y de Hilda V. García Frangie, quien además de ser secretaria y representante de Inversiones Alberique, S.A., es la cuñada de Miguel Vargas Maldonado.
“Fruto de esa venta que se hace, el Estado llama a doña Lea – en el 2013 –, porque la Dirección de Drogas se adjudicó esos derechos que tenía Quirino Ernesto Paulino Castillo sobre esa porción de terreno”, explica el abogado Ramón Hernández Reyes, quien detalla, no obstante, que la porción de tierra que reclama la DNCD no es la que fue vendida por Mejía González, sino que le pertenece a su cliente.
Por esta causa fueron llamados a la Dirección para una entrevista con el entonces director del organismo, mayor general Rolando Rosado Mateo, a la cual acudieron los representantes legales de Lea Pérez Henríquez, donde, según el jurista, sufrieron amenazas de muerte, en especial a su socio, el abogado Jottin Cury hijo (escuchar audio). Al siguiente día de esa visita, la casa de su cliente fue allanada.
También recibió amenazas una hija de Pérez Henríquez, Virginia Martínez Pérez de Prota, por la vía telefónica, realizadas por una persona que se identificó como miembro de la DNCD, lo cual consta en una carta enviada a Rosado Mateo, con copia al procurador general de la República, con lo que las acciones amenazantes se detuvieron, mas no las acciones legales.
El 17 de julio del 2013, la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, rechazó la solicitud de aprobación de trabajos de deslinde practicados dentro del ámbito de la parcela 122-A-1-A-FF depositada por los abogados de Lea Pérez Henríquez, la cual fue apelada en enero del 2014.
Posteriormente, en agosto del 2015, este tribunal rechazó la apelación y confirmó la decisión número 20133021 del 17 de julio, que fue nuevamente apelada en el 2016 por los representantes de la familia Henríquez.
Este proceso no ha progresado, manteniéndose en el Tribunal de Tierras en primer grado hasta la fecha.